La proforma presupuestaria del 2023, que apenas ha empezado a conocerse en la Asamblea Nacional para su aprobación, recibió un golpe fuerte estos días tras conocerse que la venta del Banco del Pacífico fue declarada desierta. Esto porque en dicha proforma se había contemplado que el fisco recibiría unos $ 200 millones de la utilidad de dicha venta. Esto ya no ocurrirá.

Pero lo sucedido con el Pacífico, es apenas una muestra de las debilidades que tiene el presupuesto del Estado, opina Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF). Para el experto hay otros rubros, que también están registrados como ingresos no tributarios, que no tienen certeza de que se concretarán.

En el justificativo de la proforma 2023, el Gobierno también espera recibir unos $ 200 millones por la renovación del contrato con Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y se toman en cuenta unos $ 101 millones más como parte de los contratos con las telefónicas Otecel y Conecel.

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En ese documento oficial, el ministerio recuerda que el Estado ecuatoriano suscribió ese contrato en 2003 “cuyo vencimiento es el 12 de enero de 2024″. También refiere que OCP Ecuador ha presentado al Ministerio de Energía su interés de permanecer en Ecuador, por lo cual ha solicitado la ampliación del contrato de concesión dentro del cual “se solicitará un aporte inicial para el ejercicio fiscal 2023 de aproximadamente de $ 200 millones”.

Además asegura que el Estado ecuatoriano se encuentra en el proceso de renegociación de los contratos de concesión del espectro, lo cual implica la prestación de servicios móviles avanzados (SMA) por parte de las empresas telefónicas Otecel (Movistar) y Conecel (Claro). El ministerio indica que estos contratos contendrán los términos y condiciones de los derechos de concesión en los ámbitos económico, técnico y jurídico, relacionados con el mejoramiento de la conectividad y reducción de la brecha digital en el Ecuador, “aspectos que se comprometerán a cumplir las operadoras telefónicas a partir del año 2023″. Además indica: “Por este concepto se estiman ingresos por renovación de contratos de concesiones de telecomunicaciones por un valor aproximado de $ 101 millones”.

Para Carrera, al momento resulta claro que habría al menos unos $ 500 millones en el presupuesto que no son seguros, en el tema de transferencias. El primero y más evidente, el del Banco del Pacífico, del cual se esperaban $ 200 millones de la utilidad de la venta. Considera que a más del hueco en el presupuesto, el fracaso de esta venta desnuda la realidad de lo difícil que es para el país en estos momentos recibir inversión extranjera. Explica que a pesar de que es un banco sólido y que produce utilidades, con el riesgo país tan alto la rentabilidad que buscarán los inversores será de al menos el 20 %. Esto porque el riesgo está en el 14 % (1.400 puntos).

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Pero además considera que es poco serio esperar un adelanto de otros $ 200 millones de la renovación del OCP, si el contrato recién se debe renovar en enero del 2024. Sobre el rubro de las telefónicas dice que podría ser más seguro, porque la renovación de las concesiones sí se concretaría, sin embargo, hace ruido contar ya con estos recursos.

Carrera considera que desde hace varios años se viene abusando de la herramienta de la monetización. Explica que, por ejemplo, en varios presupuestos o proformas se ha puesto la venta de Sopladora. Además asegura que en gobiernos anteriores también se sobreestimaban ingresos y se subestimaban gastos.

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Así al final del ejercicio los déficit anuales crecían cada vez más: “esa fue la cadena de la destrucción fiscal”. Explica que tras la dolarización se generó una ley de responsabilidad fiscal que establecía que en los presupuestos no se podían colocar ingresos que no fueran realmente viables, pero este tipo de legislación y buenas prácticas fueron eliminadas en el correato.

El ministro Pablo Arosemena, en un conversatorio con medios en Guayaquil, consideró que el OCP es una exitosa alianza público privada y que esta ha recibido el interés en las empresas de continuar. “Las empresas han dicho que quieren renovar el contrato, que quieren poner $ 200 millones”, dijo el ministro. Y aseguró que de todas maneras el Gobierno se reserva el derecho de abrirlo para que vengan otras empresas también a participar. En este sentido Arosemena dijo que no le ve problema ni riesgo el haber incorporado este rubro en el presupuesto: “Me consta que hay empresas interesadas en entrar o en renovar”, indicó.

En cambio, sobre el tema de las telefónicas, dijo confiar en que el tema va avanzando positivamente, pues se hace un monitoreo y las autoridades del ramo le reportan que todo va bien.

Alberto Acosta Burneo, editor de la publicación económica Análisis Semanal, lamenta que ese rubro de monetización -que es incierto- se coloque en las proformas. Explica que los gobiernos lo colocan considerando que posiblemente no se cumpla, pero como una forma de hacer cuadrar los números. Pero al no cumplirse, se cae en atrasos y más endeudamiento. Reflexiona que el tema del endeudamiento se ha vuelto cada vez más de difícil acceso para el país.

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Entre tanto, Olga Núñez , subsecretaria de Economía, resumió que en un país dolarizado como el nuestro, al momento hay ingresos tributarios importantes, los petroleros que son insuficientes, pues llegan a $ 3.000 millones y reflexionó en que las posibilidades de financiamiento son escasas. En este sentido, dijo que las opciones para financiar un gasto inflexible son o más deuda o vender activos.

El ministro Arosemena, que considera que el hueco que se ha dejado por la falta del proceso de venta del Pacífico (que hubiese arrojado una utilidad de $ 200 millones) puede compensarse con venta de otros activos o con un nuevo proceso de venta, ha mencionado que Inmobiliar tiene activos o bienes por unos $ 450 millones. (I)