En menos de dos meses del año escolar en la Costa, 222 estudiantes de la Zona 8 pidieron cambio de plantel por amenazas o inseguridad

Tenía doce días de asistir a un nuevo colegio al cual se había cambiado porque en el primer establecimiento en el que estaba había recibido amenazas, pero el miércoles 14 de junio, cuando aparentemente se dirigía a estudiar, el joven de 17 años fue asesinado a balazos en la cooperativa Martha Bucaram del Guasmo sur.

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El hecho ocurrido en el sur de Guayaquil consternó a vecinos y padres de familia del ahora occiso. La Policía recogió seis indicios balísticos en la calle donde yacía el cuerpo del joven e informó después que él tenía antecedentes por microtráfico.

Según cifras de la Subsecretaría de Educación Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), en este año lectivo se han detectado hasta el momento 24 casos de estudiantes que presuntamente estarían inmersos en situaciones de microtráfico u otros delitos. En el periodo lectivo 2022-2023 fueron 56.

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Solicitar el cambio de plantel educativo es una de las opciones que tiene el Ministerio de Educación para quienes han sido objeto de amenazas o víctimas de grupos delictivos.

A esta alternativa se suman la modalidad de educación asistida (el alumno realiza actividades en casa con un componente virtual) y la educación a distancia en la Unidad Educativa Guayacanes (en el caso de la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón).

Según la Subsecretaría de Educación de la Zona 8, en lo que va del periodo lectivo 2023-2024 en dicha jurisdicción se han receptado 222 solicitudes de traslados a otras instituciones educativas por temas de seguridad. En todo el año escolar anterior hubo 244 representantes legales que pidieron el cambio de plantel por la misma causa.

Es decir, en menos de dos meses del periodo lectivo en curso ya se registra el 91 % de casos respecto del total que se dio en el 2022-2023.

A raíz del asesinato del joven en la cooperativa Martha Bucaram la semana anterior, el coronel Marcelo Castillo, jefe de Policía del Distrito Sur, al que pertenece dicho sector, habló de la necesidad de articular acciones e información cuando haya estos cambios de planteles de estudiantes inmersos en alguna problemática o hecho delictivo.

Esto, dijo el jefe policial, permitirá poner atención en los casos y evitar hechos de violencia o cualquier tipo de desenlace que pueda perjudicar la integridad física, psicológica o sexual tanto de los estudiantes como de los docentes e inclusive de los padres o representantes legales de los alumnos.

“Aquí preocupa la situación. Ese establecimiento educativo (anterior del joven) es priorizado (consta en el plan Escuelas Seguras) y parte de la priorización es que al menos las personas administrativas o los docentes o los funcionarios de esos establecimientos educativos o, a su vez, la Dirección distrital de Educación nos den esas alertas como Policía Nacional. No solo limitarse a hacer un escrito en el que piden presencia policial”, recalcó Castillo el miércoles 14.

El plan Escuelas Seguras se compone de cinco ejes de acción: articulación, acción preventiva, sensibilización, atención y servicio educativo comunicacional. En cada uno de estos aspectos hay acciones específicas para los ministerios de Educación y del Interior, así como para la Policía Nacional.

De los 1.558 centros educativos (fiscales, particulares fiscomisionales y municipales) de la Zona 8, 80 planteles están contemplados en dicho plan, pero debido a la necesidad institucional se está implementando en otros 125 establecimientos, la mayoría de Guayaquil.

“No es eficiente la cobertura policial en las instituciones educativas debido a la falta de personal por parte de la Policía y la gran cantidad de instituciones educativas que tenemos en esta Coordinación Zonal”, señaló la Subsecretaría de Educación de la Zona 8 ante un requerimiento de este Diario.

Dicha instancia indicó que cuando en los planteles se generan alertas, se llama al 911 o se activa el botón de pánico, no existe una respuesta inmediata de los organismos de ayuda.

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Respecto de la segunda opción que tienen estudiantes que son blanco de amenazas o víctimas de grupos delictivos, la educación asistida, en lo que va del año lectivo 2023-2024, 415 alumnos (47 %) se han acogido a esta modalidad frente a los 879 que lo hicieron en el periodo 2022-2023.

El microtráfico es una problemática que cada día parece extenderse en los planteles educativos. Afuera de ciertas instituciones del noroeste, sur y suroeste de la ciudad suele verse a jóvenes que no son estudiantes o al menos no visten uniforme parados en las esquinas. Por ese asunto hay quienes optan por acompañar a sus hijos tanto a la hora de entrada como de salida.

Ante el reporte de estudiantes vinculados presuntamente con ilícitos se aplica el protocolo de actuación en infracciones cometidas dentro del sistema educativo al momento de detectarse una situación de flagrancia. (I)