Por varias partes y en numerosas ocasiones se menosprecia el derecho que tienen los ciudadanos para recibir oportuna y correcta información.
Es maltrato social no informar al público con oportunidad, claridad y precisión. La pobreza a la que se acusa fácilmente de numerosos males colectivos no tiene que ver con irresponsabilidades de encargados de informar a los ciudadanos sobre detalles que deben tomarse en cuenta para no perjudicar en costos, empleo del tiempo y buen trato.
De manera notable, algunas oficinas de servicios públicos han dejado agrandar esta falla. Cuando letreros oportunos ayudarían al entendimiento general.
Salvo pocas excepciones, a la entrada de los colegios fiscales no se muestra información al considerable sector de padres de familia que tienen el derecho de conocer fechas y otras condiciones para obtener matrículas.
Publicidad
El cambio de válvulas de los tanques de gas es otro de los casos de mayor incidencia en la falta de información.
La prensa escrita recoge la queja de que se desconocen qué obligaciones comprende ese cambio para el usuario o para los trabajadores de los depósitos.
Público desinformado es inmediata víctima de engaños de carácter económico, ya que intervienen personas hábiles para la estafa o agentes meritorios para resolver las confusiones. Todo sujeto a un pago.
Con personas desorientadas se facilita la corrupción. Los servicios públicos como estructuras remotas de quien los necesita, por ser un derecho, tienen que romper esa distancia.
