La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por algunos de los decretos dictados al amparo de la conmoción interior, que agilizan las detenciones de personas sospechosas y refuerzan los controles al desplazamiento de la población.
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El representante de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amerigo Incalcaterra, mencionó como una de las principales fuentes de sus temores aquellas declaraciones que indican que los actores armados están mimetizados en la sociedad civil.
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Eso estaría violando el principio por el cual se distingue el combatiente del no combatiente, dijo Incalcaterra esta tarde en una rueda de prensa.
En materia de derechos humanos el debido proceso no está garantizado debidamente, la presunción de inocencia tampoco se está garantizando, agregó.
Según el diplomático, el decreto que creó las zonas especiales de seguridad, es muy vago sobre las autoridades responsables de dictar las medidas que permitan enfrentar las amenazas de rebeldes y paramilitares.
En las dos zonas rehabilitación y consolidación creadas hace diez días, se estableció que los comandantes militares pueden coordinarse con los gobernadores para aplicar medidas como toques de queda, allanamientos, detenciones y expedición de salvoconductos.
En la medida en que no haya claridad, que las normativas son vagas, que no hay principio de distinción entre combatientes y no combatientes, en la medida que no haya control judicial antes, después y posterior a los actos creemos que puede haber alto riesgo de cometer violaciones a los derechos humanos, advirtió el diplomático.
Incalcaterra dijo que comprende la necesidad del Estado colombiano de hacer presencia en regiones abandonadas, ya que en el marco del conflicto armado tanto insurgentes como paramilitares cometen numerosos abusos.
También consideró contradictorio el hecho de que el gobierno busque acabar con las oficinas municipales de derechos humanos para ahorrar gastos, a la vez que busca mejorar la situación de la ciudadanía.
Nuestro mensaje es: no hay incompatibilidad entre seguridad y derechos humanos. No son exclusivas se complementan, ambas van dirigidas a los ciudadanos, concluyó.