Con uniforme y listos para reanudar sus actividades, alrededor de 50 empleados de Makro acudieron ayer a las instalaciones del centro comercial Albán Borja.
Los trabajadores llegaron a las 09h00, pero al lugar no había acudido ningún directivo de la empresa o la Agencia de Garantía de Depósitos. Esperaron aproximadamente una hora y decidieron trasladarse a la AGD para pedir una explicación.
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A las 11h05, los empleados abordaron un bus que alquilaron y se dirigieron al lugar. Después de varios minutos de protestas en las afueras de la entidad, el gerente de la Agencia, Patricio Dávila, los recibió.
El funcionario les garantizó estabilidad laboral y pidió su colaboración para elaborar el inventario. “De la agilidad con la que ustedes trabajen dependerá la reapertura de los locales”, indicó.
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Dávila dijo que las aproximadamente 20 empresas incautadas por supuesta vinculación con el Banco del Azuay tendrán el mismo tratamiento que Makro: se colocará un interventor para que sigan funcionando. En estos casos se encuentran Rumax, Juguetelandia y As seen on TV.
En todas las empresas, además de un interventor de la AGD, ingresará personal del Servicio de Rentas Internas (SRI), agregó Dávila, para comprobar que estas no hayan tenido doble contabilidad y hayan cancelado los impuestos.