Los abogados del teniente coronel José Luis Erazo y del teniente Rodney Rengel presentaron un pedido de medida cautelar urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que obligue al Estado Ecuatoriano a tomar medidas de precaución para la seguridad física tanto de ellos como de sus familiares, luego que recibieran amenazas por su participación en la investigación del caso denominado León de Troya, según informaron en una rueda de prensa, este 30 de agosto.

La investigación, desarrollada por la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacional, elaboró un informe en el que se señalaron supuestos vínculos entre la mafia albanesa y el empresario Rubén Cherres, quien era amigo de Danilo Carrera, cuñado del presidente de la República, Guillermo Lasso. Esta fue archivada.

A raíz de ello, sus abogados Juan Carlos Salazar y Stalin Raza expresaron que los oficiales “han sido perseguidos y hostigados por el Estado”, y que en lugar de ofrecerles ayuda y protección los han trasladado y expuesto a lugares con alto nivel de inseguridad.

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“A partir de que presentaron su informe en el que establecían estas vinculaciones entre la mafia albanesa y personas allegadas al Gobierno, ellos han sido objetos de una verdadera persecución y hostigamiento por parte del Estado. Fueron cambiados de la unidad donde estaban haciendo su investigación y fueron trasladados; a Guayaquil, el teniente coronel Erazo, y a Esmeraldas, al teniente Rengel, a sectores que son altamente sensibles por el nivel de violencia e inseguridad que existe, en lugar de protegerlos y darles medidas que garanticen su integridad les expusieron llevándoles a lugares donde estaban en riesgo su seguridad. (...)”, compartió Raza.

Agregó que luego de su traslado, ambos miembros recibieron amenazas directas, a través de sus celulares, para que no hagan público el informe y silencien el caso o atentarían en contra de su vida.

Por ello, Raza mencionó que presentaron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. No obstante, dice que hasta ahora no han tenido ningún trámite ni atención y que, en cambio, la institución inició una investigación contra los oficiales, por la cual allanaron sus oficinas con el propósito de “llevarse la información en los celulares y computadoras donde están los detalles de la investigación”.

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Según el abogado, la razón del allanamiento por parte de la Fiscalía es por un “presunto delito de difusión de información reservada”, pues, dice Raza, el organismo presume que los oficiales filtraron la información.

“La Fiscalía presume que el teniente Erazo o Rengel filtraron esta información que luego se hizo pública a través de los medios de comunicación, nada más alejado de la verdad. Ellos se han mantenido permanentemente en el anonimato y han buscado hasta el día de hoy mantener sus identidades y sus investigaciones bajo la reserva total porque saben precisamente el riesgo que corren al poner en evidencia esta información. (...)”, aseveró.

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Además señaló que la persecución al periodista Andersson Boscán, del medio digital La Posta, y el asesinato de Cherres, son hechos que preocupan a los oficiales y a sus familia ya que sigue la línea de un posible atentado contra sus vidas. Pues, dijo que hace tres días dos camionetas y tres motocicletas llegaron a la casa del teniente Rengel y dispararon para intimidar a su familia.

“Nosotros, la familia y los oficiales de policía tenemos preocupación de que en medio de un proceso electoral y como parte de ese proceso ellos puedan ser los siguientes en la lista. (...) Esa es la razón por la que ahora estamos presentando esta denuncia al país, responsabilizando por la seguridad de ellos y sus familias al Gobierno, al Estado y a la Policía Nacional y a los órganos de seguridad que en lugar de darles seguridad se han dedicado a perseguirles”, expresó Raza.

Asimismo, Salazar comentó: “Realmente es grave que dos oficiales a cargo de una investigación tan sensible y depositarios de información tan grave la presenten pertinentemente a los órganos regulares y lejos de encontrar tutela y protección de ellos, encuentran su espalda y no solo aquellos sino que luego de ese evento son perseguidos y la integridad de ellos y su familia se encuentra en riesgo. Cuál es la razón de ser de esta rueda de prensa no es abanderar absolutamente un tema ni mucho menos sino visualizar un drama que están viviendo dos familias que se enfrentan a una estructura extremadamente fuerte y grande que desgraciadamente está enquistada ya en las esferas gubernamentales. (...)”.

Los abogados aclararon que como los oficiales en servicio activo no darían declaraciones públicas porque podrían ser sancionados, por ello Ericka Mena, esposa de Erazo, y Orlando Rengel, papá de Rengel, fueron los que denunciaron las amenazas.

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“Mi esposo al igual que los agentes investigadores no son responsables de que hayan cerrado esta investigación, pero lamentablemente no sabemos qué está pasando, no confiamos en la justicia y responsabilizo al Gobierno de lo que le pase a mi esposo. No quiero ser la próxima viuda, no quiero que mis hijas pierdan a su padre, es duro decir esto, pero mi esposo es el siguiente en la lista. Me veo en la obligación de hacer público esto porque no hemos tenido el respaldo que buscamos. (...)”, expresó Mena. (I)