La puntuación matemática de las ‘cualidades morales’ para ascensos en las Fuerzas Armadas, en el debate legislativo

La objetividad o subjetividad para puntuar la “moral y ética institucional” de los miembros de las Fuerzas Armadas en sus ascensos motiva el debate de los legisladores en medio del conocimiento de la objeción parcial que realizó el Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Personal y Disciplina.

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El presidente de la República, Guillermo Lasso, objetó parcialmente el proyecto de Ley Orgánica de Personal y Disciplina de las Fuerzas Armadas que está en análisis de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional, que centra su preocupación en la calificación que se le da a la “moral y la ética institucional” de los militares para ascender de rangos.

El mandatario hizo 23 objeciones al articulado aprobado en segundo debate por la Legislatura y que al momento están siendo conocidas por la comisión legislativa para proponer al pleno allanarse al veto presidencial o al contrario, ratificarse en lo aprobado.

Entre esos artículos objetados está el 137, relacionado con los requisitos que se requiere para el ascenso de oficiales de arma, técnicos, servicios, especialistas o sus equivalentes, en cuyo literal b se añadió la frase: “entre otros”.

Dicho literal b, propone que para obtener la resolución favorable del Consejo de Generales o Almirantes de Fuerza, en el proceso de selección y calificación se sujetará a los procedimientos establecidos en el reglamento general a la ley y la normativa interna, en la que se evaluará toda la carrera militar en los siguientes aspectos: experiencia laboral, formación profesional, méritos personales, cualidades profesionales de acuerdo con parámetros objetivos, medibles, verificables y cuantificables, “entre otros…”

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Esa última frase permitiría mantener a las Fuerzas Armadas el sistema de calificación de las “cualidades morales”, que está integrado en el Reglamento de los Consejeros de Generales para la selección de Agregados y Generales, en el que se contempla una puntuación para los ascensos sobre los 500 puntos, divididos en cinco títulos y cada uno puntuado sobre 100 puntos.

Es decir, 100 puntos para las calificaciones anuales; 100 puntos los méritos y desméritos; 100 puntos los cursos de perfeccionamiento; 100 puntos las cualidades profesionales; y, 100 puntos las cualidades morales.

Esta última arista se subdivide en dos aspectos: los morales fundamentales como son el honor, lealtad, veracidad, honestidad y valor; y, estas a su vez se enlazan con las “ético institucionales” que se miden con parámetros como la fe en la institución; comportamiento social fuera y dentro de la institución, administración económica propia, el espíritu de cuerpo, perseverancia, integridad, justicia, sobriedad y criterio.

Para cuantificar cada una de estas cualidades morales, se aplica una fórmula matemática que, por ejemplo, suma puntos si una persona no ha sido objeto de sanciones o informes que cuestionen el comportamiento de un militar.

Estos parámetros no convencen a varios de los legisladores, quienes consideran que es subjetivo y pidieron a las Fuerzas Armadas aclarar cómo y sobre qué base legal se garantizará la “objetividad”. Estos requerimientos generaron molestia en los representantes militares que acudieron a la comisión el pasado viernes en el debate del veto parcial.

El general de Brigada del Ejército Pablo Velasco asistió a dicha plenaria y aclaró que estas pruebas de confianza no son nuevas, son objetivas y buscan tener un “hombre íntegro” en el mando militar. “Los que dicen que esto es subjetivo que me demuestren. La subjetividad no cabe”, subrayó.

La discusión erizó los ánimos cuando el legislador Bolívar Remache los interpeló, pues pese a que estos mecanismos de calificación señalarían que “son los servidores perfectos”; en “la realidad, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional dan mucho que decir”, les dijo.

Para ejemplificar, contó que en la frontera habría militares que “tienen su precio” y de “nada sirve que lo boten al general si atrás va al coronel, y luego el mayor… La clase política está corrompida y por eso los políticos y militares tenemos al país en esta crisis. Diría que hay que ser más pragmáticos y no más teóricos”, añadió.

A esta crítica se sumó la del equipo técnico de la comisión legislativa, que sugirió ratificarse en el texto del segundo debate que se aprobó en el pleno, en cuyo artículo 137 no consta la frase “entre otros”.

Se explicó que estas palabras no son precisas y abren una puerta “discrecional” que permitiría valorar las cualidades morales de la forma planteada en la actualidad, pero en el futuro las reglas “pueden cambiarse” con la llegada de nuevas autoridades militares o del Gobierno.

En respuesta, el general Velasco insistió en que le den respuestas técnicas y no un “yo pienso, creo, o huelo”.

El tratamiento de este cuerpo legal de 265 artículos y varias disposiciones, se da en medio de un escenario en el que los asambleístas deben estudiar la propuesta de reforma parcial a la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan participar en acciones conjuntas con la Policía Nacional en contra del crimen organizado.

Es así como, de forma paralela a esta reforma, el régimen estaría preparando un paquete de nuevas reformas legales para articular las acciones disciplinarias en la fuerza pública, ante la posibilidad de que la reforma sea aprobada.

Una de ellas sería al Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (Coescop) para introducir un régimen disciplinario para la Policía Nacional y que se complementaría con esta ley de personal y disciplina militar, que “permita la autodepuración y evitar excesos”, opinó la legisladora oficialista Nathalie Arias.

En tanto, esta ley disciplinaria la presentó el expresidente Lenín Moreno en agosto del 2019 y ha estado en construcción desde entonces, fue el 27 de octubre de 2022 que la Asamblea la aprobó en segundo y definitivo debate.

En ella se incorporó un nuevo literal que contempla como falta disciplinaria muy grave el “incentivar a la participación de captación de dinero, valores, prendas y artículos”; y se sanciona con la pérdida de franquicia (días francos) de tres hasta cuatro días.

Su aprobación se tornó urgente para el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, al conocerse que 139 de sus miembros constaban en una lista de 2.655 inversionistas de la estructura irregular de captación de dinero Big Money que promovió Ángel Nazareno, alias Don Naza, quien ingresó el pasado 7 de abril al complejo militar de La Recoleta en Quito y días más tarde fue hallado muerto.

Proyecto de ley de disciplina para las Fuerzas Armadas incluye como falta muy grave incentivar la captación de dinero

Para el general en servicio pasivo y exjefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Wagner Bravo, esta norma disciplinaria permitirá que trabajar en una “autodepuración” de las filas militares, aunque lamentó que se le haya quitado a la institución tener tribunales militares que sancionen con agilidad las denuncias o hechos irregulares.

“Antes teníamos el sistema de justicia militar y como no había muchos casos de personas que han cometido delitos, la justicia era rápida. Por eso ahora es inconcebible que una persona que cometió un delito pase dos o tres meses en el cuartel y no le podemos dar la baja, porque la justicia ordinaria no actuó. Los acusados dicen ‘hice esto y no me pasó nada.’ Como en el caso de Don Naza, que fue una afrenta y atentado al honor de la institución; pero la Fiscalía dice que no es delito porque el señor se murió y cómo se le acusa a alguien por usura si dicen que no es delito”, cuestionó Bravo.

A criterio del catedrático y especializado en temas de seguridad, Lautaro Ojeda, entre más rígida sea la disciplina “parecería que las cosas funcionan mejor, pero no es tan así”.

“La disciplina es importante, pero no es la que determina el comportamiento. Hay otros factores como la ética, el sistema escolar, por lo que no se trata de extremar y volver a la disciplina como algo fundamental”, manifestó.

Bertha García, catedrática vinculada a temas de seguridad y defensa, exhortó a implementar “normas muy claras” que permitan un control y transparencia en el interior de las instituciones de la fuerza pública para evitar la corrupción.

La docente cuestionó la reforma parcial para que las Fuerzas Armadas intervengan en operaciones contra el crimen organizado, porque actualmente la Constitución “es muy clara y da a los militares y a los policías las misiones que les corresponden y tienen mucho que hacer con lo que está escrito”,

Añadió que la estrategia para evitar faltas en los dos cuerpos de seguridad se requiere denunciar a quienes estén inmiscuidos en los hechos. “La seguridad ciudadana no se va a controlar con disciplina, sino con poner a las órdenes de las autoridades y que sean juzgados como delitos en la justicia”, comentó García, quien resaltó los mecanismos para fortalecer la disciplina interna, “pero los delitos deben denunciarse sin espíritu de cuerpo”.

En todo caso, el debate de este y otras objeciones aún no concluye en la Comisión de Soberanía, que prevé reunirse en los próximos días para conocer un nuevo informe técnico, antes de proponer el texto para el pleno de la Asamblea Nacional, en el que se recomienda allanarse al veto presidencial o a lo aprobado en su seno. (I)