Por primera vez desde que se inició el conflicto por el "corralito", el Gobierno argentino reclamó hoy un apoyo explícito de la justicia a su decisión de suspender los recursos de amparo contra las restricciones financieras.
El secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, pidió a la Corte Suprema de Justicia que tome "una decisión política" ante el "estado de emergencia" en que se encuentra el país.
Según el funcionario, el máximo tribunal debe avalar el polémico decreto gubernamental que la semana pasada suspendió por 120 días la ejecución de recursos contra el "corralito", que desde diciembre último retiene millonarios depósitos en los bancos. El pronunciamiento de Fernández contrasta con los dichos del presidente argentino, Eduardo Duhalde, quien siempre ha proclamado públicamente la independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo. "Las cortes toman decisiones políticas en todos los lugares del mundo", aclaró el secretario en declaraciones a la emisora Radio América.
Además, afirmó que espera que "en esa decisión política se comprenda el estado de emergencia del país y se le de a esto un tratamiento racional que permita ordenar el sistema financiero y cumplir con todos y cada uno de los ahorradores". Las reclamaciones de Fernández se dan mientras el Parlamento tramita una serie de pedidos de juicio político contra los nueve integrantes de la Corte Suprema, que han sido acusados de mal desempeño. El decreto firmado por Duhalde fue rápidamente declarado "inconstitucional" por varios jueces de primera instancia y el propio jefe del Estado afronta una denuncia por "abuso de autoridad agravado", presentada por un fiscal que también consideró que la medida viola la Constitución argentina.
Si bien el Gobierno ha anunciado que apelará todos los fallos contra el decreto, una presentación efectuada el pasado viernes por la provincia de Río Negro hizo que el asunto pasase directamente a consideración de la Corte Suprema, según lo establece la Constitución. La medida entró en vigor el miércoles pasado, en momentos en que se calculaba que los recursos de amparo contra el "corralito" habían permitido que los ahorradores recuperaran 4.500 millones de pesos (1.219 millones de dólares) retenidos en los bancos. Varios jueces han declarado la ilegalidad de las restricciones financieras, pero sus dictámenes no están firmes porque la Corte Suprema no se ha pronunciado aún sobre el asunto. Uno de los miembros del alto tribunal, Enrique Petracchi, salió a desmentir hoy una versión periodística que indica que analiza la posibilidad de avalar el decreto de Duhalde a cambio de una paralización del juicio político contra la Corte en el Parlamento. "Es público y notorio que yo no voto en ninguna causa vinculada con ese tema. Yo estoy excusado en esos expedientes porque soy uno de los que está en el corralito ", dijo el juez a la agencia local "Diarios y Noticias".
Se calcula que en los tribunales se dirimen actualmente unos 200.000 recursos de amparo judicial contra el impopular "corralito", que fue puesto en marcha para detener una fuga de capitales que dejó al sistema financiero al borde de la quiebra. El drenaje de depósitos que ocasionan los amparos fue uno de los conflictos sobre los que advirtió una comisión de expertos extranjeros que la semana pasada analizó en Buenos Aires la crisis económica que atraviesa este país suramericano. Los llamados "notables", que fueron designados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y difundieron sus conclusiones sobre la situación de Argentina ayer, lunes, señalaron que "una solución temprana y duradera al problema de los amparos es esencial".
"Encarar este problema no requiere solamente un freno temporal a los amparos, sino una estrategia clara para prevenir su reaparición", consideraron. El panel de economistas intervino en el caso argentino porque el Gobierno de Duhalde y el FMI buscaron una tercera opinión después de negociar durante más de siete meses la firma de un nuevo acuerdo de asistencia financiera internacional.
Los bancos, que sufren una crisis de liquidez y en su mayoría han sido ayudados por el Banco Central, retienen depósitos a plazo por unos 29.000 millones de pesos (7.859 millones de dólares), según fuentes financieras. Además, rigen restricciones para la retirada de dinero en efectivo de cuentas corrientes bancarias y cajas de ahorro en las que están depositados unos 22.000 millones de pesos (5.962 millones de dólares).