Pese a que la defensa de uno de los sentenciados en el denominado caso Pases Policiales pide al ministro del Interior César Navas y al comandante de la Policía Nacional Ramiro Mantilla que revisen todos los elementos recabados en las 35.000 fojas que hace el expediente del caso, la fiscal de Pichincha y fiscal general subrogante Thania Moreno defiende lo actuado y ratificado en las dos instancias del proceso.

Hugo Espín, abogado de Daniel Gutiérrez, teniente sentenciado a siete años de cárcel y dado de baja de las filas policiales, pidió al Ministerio del Interior que conforme una comisión para investigar de forma transparente los hechos. Funcionarios de esa secretaría de Esatdo, Policía, presidencia de la República y Contraloría formarían parte de la comisión solicitada.

Espín cree que el caso está mal investigado pues, según él, los 1.317 nombres que hacen parte del listado de uniformados que pagaron por un pase, no corresponderían a la realidad. Está convencido de que Mantilla, así como otros oficiales que conforman el Consejo de Generales de la Policía, y que estarían en la lista que es parte del expediente judicial, nunca pagaron por un pase, pues no tenían la necesidad de hacerlo por su jerarquía en la institución.

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La fiscal niega la existencia de errores en la investigación y aclaró que hay una sentencia de culpabilidad que ha sido ratificada en dos instancias, es decir -asegura- pasó un control jurisdiccional que no ha indicado que existen errores o vacíos en el trabajo de Fiscalía.

Agregó que son los jueces los que califican las investigaciones y los procesos, mas no las partes (Fiscalía o acusados). En lo referente al pedido que hacen al Ministerio del Interior y a la Comandancia de la Policía, Moreno apuntó que la defensa del procesado, en la parte administrativa, pueden pedir lo que consideren pertinente.

"Si uno solo de estos 1.317 uniformados del listado no pagó por su pase, el caso debe ser revisado y judicialmente analizadas sus consecuencias. (...) Pero si dicho listado es cierto y todos quienes aparecen ahí pagaron por un pase, este sería el acto de corrupción de mayor trascendencia no investigado dentro de la Policía", dijo Espín.

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Moreno explicó que existen varias investigaciones abiertas relacionadas a los hechos del caso. Por ejemplo, recordó que el 30 de noviembre próximo formulará cargos en concurso real de infracciones por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Informes de Contraloría estarían en manos de Fiscalía para sustentar el enriquecimiento ilícito.

Para Espín la explicación para que no se haya dado una investigación judicial respecto a quiénes pagaron por los pases y que hasta el momento no exista una investigación administrativa al interior de la Policía, como lo ofreció el ministro del Interior de la época y presidente de la Asamblea Nacional José Serrano, es que en el caso ha existido y existen presiones políticas.

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La fiscal desmiente presiones y descarta que no se esté investigando a quienes pagaron para que se realice un cambio ilegal de plaza. Según ella, en el delito de lavado de activos se investiga a quienes pagaron por los pases, pero además está abierta una investigación por tráfico de influencias.

En mayo del 2016, 15 personas fueron sentenciadas por el delito de delincuencia organizada. A todos se les acusaba de haber sido parte de una red de corrupción en la Policía Nacional para cobrar entre 1.000 y 1.500 dólares por procesar un pase que no cumplía con los requerimientos institucionales.

En este caso se usó la figura de colaboración eficaz, de la cual Moreno dice sentirse orgullosa de ser la primera en hacer uso de esa herramienta, pese a que en el momento de la audiencia se la habría criminalizado. "Dijeron que (la colaboración eficaz) era lo peor que habían visto, pero el tiempo demostró que es una técnica de investigación legal e importante para desarticular estructuras". (I)