Asilo político, una figura creada para proteger a los perseguidos de las dictaduras que va ‘desnaturalizándose’

Aunque no se conoce una cifra exacta de ecuatorianos que tienen la condición de asilados en otros países, se sabe de al menos 25 figuras políticas que usaron el asilo, en algunos casos, porque se les inició procesos judiciales, y en otros, por persecuciones. El conflicto diplomático entre Ecuador y México escaló a una ruptura de relaciones diplomáticas y ha abierto una discusión sobre la necesidad de actualizar las convenciones de asilo para evitar su desnaturalización.

El 10 de abril último, en el seno de la OEA, 29 países miembros condenaron enérgicamente a Ecuador por haber ingresado a la sede de México en Quito para detener a Jorge Glas Espinel, sentenciado por cohecho y asociación ilícita. Desde el 17 de diciembre de 2023 se alojó en la embajada de ese país, hasta que el 5 de abril le concedieron asilo al concluir que es un perseguido político.

Horas antes, estaban rotas las relaciones entre los dos países, cuyo antecedente fueron las declaraciones del presidente mexicano, Andrés López Obrador, que criticó las elecciones presidenciales de 2023, en las que Daniel Noboa fue electo.

Noboa declaró persona non grata a la embajadora en Quito, Raquel Serur, y la noche del viernes se produjo la incursión ante las alertas de una posible huida de Glas.

La institución del asilo está reconocida en la Convención de Caracas de 1954 por los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y está considerada para aquellas personas perseguidas por motivos o delitos políticos, pero no por actos de delincuencia común.

Tras 70 años de su vigencia, esta condición jurídica abrió el debate en los líderes del continente americano y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) luego que, el 5 de abril de 2024, el Gobierno ecuatoriano de Daniel Noboa Azín dispuso una operación policial que ingresó a la Misión Diplomática de los Estados Unidos Mexicanos para capturar a un exvicepresidente sentenciado por delitos contra la Administración pública y al que se le dio asilo político: Jorge Glas Espinel.

Antes de Jorge Glas, ¿qué otros ecuatorianos llegaron a México con asilo político?

Como efectos de esta decisión, las dos naciones rompieron relaciones bilaterales; Ecuador enfrenta una denuncia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la ONU (CIJ-ONU); y, aunque ninguno de los países de América Latina y Europa respaldó su decisión, hay una discusión sobre la necesidad de actualizar este instrumento para evitar su desnaturalización.

El excanciller Mauricio Gándara recordó que Latinoamérica se caracterizaba por tener Gobiernos dictatoriales, sobre todo militares, que perseguían a sus opositores políticos, lo que dio paso a la firma de la Convención de Caracas.

Sucedió cuando la dictadura del general Manuel Odría en Perú “se lo quería comer crudo a Víctor Haya de la Torre, fundador del Partido Aprista Peruano (APRA), y tuvo que refugiarse en la Embajada de Colombia por cinco años. Esto dio origen al Caso Haya de la Torre y se formalizó el Tratado de 1954″, narró Gándara.

En la actualidad, con regímenes democráticos, su uso parece alterarse. La Convención reconoce el derecho de un Estado a conceder asilo, pero “no está obligado a otorgarlo ni a declarar por qué lo niega”.

Se dice que “no es lícito conceder asilo a personas que se encuentren inculpadas o procesadas ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes, o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido las penas respectivas, ni a los desertores de fuerzas de tierra, mar y aire, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente el carácter político”.

No obstante, permite que el Estado asilante califique la naturaleza del delito o de los motivos de la persecución. Es decir, queda a discreción de un país.

He ahí la contradicción, dice Gándara, pues, si bien no se puede dar asilo a delincuentes comunes, al mismo tiempo deja que un Estado puede calificar si es persecución política o delincuencia común.

Para Gándara, lo ocurrido con México fue una trampa: “El presidente López puso en duda la legitimidad del Gobierno de Ecuador y este cayó en la provocación”.

El Ecuador adoptó esta medida que no ha sido aceptada por nadie y por una sola razón: cada uno tiene que defender la integridad de las delegaciones, sino todo Gobierno podría entrar en las embajadas, reflexiona el diplomático.

El internacionalista Carlos Estarellas cree que hay que mejorar o actualizar la Convención, aunque requerirá de varios años y de la voluntad de los países.

“Lo ideal es que los Gobiernos respeten las convenciones. Nunca puede asegurarse el comportamiento de las autoridades, porque lo lógico es que cumplan las normas”, dijo.

Hay un llamado a la reflexión. El embajador de Perú en la OEA, José Luis Sardón, propuso este 10 de abril aplicar de buena fe la Convención de Caracas.

“Si bien le corresponde al Estado asilante determinar si los hechos revisten, está el de no conceder asilo a personas procesadas por tribunales competentes. Los tratados deben interpretarse de buena fe, que la protección sea para las personas que resulten ser realmente perseguidos políticos”, expresó el diplomático.

El expresidente ecuatoriano Jamil Mahuad Witt apunta a que las convenciones actuales son normas “insuficientes” que requieren ser actualizadas, porque el principal problema es el narcotráfico, opinó en una entrevista en la cadena CNN, el 11 de abril.

Casos de asilo concedidos a ecuatorianos

De Ecuador se conocen casos como los de Julio Viteri Ungaretti, un oficial de la Armada Nacional que denunció actos de corrupción en compras públicas a finales de los 90. El Reino Unido le concedió asilo en 2002 al confirmarse que recibía amenazas que “demostraban un verdadero deseo de venganza”.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Ecuador por violar sus derechos humanos en marzo de 2024.

Pablo Guerrero Martínez, quien fue procesado por terrorismo y boicot tras irrumpir en el canal Ecuador TV, en la revuelta policial del 2010, se asiló en Praga (República Checa) hasta que su proceso prescribió en el 2017.

El general de la Policía Édgar Vaca (+), que tuvo asilo en Estados Unidos en el 2017, al señalar que era un perseguido político en el gobierno de Rafael Correa, enfrentó procesos legales en el contexto de las actividades del grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC).

Políticos acusados por delitos contra la Administración pública:

• Alberto Dahik Garzozi, exvicepresidente de la República, se asiló en Costa Rica en 1995, acusado de mal manejo de fondos reservados.
• Abdalá Bucaram Ortiz, expresidente que se asiló en Panamá en 1997, acusado de malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y otros.
• César Verduga Vélez, exministro de Gobierno de Bucaram, encausado por presunto mal manejo de fondos reservados. Obtuvo asilo en México y luego se nacionalizó.
• Jamil Mahuad Witt, expresidente, fue acusado de ocasionar la crisis bancaria de 1999. Es profesor en Estados Unidos y desde entonces no volvió a Ecuador.
• Gustavo Noboa Bejarano (+), expresidente acusado de un supuesto mal manejo de la deuda externa, se asiló en República Dominicana en el 2003. Se le concedió la amnistía en el 2008 en la Asamblea Constituyente.
• Lucio Gutiérrez Borbúa, expresidente, se asiló en Brasil y Colombia al ser destituido por el Congreso Nacional. Volvió a Ecuador y fue encarcelado por sedición. Finalmente, se lo sobreseyó.

De la década del correísmo:

Rafael Correa Delgado, expresidente entre el 2006 y 2017. Reside en Bélgica, en donde tiene la condición de refugiado, pues es solicitado por la justicia de Ecuador, sentenciado por cohecho en el caso Sobornos y otros procesos legales en ciernes.

En tanto él está en Europa, sus coidearios políticos se asilaron en México. Entre estos, dirigentes del movimiento Revolución Ciudadana (RC) que fueron asambleístas y ministros, como Gabriela Rivadeneira y Ricardo Patiño, Luis Molina, Soledad Buendía y su esposo, Edwin Jarrín; Carlos Viteri y su esposa, Tania Pauker, que salieron de Ecuador investigados por su participación en las protestas sociales e indígenas del 2019 en contra del expresidente Lenín Moreno Garcés.

Viviana Bonilla y Walter Solís, exministros, ella con asilo y él refugiado en México, por el caso Sobornos.

La exministra María de los Ángeles Duarte, que se asiló en la Embajada de Argentina en Venezuela, en el 2023, donde están también los autoexiliados hermanos Fernando y Vinicio Alvarado, requeridos por la justicia.

El exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa, que obtuvo un carné de refugiado en México en el 2019; previamente, solicitó asilo político en Bolivia. En Ecuador enfrentaba una acusación por presunta falsificación ideológica.

También el político y expresidente del IESS en el periodo de Correa Ramiro González buscó refugio en Perú, investigado por defraudación tributaria.

En tiempos de revoluciones y dictaduras

Mucho tiempo atrás, por 1944, el expresidente Carlos Arroyo del Río se asiló en Colombia en el marco de la Revolución del 28 de Mayo o La Gloriosa, como se la conoció.

Según Estarellas, además de Arroyo, hubo otros magistrados que se asilaron en Argentina, Cuba, Perú y otros países.

Eran tiempos de revoluciones y dictaduras, pero en la actualidad, dice el catedrático, es la ideología de ciertos gobernantes la que está sobre las convenciones, y que con sus “intereses políticos no se aplican correctamente”.

“La Convención dice que no se puede dar asilo a delincuentes comunes; pero, si se lo otorga a quien no debe, se está cometiendo un error. Y sí, es verdad que el Estado donde van es el que califica, pero no puede calificar en contra de plena prueba. Ese es el error”, señaló. (I)