El asambleísta Héctor Valladarez González, representante de Zamora Chinchipe por la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), es el proponente de un segundo juicio político en contra de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, en cuyo expediente constan tres acusaciones.

Pero el mismo patrocinador afirma que no tiene la prueba de la tercera acusación, sino evidencias difundidas en redes sociales, como chats que publicó el exlegislador de RC Ronny Aleaga, procesado por delincuencia organizada en el caso Metástasis y prófugo de la justicia.

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¿Cuáles son las principales acusaciones que hacen en este juicio político en contra de la fiscal general, Diana Salazar?

Hemos podido documentar, con suficiente prueba, al menos dos causales de incumplimiento de funciones de la fiscal.

¿Cuáles son esos incumplimientos?

El primero está relacionado con la inacción en potenciales casos de lavado de activos. La UAFE, en el periodo 2019-2022, emite 79 reportes de operaciones inusuales e injustificadas, que se convierten, según la ley, en prueba. La fiscal en este periodo apenas inició procesos investigativos en doce casos, la gran mayoría, 87, quedaron totalmente archivados.

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Pero en el día de la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, la fiscal señaló que son 242 casos de operaciones inusuales que se conocieron.

Al menos eso está en los informes de rendición de cuentas de la UAFE. Y esos documentos los hemos podido obtener de manera oficial, eso es lo que dicen los documentos, yo lo que me refiero es a la documentación existente. De esos doce casos apenas cinco terminaron en una sentencia.

¿Cuál es la otra acusación?

Es el caso del ciudadano Carlos Pareja Cordero. El famoso caso Capaco, que todo el país conoció en el 2016. La Fiscalía inicia el proceso investigativo penal por un presunto lavado de activos. Desde el 2016, estamos en 2024 y ese caso sigue en el limbo.

Pero sobre este caso ya hubo una sentencia judicial.

No es que hubo una sentencia, lo que hubo fue una acción de la defensa a través de la cual declararon nulo el caso. Lo declaran nulo en la Corte de Justicia de Guayas porque en el proceso investigativo la Fiscalía, con la fiscal en funciones, cometió una serie de irregularidades que determinaron esa nulidad. La señora fiscal en su competencia tenía que retomar el caso y no lo hizo.

¿A su criterio tenía que motivarse una nueva investigación?

Exacto, tenía que proceder para continuar con el proceso. No lo hizo y a través de este proceso el señor Pareja Cordero recupera los bienes incautados, el dinero incautado. Y ese caso sigue en el limbo, sigue en la indefensión del Estado ecuatoriano. Eso hace presumir la inacción y el incumplimiento de funciones de la señora fiscal. Y un tercer elemento, que no tenemos documentación oficial, porque por eso no lo he dicho, porque siempre me gusta hablar ya con la prueba. Lo que tenemos es documentación de redes sociales en donde el señor (Ronny) Aleaga informa que la señora fiscal le compartió información confidencial de casos delicados, como Metástasis y demás.

¿Sobre este último caso usted no tiene la prueba?

Nosotros lo que hemos pedido en la solicitud de juicio es que se oficie a la empresa que supuestamente perició toda esta información. Que se oficie a las autoridades de Estados Unidos para que informen si efectivamente esa empresa tiene las credenciales autorizadas para hacer ese trabajo profesional. Y una vez que tengamos esa información real, obviamente que se convertiría en una nueva causal, porque la fiscal no podía de ninguna manera compartir información de esta naturaleza tan importante y confidencial a un tercero que no tiene nada que ver.

Pero sobre esta acusación, la tercera, ¿usted tiene o no la prueba?

Lo que tenemos son todas las evidencias de redes sociales, de Twitter y demás redes sociales donde el señor Aleaga informa el nombre de la empresa que perició, que ya está con las certificaciones. Y esa documentación lamentablemente no la pudimos obtener y hay que obtenerla desde la Asamblea como institución. Y eso es lo que estamos planteando en el proceso.

¿Pero esa pericia corresponde a una compañía privada?

Exacto.

¿Entonces tendría que periciarse aquí en Ecuador?

Justamente esos detalles ya de carácter más técnicos y jurídicos he pedido que se los pueda determinar desde ya la instancia que es la Asamblea Nacional.

¿Es decir, en este juicio se agregan chats como pruebas?

Como indicios de que hay que hacer una investigación más profunda en donde se pueda determinar si efectivamente lo que dice el señor (Ronny) Aleaga es correcto, si es la verdad. Y para eso tenemos que obviamente determinar si esa empresa privada tiene las credenciales para que haga ese tipo de pericia. Porque si no, sería una información que no tendría ninguna validez jurídica.

¿Es decir, será la Asamblea Nacional quien pruebe esta acusación?

Será el proceso de juicio una vez que ya el CAL resuelva y deberá resolver si lo incorpora al juicio que ya está en marcha o si lo pone en cola como un nuevo juicio. Entonces, cuando eso pase, procederemos ya de manera oficial a solicitar a las autoridades de Estados Unidos que nos den la información oficial. Si esta empresa efectivamente tiene las credenciales y hay que determinar todas las partes técnicas. Ese tema todavía tenemos que trabajar.

¿Con todo lo dicho, en la última acusación del juicio presentado por usted no cuenta con la documentación fidedigna?

Exacto, no contamos con la documentación oficial como sí la contamos de los otros dos casos. Y por eso yo me he referido a esos dos casos, porque sí tenemos información oficial que viene de las instituciones a las cuales hemos hecho referencia.

Pero dentro de la presentación de un proceso de juicio político se debe agregar la prueba en la solicitud, ¿usted no agregó la prueba?

Lo que hemos dicho es que en el proceso de las pruebas que se hagan, estas diligencias también se pueden hacer. Las diligencias que estamos mencionando en este momento.

¿Las diligencias son distintas a las pruebas?

Exactamente.

¿Con cuántas firmas presentó la solicitud de juicio?

Con las firmas de mi bancada. La bancada apoyó mi solicitud. El número exacto no lo tengo porque eso es cuestión ya de mi equipo técnico.

¿Usted no sabe el número de firmas con las que solicitó el juicio político?

Exactamente no, pero es de la bancada de la Revolución Ciudadana. Eso hay que dejarlo absolutamente claro. La bancada, en nuestras sesiones semanales que tenemos, tomamos la decisión de respaldar mi pedido. Y todos los compañeros que estuvieron en el pleno aquel día firmaron. Y obviamente cumplimos el mínimo porque somos 48, menos los asambleístas que están en la Comisión de Fiscalización y menos los que están en el CAL. Nos ajustaba tranquilamente para cumplir el requisito legal correspondiente.

¿Con este juicio la idea es que el CAL califique la solicitud y se agregue al actual expediente que está en curso?

Lo lógico, lo eficiente sería que eso pase. Pero no podemos adelantar criterio porque eso ya es decisión exclusiva del CAL. El CAL, en función de su competencia, decidirá, primero, si lo califica. Segundo, si lo califica, si lo incorpora al proceso de juicio político que ya está en trámite. O si lo pone en cola para que sea un nuevo juicio político. Y a eso yo no puedo opinar.

¿Pero cuál es su aspiración?

Yo al menos diría que pase lo primero. Porque eso es lo más eficiente. Para que se incorporen estas dos causales adicionales.

¿Pero no son tres las acusaciones?

Claro, son tres, pero la última con la investigación correspondiente del caso. (I)