Juicio político a Fausto Murillo, vocal de la Judicatura, y al exvocal Juan José Morillo entra a etapa final de trámite en la Comisión de Fiscalización

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, este 13 de febrero, aspira a cerrar la etapa de actuación de la prueba dentro del juicio político que se sigue en contra del vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo y el exvocal de ese organismo Juan José Morillo, acusados de arrogación e incumplimiento de funciones.

En la tarde y noche se espera recibir al legislador Carlos Vera Mora (PSC), para que sustente las acusaciones y, posterior a ello, los alegatos de defensa de parte de Fausto Murillo y Juan José Morillo, con lo cual finalizará la fase de sustanciación de la solicitud de juicio y comenzarán a correr cinco días, a partir del 14 de febrero, para que la mesa de Fiscalización debata y apruebe el informe que pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional.

Fausto Murillo, como vocal del Consejo de la Judicatura, está acusado de no haber denunciado a los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno tras la publicación de unos audios y que están judicializados, en los que supuestamente piden a jueces de Pichincha que fallen a favor para que Guadalupe Llori continúe como presidenta de la Asamblea Nacional luego de la presentación de una acción de protección.

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También se acusa a Murillo de no pagar la homologación salarial, es decir, una aspiración que viene desde el año 2007 para los servidores judiciales, pero el vocal de la Judicatura en sus argumentos indicó que para proceder a ese pago se necesita que el Ministerio de Economía y Finanzas otorgue un presupuesto extraordinario.

Esta solicitud de juicio político fue presentada en el periodo legislativo anterior por los entonces asambleístas Luis Almeida, quien en ese momento pertenecía al Partido Social Cristiano (PSC), y Xavier Santos, como legislador de la Izquierda Democrática (ID). Pero con la instalación de la actual Asamblea Nacional el pleno resolvió continuar con el proceso y designó al legislador del PSC Carlos Vera Mora.

Último día

En el último día de prueba, la mesa se instaló pasadas las 09:00 y concluyó a las 13:12, donde rindió su versión la legisladora Viviana Veloz (RC), primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Ella ratificó que los acusados se arrogaron funciones en el momento que desconocieron la designación realizada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), como suplente de la presidencia del Consejo de la Judicatura a Álvaro Román, y cuyas decisiones del CPCCS estaban blindadas por un dictamen de la Corte Constitucional (CC) del año 2019, pero que con el voto de Maribel Barreno procedieron a nombrar a Fausto Murillo como presidente temporal de la Judicatura tras la renuncia de María del Carmen Maldonado, cuando tenía que subrogar Álvaro Román.

Aseguró que los acusados vulneraron la seguridad jurídica al no observar el dictamen de la Corte Constitucional y que tenía fuerza vinculante, y que aplicaron la ley a la conveniencia de sus intereses y se designó a Murillo como presidente de la Judicatura.

Veloz reiteró en varias veces en su intervención que la bancada de la Revolución Ciudadana no ha planteado este juicio y tampoco votó para que este proceso continúe en la Asamblea Nacional, luego de la aplicación de la muerte cruzada. Que quienes propusieron el juicio en el anterior periodo legislativo fueron el socialcristiano Luis Almeida y el legislador Xavier Santos, que pertenecía a un grupo de asambleístas dirigido por el actual presidente de la República, Daniel Noboa.

El acusado, Fausto Murillo, preguntó a la legisladora Viviana Veloz en qué parte de la sentencia 12-19-22-EP/22 de la Corte Constitucional señala que se arrogó funciones, pero la asambleísta correísta se refirió al párrafo 108 de la sentencia, donde se señala: “Por todo lo analizado, este organismo concluye, la resolución impugnada vulneró la seguridad jurídica en tanto que se constata que la actuación de los vocales del Consejo de la Judicatura se ejerció al margen del ordenamiento jurídico, pues emitieron la resolución impugnada haciendo alusión a lo que disponen los artículos 179 de la CRE y 262 del Código Orgánico de la Función Judicial, de forma parcial y aislada, desatendiendo el valor normativo del dictamen interpretativo n.º 2-19-IC/19, y vaciando de contenido esta decisión de la Corte Constitucional, actuación que afecta a la seguridad jurídica sin que sea necesario verificar una posible afectación a otros preceptos constitucionales”.

La legisladora no pudo fundamentar su afirmación de que Murillo se arrogó funciones.

Juan José Murillo, exvocal de la Judicatura, se refirió al vacío jurídico que advirtió la legisladora Viviana Veloz, para continuar con este juicio tras la aplicación de la muerte cruzada, y pidió que aclare su afirmación. Veloz señaló que en la ley orgánica de la Función Legislativa no consta una excepcionalidad para seguir con el procedimiento del juicio, sin embargo, el pleno con la moción del socialcristiano Jorge Acaiturri-Villa dispuso que continúe el juicio donde la bancada de la Revolución Ciudadana votó en contra. Por lo que dijo que se debería realizar una reforma.

El acusado Juan José Morillo, ante la respuesta, afirmó que los cambios a la normativa vigente, en este caso para continuar con un juicio político en curso, se realizan a través de un proyecto de ley con la reforma y el trámite correspondiente y no por resolución plenaria.

La presidenta de la mesa, Pamela Aguirre, aclaró que este juicio se procesa por disposición del pleno de la Asamblea Nacional.

Pamela Aguirre encargó la presidencia para preguntar a su coidearia Viviana Veloz respecto al hecho de que si ya había una denuncia presentada por el exlegislador Ricardo Vanegas, y también de Viviana Veloz y Pamela Aguirre, sobre los audios en los que los vocales Juan José Morillo y Maribel Barreno, en junio de 2022, habrían intentado influir en los jueces de Pichincha para que fallen a favor de Guadalupe Llori, para que continúe como presidenta de la Asamblea Nacional, ya no se puede presentar otra denuncia ante la Fiscalía sobre el mismo caso, como lo afirmó el acusado Fausto Murillo.

Veloz dijo que no existe ningún impedimento y además aseguró que Murillo, en calidad de presidente temporal de la Judicatura, tenía la obligación de presentar una denuncia y aplicar una acción disciplinaria, por la existencia de audios en los que se escucha a dos vocales de la Judicatura respecto a incidencias a jueces para evitar que emitan medidas cautelares en contra de la expresidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori.

La asambleísta Pamela Aguirre también reveló que el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Suing, remitió información en respuesta a un pedido solicitado por el asambleísta Carlos Vera Mora, respecto al proceso legal sobre el presunto tráfico de influencias, en el que existe un testigo protegido. Dijo que esta información es muy relevante para el juicio, que no se puede desconocer, pero que no será actuada como prueba porque fue enviada a última hora, pero que es muy grave, y que pedirá que se llame a una sesión reservada.

La presidenta de la mesa anunció que posterior de este juicio político se abrirá un proceso de fiscalización exclusivo para el tratamiento de la información proporcionada por el Consejo de la Judicatura respecto a un “presunto reparto y entrega de puestos en la Judicatura”, pero que dado el tiempo no se puede practicar esta prueba en el juicio en trámite. (I)