La Comisión de Fiscalización recomienda al pleno de la Asamblea Nacional llevar a juicio político a Fausto Murillo y Juan José Morillo, vocal y exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), respectivamente, por incumplimiento de funciones.

El informe de la mesa legislativa fue aprobado la noche del jueves 22 de febrero, con ocho votos a favor y el voto en contra de la legisladora Adriana García.

A Fausto Murillo se lo acusa de no haber denunciado a Juan José Morillo y a la entonces vocal Maribel Barreno tras la divulgación de unos audios -que son procesados por la Fiscalía- en los que supuestamente piden a un juez de Pichincha que falle a favor de una acción de protección para que Guadalupe Llori retome la presidencia de la Asamblea Nacional.

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Otras razones del juicio contra Fausto Murillo es no haber pagado la homologación salarial a más de 4.000 servidores judiciales y por arrogación de funciones, al asumir la presidencia del Consejo de la Judicatura, cargo que no le correspondía.

El acusado argumentó en su momento que para el pago de la homologación salarial se requería que el Ministerio de Finanzas asigne los recursos correspondientes.

Además, señaló que el juicio en su contra es incoherente porque se lo señala por supuestamente arrogarse funciones y, al mismo tiempo, se lo acusa de no cumplir sus atribuciones como presidente de la Judicatura.

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A Juan José Morillo se lo responsabiliza por intentar injerir en la decisión del juez que atendió la acción de protección de Guadalupe Llori.

Por los audios que lo comprometen, el exvocal es procesado penalmente en el caso Vocales por su presunta participación en el delito de tráfico de influencias.

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La solicitud de juicio político contra Murillo y Morillo fue impulsada por los exlegisladores Luis Almeida (PSC) y Xavier Santos (ID), pero el proceso quedó suspendido tras la disolución de la Asamblea Nacional con la muerte cruzada.

El trámite se retomó con la instalación del nuevo Parlamento y se designó como proponente al asambleísta Carlos Vera Mora (PSC), debido a que Almeida y Santos no fueron reelegidos en sus cargos.

El informe aprobado por la Comisión de Fiscalización será analizado por el pleno de la Asamblea, que resolverá si acoge o no la recomendación de juicio. (I)