El alto mando de la Policía admitió hoy la gravedad de las denuncias sobre el desvío de fondos que otorgó Estados Unidos a  Colombia para la lucha antidrogas, que involucran más de 60 oficiales, entre  ellos el jefe de seguridad del presidente Andrés Pastrana.

"Conscientes de la gravedad de estas denuncias y sus implicaciones a nivel  nacional e internacional, desde el primer momento el director general y la  junta de generales tomaron las decisiones respectivas en cuanto a la separación  del servicio de los oficiales implicados, para facilitar y colaborar en el  desarrollo de las investigaciones", subraya un comunicado del alto mando  policial.

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La nota, firmada por ocho generales, señaló que "el mando institucional no  cohonesta con actitudes alejadas de la ética, la moral, el estricto  cumplimiento de la misión constitucional y legal asignada a la Policía Nacional  y menos aún con actitudes o comportamientos que desborden los límites de la  ley".

Los jefes policiales dieron también su respaldo al director de la Policía,  general Luis Ernesto Gilibert, quien sostiene que la institución no está  dividida ni atraviesa una crisis, y que los acusados son quienes deben  responder a los cargos que se les imputan.

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El escándalo por el desvío de fondos se agudizó con la renuncia, el lunes, del jefe de seguridad de Pastrana, coronel Royne Chávez, quien sería  investigado por la compra de un terreno y la construcción de un edificio de  siete pisos en un sector céntrico de Bogotá, por un valor equivalente a 4,3  millones de dólares.
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El martes pasado, la Procuraduría General abrió la investigación del caso  contra 44 oficiales, tres suboficiales, siete agentes y seis civiles al  servicio de la Policía.

La investigación incluye al general Gustavo Socha, quien fue removido de la  dirección de la Policía Antidrogas el pasado 10 de mayo, inmediatamente después  de que la embajada de Estados Unidos confirmó el desvío de unos dos millones de  dólares que otorga ese país en el marco del Plan Colombia de lucha  antinarcóticos.

Además son investigados el coronel Edgar Bejarano, ex secretario privado  Gilibert, y el mayor Henry Rey Castañeda, coordinador de seguridad  presidencial.