Fausto Murillo: Este segundo juicio político que enfrento en la Asamblea Nacional es una persecución

El vocal del Consejo de la Judicatura Fausto Murillo, que enfrenta su segundo juicio político en la Asamblea Nacional, sostiene que su proceso de interpelación es una persecución, donde marcados sectores políticos quieren su cargo y que desde el 2019 no han descansado en su propósito.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, presidida por la legisladora del correísmo Pamela Aguirre, procesa el juicio político en contra del vocal de la judicatura Fausto Murillo, y el exvocal Juan José Morillo. La solicitud de juicio fue planteada en la anterior Asamblea por los exlegisladores Luis Almeida (antes del PSC) y Xavier Santos (antes de ID), pero tras la aplicación de la muerte cruzada se suspendieron los plazos de los pedidos de juicio. En este periodo se designó al legislador Carlos Vera Mora (PSC), que represente y continúe el proceso.

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Este 8 de febrero hubo nuevos pedidos de comparecencias, pero no acudieron los invitados. Ante la afirmación del exlegislador Luis Almeida, que estuvo en la sala, de que los jueces llamados como testigos en este juicio no acudieron a la convocatoria porque tienen temor a Murillo, el acusado señaló que los jueces en su gran mayoría y los servidores judiciales le tienen aprecio y es imposible que los haya amenazado, pues “tengo un corazón judicial y, por tanto, mucho respeto y aprecio por los servidores”.

Murillo indicó que no hay sustento jurídico ni técnico en este juicio político, sino una persecución adicional, porque antes ya fue removido ilegalmente e ilegítimamente, y en el año 2022 fue sometido a un juicio político, pero que derrotó con la razón y la verdad.

Sostuvo que los exasambleístas Almeida y Santos han llenado de falacias y mentiras sobre responsabilidades que no corresponden ni a él ni a nadie del Consejo de la Judicatura.

“Sin duda buscan que Fausto Murillo esté fuera, desde el 2019 cuando asumí el cargo no han descansado en ese propósito; sin embargo, el 29 de enero cumplimos cinco años de funciones y hemos demostrado trabajo y gestión”, anotó el funcionario.

Dijo que este juicio político es un nuevo ataque, y recordó que en 2021, cuando fue removido del cargo de vocal de la Judicatura, precisamente estaba como presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, sobrina del peticionario de este segundo juicio político, Luis Almeida.

Indicó que como vocal del Consejo de la Judicatura jamás ha roto sus convicciones y principios, y que tampoco es una persona que cede a presiones. “Si tengo que ser censurado, lo seré con dignidad y si no, también saldré airoso y con la misma dignidad”.

Acusaciones

El vocal del Consejo de la Judicatura está acusado de no haber denunciado a los vocales Juan José Morillo y Ruth Maribel Barreno, tras la publicación de unos audios y que están judicializados, donde supuestamente piden a jueces que fallen a favor de la expresidenta de la Asamblea Nacional Guadalupe Llori en una acción de protección.

Según Murillo, el exasambleísta Ricardo Vanegas (PK) denunció el hecho ante la Fiscalía, y no tiene sentido volver a denunciar si el titular de la acción penal que es la fiscal ya tiene conocimiento del tema; además, en la acusación sostienen que no ha iniciado un expediente disciplinario, cuando la ley dispone que los vocales del Consejo de la Judicatura solo están sujetos a juicio político y no a un régimen disciplinario, como también es el caso de la fiscal general del Estado, el defensor Público general y todas las autoridades de control que no están sometidas a un régimen disciplinario como los demás servidores públicos y judiciales.

También se acusa a Murillo de no pagar la homologación salarial, es decir, una aspiración que viene desde el año 2007 para los servidores judiciales, pero el vocal de la Judicatura en sus argumentos indicó que para proceder a ese pago se necesita que el Ministerio de Economía y Finanzas otorgue un presupuesto extraordinario, y según el acusado realizó las solicitudes correspondientes.

Murillo manifestó que en su caso el proceso de juicio es una herramienta de persecución y que durante el proceso en el pleno demostrará la verdad.

La presidenta de la comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, aclaró que este juicio político fue presentado en el periodo pasado y que contó con las firmas del PSC, ID, Pachakutik, y no de la Revolución Ciudadana. Dijo que incluso en la solicitud de interpelación consta la firma del exlegislador y actual presidente de la República, Daniel Noboa.

Indicó que al momento escuchan los argumentos de parte del proponente del juicio y también de los enjuiciados, y después de aquello tomarán una decisión, pues el próximo martes concluirá la etapa de prueba y posterior a ello, se elaborará el informe y su aprobación en la comisión. Aguirre prevé que el informe estaría listo el viernes 16 de febrero.

La legisladora del correísmo aclaró que este juicio político no es ninguna persecución de la Revolución Ciudadana ni de ninguna otra bancada política e insistió que la resolución para que continúe el juicio apoyaron la moción las bancadas ADN, PSC y Construye, y que RC no votó.

La asambleísta Aguirre explicó las causales por las cuales están procesados Murillo y Morillo. La primera es por una supuesta arrogación de funciones, debido a que existe una sentencia de Corte Constitucional, donde el doctor Álvaro Román debía presidir el consejo, sin embargo, que no se lo permitió y fue discriminado.

La segunda causal, añadió, es por el tema de unos audios que se difundieron cuando la Asamblea Nacional trató el tema de Guadalupe LIori, y su posible destitución. Unos audios filtrados por varios medios de comunicación, donde se indicaba una conversación entre un juez y el doctor Juan José Morillo, quienes decían que por pedido del presidente de la República, en ese entonces, Guillermo Lasso, no se debía dar paso a que Guadalupe LIori salga de la Presidencia de la Asamblea, y se niegue un pedido de acción de protección.

El tercer tema se refiere a la homologación salarial, donde los funcionarios judiciales dicen que no se han homologado sus salarios y tampoco se han hecho las capacitaciones y cumplido con sus derechos laborales, donde se habría desatendido a las unidades judiciales, entre ellas, la de Manabí que no ha sido reconstruida tras el terremoto. (I)