El presidente Alejandro Toledo rechazó esta tarde la posibilidad de que condenados por terrorismo o narcotráfico sean liberados en Perú, aunque aclaró que su gobierno no intervendrá en el trabajo del poder judicial.
Las declaraciones del mandatario tuvieron lugar en momentos en que el Estado enfrenta una demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte de San José por supuesta violación de los derechos de la estadounidense Lori Berenson, sentenciada por colaboración con el terrorismo.
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Además, el presidente de la Sala Antiterrorista, Pablo Talavera, manifestó recientemente que la falta de una reforma jurídica permitiría que más de 2.000 terroristas juzgados puedan salir en libertad por la escasez de medios probatorios.
Toledo dijo a periodistas que no cederá ni un milímetro en la lucha que enfrenta contra la subversión y el narcotráfico.
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El congresista Alcides Chamorro, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, advirtió este martes que si Perú acepta a pie juntillas un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un peligro inminente de que queden en libertad algunos cabecillas rebeldes.
La Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, es el máximo tribunal con jurisdicción sobre los países adheridos al Pacto de San José, como lo es Perú.
Acatar el cien por ciento de las recomendaciones de la Corte efectivamente podría significar la excarcelación de algunos líderes terroristas, advirtió Chamorro a la emisora CPN.
La Comisión Interamericana, que tiene su sede en Washington, exige al gobierno peruano que indemnice económicamente a Berenson, quien fue condenada a cadena perpetua, la primera vez por un tribunal militar secreto en 1996.
Dicha condena fue anulada a mediados del año 2000, y luego Berenson fue procesada por una corte civil que la sentenció a 20 años de cárcel en junio del 2001.
La Comisión argumenta que no se respetó el debido proceso en el juicio civil, pues se utilizaron las mismas pruebas por las que Berenson fue condenada en el fuero castrense.
Chamorro dijo que no se opone a eventuales fallos de la Corte Interamericana de volver a juzgar a terroristas en tribunales civiles, pero consideró que se deben respetar los medios probatorios que se obtuvieron anteriormente.