¿Cuántas preguntas de la consulta del Gobierno tienen relación con las reformas al COIP que tramita la Asamblea Nacional?

De las diez preguntas planteadas por el presidente de la República, Daniel Noboa, para la consulta popular, solo una de ellas tiene relación con el paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que esta semana aspira a aprobar la Asamblea Nacional, y tiene que ver con el endurecimiento de penas.

Se trata de la pregunta 2 de la consulta popular y que consta en el Decreto 162 firmado por el primer mandatario la noche del 9 de febrero pasado.

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La pregunta 2 de la consulta emitida en el Decreto 162 plantea: ¿Está de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos: (1) terrorismo y su financiación, 2) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, 3) delincuencia organizada, 4) asesinato, 5) sicariato, 6) trata de personas, 7) secuestro extorsivo, 8) tráfico de armas, 9) lavado de activos y 10) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta?

Anexo: En caso de ser aprobada la presente pregunta, el Presidente de la República en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados remitirá el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta.

La Asamblea Nacional contará con el plazo máximo de 60 días para debatir y aprobar la reforma legal, conforme el trámite previsto en la ley de la materia.

Reformas del legislativo al COIP

La pregunta dos de la consulta popular planteada por el Gobierno se refiere al incremento de penas para diez delitos de manera general, sin especificar el número de años que se incrementaría por cada delito, se limita a señalar que luego de aprobada la pregunta se remitirá un proyecto de reformas al COIP.

En la reforma al COIP que unifica 43 proyectos presentados y que incluye 86 cambios en la normativa se incluye ya el número de años que se incrementarían en los delitos penales que también se refieren en la pregunta dos de la consulta popular.

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Los diez delitos señalados en la consulta popular y también tomados en cuenta en las reformas al COIP por parte de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado que se pondrá a votación esta semana en la Asamblea Nacional son los siguientes:

1. Terrorismo y su financiación: en la reforma de la Asamblea hace una diferencia entre las penas para el terrorismo y en la financiación. Por ello, para el terrorismo que actualmente se aplica una pena entre 10 y 13 años de cárcel, sube la pena de 13 a 16 años y con agravante de 16 a 19 años. En tanto, la financiación en la ley vigente está determinada entre 7 y 10 años de prisión, y la reforma plantea endurecer de 10 a 13 años.
2. Producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización: este delito se castiga de acuerdo a escalas: mínima, mediana, alta escala y gran escala, según la gravedad del delito cometido como tráfico, oferta, almacenamiento, distribución, y en la reforma legislativa plantea endurecer la sanción de gran escala que se fija una pena de 13 y 16 años.
3. Delincuencia organizada: este delito lo comete la persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de tres o más personas que, de manera permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 5 años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material. Actualmente, se castiga con una pena de 7 a 10 años, pero con la reforma sube de 10 a 13 años y con agravante de 13 a 16 años.
4. Asesinato: actualmente el COIP castiga este delito con una pena de 22 a 26 años de prisión, y con la reforma legislativa se incrementaría de 26 a 30 años de cárcel.
5. Sicariato: el actual Código Orgánico Integral Penal en el artículo 143 está determinado como un delito grave y tiene una pena de 22 a 26 años, y la reforma legislativa plantea endurecer de 26 a 30 años de prisión.
6. Trata de personas: este delito que implica el engaño, seducción o secuestro de víctimas que son trasladadas a la fuerza para realizar actividades sexuales presenciales o virtuales de cualquier índole, tiene una pena de 13 a 16 años de prisión, pero con agravantes puede llegar hasta los 26 años; con la reforma se plantea incrementar la pena menos de 16 a 19 años de prisión y con agravantes llegaría a 29 años.
7. Secuestro extorsivo: este delito que lo comete la persona con el fin de obtener de la víctima o de terceras personas dinero, bienes, títulos, documentos, beneficios, acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad será sancionado con una pena de 13 a 16 años, y con agravantes que incluye la muerte de la víctima subiría entre 22 y 26 años de prisión. Actualmente, la máxima en el COIP es de 16 años.
8. Tráfico de armas: la persona que dentro del territorio ecuatoriano produzca, fabrique, adquiera, almacene, transporte, comercialice armas de fuego, sus piezas y componentes, municiones y explosivos, sin autorización de la autoridad competente, será sancionada con pena privativa de libertad de 7 a 10 años, señala el planteamiento de la reforma al COIP. Actualmente, la norma señala una pena de 5 a 7 años, y con agravante la máxima es de 13 años; pero los legisladores aspiran a subir el agravante 13 a 16 años.
9. Lavado de activos: actualmente el COIP prevé penas según escalas que van desde 1 a 3 años, 5 a 7 años, 7 a 10 años, 10 a 13 años en determinados casos; y con la reforma al COIP se propone establecer de 3 a 5 años la pena base.
10. Actividad ilícita de recursos mineros: se propone que este delito se castigue con prisión que vaya de 7 a 9 años y con agravantes está de 9 a 12 años.

Si la pregunta dos de la consulta popular es aprobada por los ciudadanos, según lo establece, el anexo el presidente de la República en el plazo máximo de 5 días posteriores a la publicación de los resultados remitirá el proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contenga las reformas para cumplir con lo establecido en esta pregunta. Y la Asamblea deberá tramitarlo en un plazo de 60 días.

Según el legislador Vicente Taiano, del bloque del Partido Social Cristiano (PSC), entre la pregunta 2 y las reformas al COIP que tramita la Asamblea existe una coincidencia, que es sancionar con mayor contundencia el cometimiento de delitos y que las penas se incrementen.

Con lo que aspira a aprobar el legislativo, este jueves 15 de febrero, lo que se hace es acortar tiempos en la intención que tiene el presidente, Daniel Noboa, porque en su propuesta hay una característica ya que propone a la ciudadanía el concepto de incrementar las penas, pero luego tiene que ser enviado el texto para ser adecuado en la Asamblea Nacional.

Puede ser que en la reforma que plantee el presidente de la República, luego de aprobada la pregunta, se incluya algo que no esté contemplado en las reformas al COIP que se debaten actualmente en el Parlamento, y lo que se hará es revisar y darle curso al planteamiento. Lo que hace ahora la Asamblea Nacional es darle al país una salida, en este momento, necesaria para castigar con severidad la actividad delictual. (I)