En los cinco meses que lleva en funciones el gobierno del presidente Daniel Noboa, el manejo de la política exterior ha sido cuestionado en varios momentos.

El punto más álgido es la ruptura de relaciones diplomáticas con México por ingresar a su Embajada en Quito para capturar a Jorge Glas y que derivó en un pedido de medidas cautelares ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que se trató este 30 de abril y 1 de mayo.

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La postura de Ecuador en la audiencia pública ante la CIJ ha sido calificada como firme, clara y de altura, a diferencia de hechos como la designación de la vicepresidenta Verónica Abad para un cargo diplomático de mucha complejidad; la fallida entrega a Washington de armamento ruso calificado como “chatarra” y la intención de nombrar como embajadora en EE. UU. a una funcionaria que no cumple con la edad, que cuando ocurrieron fueron ampliamente criticados.

La vacancia que aún existe en la Embajada de Ecuador en Estados Unidos podría solucionarse si se da paso en la Asamblea Nacional al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Movilidad Humana, en el que está la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Servicio Exterior para reducir de 35 a 30 años la edad mínima para el ingreso a la carrera diplomática.

Si la edad disminuye, Soledad Peña tendría luz verde para ser la embajadora de Ecuador en Estados Unidos. Actualmente es la encargada de negocios provisional de la sede diplomática en ese país.

Con ello, Peña sería parte de la cuota política que Noboa ha colocado en las diferentes sedes diplomáticas. La canciller Gabriela Sommerfeld reiteró que la iniciativa para reducir la edad no viene desde el Gobierno y que es totalmente legislativa.

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Asimismo, explicó que el 20 % de los cargos diplomáticos en el exterior los puede nominar el presidente de la República, lo que pasa a considerarse como un cargo político.

“El presidente Noboa no ha hecho uso más de un 10 % hasta el día de hoy, siendo el mandatario que menos designaciones políticas ha tenido en su periodo. En las últimas cuatro administraciones, dos presidentes (Rafael Correa y Lenín Moreno) superaron esa cantidad incumpliendo la ley. El presidente anterior (Guillermo Lasso) alcanzó esta cantidad y el presidente Noboa cuando me designó me dio la orden de fortalecer la institución y eso es lo que hemos hecho”, reveló la canciller.

Santiago Carranco, doctor en Estudios Internacionales y coordinador del Irlab de la UIDE, comenta que más allá de una reforma para disminuir la edad de los embajadores los cambios legales que son necesarios en materia diplomática deben ir también en pro de los intereses estatales, como reducir las cuotas políticas o que estas tengan requisitos mínimos.

“En Ecuador tenemos ya doctorados en relaciones internacionales, el desarrollo de las escuelas ya va a datar de treinta años, hay cuerpos colegiados de internacionalistas que pueden discutir y colaborar en este tema, es decir, no hay una falta de profesionales y caemos en lo que históricamente vemos, que los puestos diplomáticos se utilizan como moneda de cambio de los gobiernos”, menciona.

Haciendo un repaso sobre los hechos y decisiones tomadas por el Gobierno en materia de política exterior, Daniel Crespo, experto en relaciones internacionales y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, considera que han existido desaciertos desde el día uno que han reflejado “una mezcla de desconocimiento, improvisación y hasta un poco de imposición”.

“Empezamos con la designación de la vicepresidenta como embajadora por la paz en el contexto del conflicto de Israel en la Franja de Gaza, cuando ese cargo no existe, y para reacomodar su declaración inicial, terminó nombrándola embajadora ante el Estado de Israel... luego vino lo que podemos llamar la polémica en torno a la chatarra rusa, dentro del contexto de la cooperación con los Estados Unidos por la donación de un avión con cerca de 50 años y que no va a poder volar más allá de cinco o seis y estuvimos a punto de perder un mercado valiosísimo”, refiere.

Otro desacierto que Crespo considera que ocurrió en materia diplomática fue la salida del embajador Hernán Pérez como delegado permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas y que estaba listo para ocupar la presidencia del Consejo de Seguridad, y que cuando entró en funciones Noboa decidió reemplazarlo por José De La Gasca.

“Cuando se hizo el reemplazo era obvio que la nueva persona no iba a contar con la capacitación suficiente para el caso. Sin embargo, el presidente tomó la decisión de que el cambio sea inmediato y eso también generó cierta disconformidad especialmente entre los delegados de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad”, comenta.

Carranco coincide y dice que ese reemplazo hizo que Ecuador pierda una oportunidad muy importante al tener la presidencia del Consejo de Seguridad en diciembre pasado.

“Tenemos un problema de seguridad aquí en Ecuador y no hicimos ninguna propuesta para combatir el crimen regional. Daniel Noboa dio un excelente discurso cuando asumió la Presidencia, pero quedó en la nada y no se concretó nada. No sé si por falta de voluntad política o por una falta de capacidad de quien en ese momento presidió el Consejo”, menciona.

Todos estos hechos ocurridos en el actual Gobierno, dice Carranco, hacen que sea necesaria una verdadera “democratización de la política exterior” ecuatoriana.

En tanto, ahora la atención se centra en la resolución que emita la Corte Internacional de Justicia sobre el pedido de medidas cautelares. Lo que determine el organismo será clave para el cruce de demandas presentadas por ambos países, procesos para los que aún no existe fecha de inicio del trámite, el cual podría tomar años.

Ecuador presentó sus alegatos en la Corte Internacional de Justicia el 1 de mayo en el marco del pedido de medidas cautelares hecho por México. Foto: EFE

Ecuador pidió a la corte que rechace la demanda de medidas cautelares alegando que México “no ha demostrado urgencia alguna para la indicación de medidas provisionales en el sentido de que no existe un riesgo real e inmediato de daño irreparable a los derechos que busca proteger”.

La demanda de Ecuador se formalizó el lunes 29 de abril. Acusa a México de incumplimiento de sus obligaciones establecidas en el derecho internacional. En particular, cuestiona el uso indebido de las dependencias de la Embajada para proteger al exvicepresidente Glas de la acción de la justicia ecuatoriana, haberle concedido asilo y, además, interferir en asuntos internos del país.

Mientras, en la demanda de México, que se puso en la segunda semana de abril, se exigen puntos como que se reconozca que Ecuador violó sus obligaciones internacionales al entrar por la fuerza a la Embajada en Quito. Se ordene reparar integralmente a México por el daño sufrido. Suspenderlo como miembro de la ONU hasta que no emita una disculpa pública.

Más allá de que el inicio de las demandas se concrete, Carranco hace énfasis en que el ingreso de Ecuador a la Embajada de México será una mancha en la historia que lo perseguirá por varios años y que en ciertos momentos claves dentro de multilaterales se recordará que el país “violó el derecho internacional público” y que eso puede ser determinante para cualquier decisión.

“Es incalculable lo que nos costó lo que ocurrió la noche del 5 de abril, es algo con lo que el país y los ecuatorianos van a llevar con ellos por muchos muchos años”, apunta. (I)