El Tribunal Octavo de Garantías Penales declaró ayer culpables por el supuesto delito de falso testimonio a dos de los exveedores del caso denominado ‘Gran Hermano’, en el que se investigó los contratos con instituciones del Estado, de empresas supuestamente vinculadas a Fabricio Correa, hermano del primer mandatario.

Pablo Chambers y Gerardo Portilla fueron condenados a un año de prisión; mientras que José Quishpe y Víctor Hugo Hidalgo fueron considerados inocentes.

La audiencia de juzgamiento de los exveedores se instaló el pasado miércoles; pero se suspendió porque no acudieron los testigos y no se entregó el original de una carta enviada por el presidente Rafael Correa.

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En ella, el mandatario pedía que se establezca la pena máxima a los cuatro exveedores por delito de falso testimonio. La diligencia se retomó ayer.

El proceso se inició en febrero del 2011 luego de que los cuatro acusados presentaran un informe en el que aseguraron que el jefe de Estado sí conocía de los contratos de las empresas supuestamente vinculadas a su hermano Fabricio con varias instituciones públicas y que habrían perjudicado al país en unos $ 143 millones.

Correa desestimó el informe, porque aseguró que no sabía de los movimientos de Fabricio y los demandó por falsedad.

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Ramiro Román, abogado de los exobservadores, calificó a la sentencia de nula porque, a su criterio, se registraron varias irregularidades en el proceso.

Dijo que el fallo será apelado hasta la última instancia ya que se dictó solo con el pedido fiscal y presidencial y no se escuchó a los testigos; entre ellos, el procurador Diego García, el contralor Carlos Pólit, el propio Fabricio Correa, y otros.

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Ellos, señaló, debían hablar sobre el perjuicio de los contratos con el Estado.

El jurista recordó que el informe de los exveedores fue aceptado por el Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y luego pasó a la Función de Transparencia, “y eso significa que debe haber un pronunciamiento que hasta ahora no se hace público”.

Objetivo
Veeduría

Cuatro integrantes
Pablo Chambers, Gerardo Portilla, José Quishpe y Víctor Hidalgo fueron elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana para integrar la veeduría ciudadana que vigiló la terminación de los procesos precontractuales y contractuales celebrados desde enero del 2007 entre el Estado y empresas vinculadas a Fabricio Correa directa o indirectamente.

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