Danilo Carrera y Rubén Cherres lideraron una organización criminal en el caso Encuentro, según la Fiscalía

La Fiscalía llevó 18 cajas llenas de documentos a la audiencia de formulación de cargos del caso Encuentro, celebrada este 24 de noviembre. La fiscal Luzmila Lluglla Gavilanes presentó 28 evidencias y señaló a Danilo Carrera Drouet, cuñado del expresidente Guillermo Lasso Mendoza, y a Rubén Cherres Faggioni, asesinado en marzo pasado, como los líderes de una organización criminal que habría sacado provecho económico ilegalmente de tres instituciones públicas: la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), el Servicio Nacional de Aduanas (Senae) y BanEcuador.

Noticias relacionadas

Fiscalía unifica en un solo proceso los casos Encuentro y León de Troya

Informes del caso León de Troya colocaron al descubierto relaciones que el albanés Dritan Rexhepi mantenía en Ecuador

Caso Encuentro: audios filtrados dibujaron un entramado de corrupción en empresas públicas del sector eléctrico, en el que la Fiscalía cree que existe delincuencia organizada

La fiscal también nombró a quienes habrían sido los colaboradores y ejecutores de esa red. En el primer grupo incluyó a Hernán Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Pública Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO), y a Antonio Icaza Morla, exgerente de la CNEL. Y en el segundo señaló a Nain M. V., Leonardo C. A., Roberto B. Z., Jorge O. C. y Julio L. B.

Lluglla imputó a los ocho involucrados como autores directos del delito de delincuencia organizada. En principio, pidió prisión preventiva en contra de todos, pero luego hizo una salvedad con Danilo Carrera y Antonio Icaza, pues son de la tercera edad. Contra estos solicitó arresto domiciliario.

La solicitud se realizó ante el juez Renán Andrade Castillo, de la Unidad de Garantías Penales Especializada para el Juzgamiento de Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, quien dirigió la audiencia.

La fiscal sustentó su solicitud debido al temor que existe de que los procesados se fuguen y no puedan ser sentenciados, ya que el delito imputado no se puede juzgar en ausencia. Afirmó que Hernán Luque, Leonardo C. A. y Jorge O. C. ya no se encuentran en el país, de acuerdo con sus registros migratorios, y que el resto tiene constantes viajes al exterior.

También pidió que se retengan las cuentas bancarias, pólizas e inversiones financieras de los ochos involucrados y que se prohíba la enajenación de sus bienes por un monto total de $ 8′350.000, para asegurar el pago de posibles multas y reparaciones al Estado, en caso de que llegaran a ser declarados culpables.

Al respecto, uno de los abogados de Danilo Carrera cuestionó a la fiscal cómo llegó a establecer ese monto. Ella contestó que logró establecer que ese habría sido el beneficio económico de los imputados, según se escucha en los audios recabados dentro de la investigación. La respuesta causó el rechazo de todos los abogados defensores, pero inmediatamente el juez solicitó respeto.

Gran parte de los elementos presentados por la fiscal fueron audios de conversaciones de varios involucrados, pero no solo entre ellos sino con otras personas que no fueron identificadas. Lluglla citó los peritajes técnicos donde constan esos diálogos. Varios de esos audios ya fueron revelados por el portal digital La Posta, cuyas publicaciones provocaron el inicio de las investigaciones judiciales.

Un diálogo fue extraído de una grabadora que, según la Fiscalía, pertenecía a Antonio Icaza y fue encontrada en uno de los allanamientos. Otros audios, en cambio, corresponden a interceptaciones telefónicas y a seguimientos realizados por agentes policiales.

Entre las conversaciones leídas por la fiscal estuvo una en la que se habla sobre las gestiones para un ascenso del general de Policía Víctor Arauz y, en otra, en la que se recomienda la designación de Bernardo Manzano como ministro de Agricultura. Él estuvo al frente de esa cartera entre mayo de 2022 y febrero de 2023.

La fiscal también leyó un diálogo en el que se dice que se cobraba entre $ 30.000 y $ 100.000 por puestos de trabajo en Manabí del Banco Nacional de Fomento, que se encuentra en liquidación.

Gustavo García, abogado de Leonardo C. A., recalcó que en los audios presentados por la fiscal Lluglla se menciona a más personas que no están siendo procesadas en el caso. “Inclusive nombran al expresidente de la República (Guillermo Lasso). Desde esa perspectiva, tenemos que estar claros que los sospechosos investigados son muchos más de los que estamos en este momento en esta audiencia”, manifestó a varios periodistas.

También señaló que la Fiscalía no tiene nada en concreto en contra de su cliente, sino solo una entrevista que él dio a un periodista. “Esa entrevista se dice que no es completa, que ha sido fraccionada, lo cual para términos periodísticos puede servir, pero para términos probatorios no sirve porque la prueba es indivisible”, afirmó. Y recalcó: “Mi cliente no tiene ninguna participación”.

Por su parte, Hugo Espín, abogado de Roberto B. Z., calificó como apresurada la formulación de cargos, pues indicó que aún está pendiente de ingresar y procesar información importante dentro del expediente judicial. Cuestionó que la Fiscalía haya imputado a su cliente con un papel que, según afirmó, no ha sido periciado.

También rechazó que la Fiscalía haya pedido prisión preventiva en contra de su cliente, pues afirmó que él regresó al país apenas se iniciaron las investigaciones judiciales y ha cooperado con ellas.

Hasta el cierre de esta nota, la audiencia seguía su curso y el juez Renán Andrade aún no decidía sobre el pedido de Fiscalía con respecto a las medidas cautelares en contra de los procesados. (I)