El Parlamento cubano aprobó el miércoles, por "unanimidad", una ley de reforma constitucional que declara "irrevocable" el régimen socialista de la isla.
 
El texto de la nueva ley, que introduce reformas a la Constitución vigente desde 1976, establece que "el socialismo y el sistema político y social revolucionario" decretado en la Carta Magna "es irrevocable" y que Cuba "no volverá más al capitalismo".
 
En otro artículo afirma que "la República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos o concesiones concertados en condiciones de desigualdad que desconocen o disminuyen su soberanía y su integridad territorial".
 
Igualmente, dispone que "las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción de una potencia extranjera".
 
En otro de los artículos sostiene que la Constitución "sólo puede ser reformada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) mediante acuerdo adoptado en votación nominal por una mayoría no inferior a las dos terceras partes del número total de sus integrantes (578), excepto en lo que se refiere al sistema político, económico y social, cuyo carácter irrevocable establece".
 
"Si la reforma -añade- se refiere a la integración y facultades de la Asamblea Nacional del Poder Popular o de su Consejo de Estado o a derechos y deberes consagrados en la Constitución, requiere además la ratificación" por parte de los ciudadanos en un referendo.
 
Al final del texto constitucional hace referencia a que "el pueblo de Cuba casi en su totalidad (8.188.198 ciudadanos en edad electoral) expresó entre los días 15 y 18 del mes de junio del 2002 su más decidido apoyo al proyecto de reforma constitucional".
 
Asimismo, resuelve que "el carácter socialista y que el sistema político y social contenido en ella (la constitución) sean declarados irrevocables como digna y categórica respuesta a las amenazas del gobierno imperialista de EEUU el 20 de mayo del 2002".
 
Dicho capítulo hace referencia a los discursos pronunciados por el presidente de EEUU, George Bush, en Miami y Washington en dicha fecha, en los que pidió reformas democráticas al Gobierno cubano.
 
El proyecto de Ley de reforma constitucional fue sometido a la votación a viva voz de los 559 diputados participantes en la sesión extraordinaria del Parlamento, que lo aprobaron de manera unánime.
 
La reunión del legislativo se celebró durante los últimos tres días con la asistencia del presidente cubano, Fidel Castro, y la máxima dirección de su gobierno.
 
En su intervención, Castro se pronunció a favor de perfeccionar y mejorar el sistema socialista y "no destruirlo".
 
Se nos pedía, dijo Castro, "que revocáramos, que fuéramos hacia el capitalismo. Eso era una ofensa (...) La respuesta es que pierdan toda esperanza de que Cuba va a renunciar al socialismo".
 
En esas sesiones intervinieron 165 diputados, representantes de las organizaciones sociales y de masas, y varios invitados extranjeros que en sus discursos criticaron las peticiones de democratización del presidente de EEUU a Cuba.
 
La reunión fue convocada por Castro, en su condición de presidente del Consejo de Estado, para considerar la propuesta que ya había sido respaldada la semana pasada con las firmas de 8.188.198 ciudadanos en edad electoral (desde los 16 años).
 
El proyecto de "Iniciativa de Modificaciones Constitucionales" había sido propuesto el pasado día 10 a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) por ocho organizaciones sindicales, estudiantiles, femeninas y juveniles de la isla.
 
Dos días después, la iniciativa fue respaldada también con una marcha nacional celebrada en toda la isla, en la que participaron más de 9 millones de personas, según datos oficiales.
 
Esta reforma constitucional fue impulsada después de que, el mes pasado, los principales grupos de la disidencia interna presentaron también al Parlamento 11.020 firmas en apoyo a la convocatoria de un referendo para introducir cambios democratizadores y de apertura económica en la legislación y decretar una amnistía política.