La Federación de Trabajadores Judiciales (Fenaje) inauguró ayer el seminario internacional ‘Delitos financieros e inseguridad jurídica’. El objetivo: perfeccionar la legislación ecuatoriana en materia financiera e intercambiar información con países de la región que enfrentaron crisis bancarias.
Los participantes debaten sobre las consecuencias de los problemas del sector financiero en el entorno social y la pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
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Según Dora Currea, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Ecuador, una de las causas de estas crisis es la mala práctica bancaria, cuya consecuencia es el deterioro de la seguridad jurídica.
A ello se suma la existencia de un débil sistema judicial que impide la recuperación de deudas, genera el incremento de activos de dudosa recuperación de los bancos y de demandas en las cortes.
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Incentivos
Los costos de recuperación de deudas se elevan, en este panorama, por la serie de incentivos que se otorga a los acreedores, sostuvo Currea.
Las crisis bancarias dan lugar, analizó la funcionaria, al cometimiento de los delitos de piramidación de capitales, préstamos vinculados sin respaldo, entre otros.
Por ello mencionó la importancia de mantener un sistema judicial fuerte que permita sancionar a los responsables de las irregularidades en el sistema financiero.
Durante la inauguración del evento, el presidente del directorio del Banco Central, Mauricio Yépez, rescató la necesidad de que la colectividad ecuatoriana analice las causas que dieron origen a la crisis financiera que sufrió el país, a fin de sacar lecciones y asegurar un mejor desempeño de la economía.
El seminario, que concluye mañana, fue inaugurado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Armando Bermeo; asistieron el contralor del Estado, Alfredo Corral; la ministra fiscal, Mariana Yépez; y el gerente de la Agencia de Garantía de Depósito, Patricio Dávila.
Según Dávila, la inseguridad jurídica en el Ecuador proviene de una legislación improvisada, carente de información, de técnica jurídica y de un sentido de contexto.
Esta situación se agrava por la politización de los procedimientos judiciales y deficiencias en la formación de jueces, auditores y otros, cuyos roles tienen relación con temas jurídicos bancarios, dijo.