No tendremos renovación del Atpdea, el sistema unilateral estadounidense de preferencias arancelarias para los países andinos, como compensación por la acción que tenemos contra el tráfico internacional de estupefacientes. Es una consecuencia directa de la crisis diplomática con Estados Unidos. Este sistema ha permitido durante los últimos 20 años el ingreso a ese enorme mercado, de varias centenas de productos. Un cálculo realizado por el Observatorio de Comercio Exterior encuentra que desde 1997 exportamos bajo este régimen 36 mil millones de dólares de los cuales un 14%, es decir 5 mil millones de dólares, son no petroleros. Los aranceles no cobrados por Estados Unidos fueron del orden de 330 millones, de los cuales 301 millones fueron en productos no petroleros.
Esto permitió la expansión de un número importante de nuevos rubros de exportación y por esa vía la dinamización económica de varias zonas del país. Uno asocia Cayambe y Pedro Moncayo con las rosas; Manta con el atún; el Empalme, Naranjito o Santo Domingo de los Tsáchilas con yuca; la malanga con Morona Santiago; o Cotopaxi con el brócoli. En muchas de estas zonas ha aumentado el empleo, se ha frenado la migración y los centros urbanos cuentan con una amplia gama de servicios y comercio de bienes tanto para las personas, como para las actividades productivas. Se trata de verdaderos clústeres de actividad económica. Hay también industrias nuevas de exportación que se han desarrollado enteramente bajo este sistema, como los textiles, las medias de nailon o los marcos de aluminio, que igualmente articulan centenas de abastecedores.
Así que cuando hablamos de la pérdida del Atpdea no podemos reducirlo a un problema exclusivamente de aranceles: tendrá un efecto en cascada sobre el resto de la cadena productiva y las diversas actividades que le están articuladas. Ello significa menos empleo y menos actividad económica en torno a estas cadenas. La pérdida de los aranceles preferenciales afectan el dinamismo de esas zonas y cadenas productivas, especialmente las no petroleras, “por el efecto combinado de la pérdida de expectativas de crecimiento de los exportadores, el desplazamiento de productos ecuatorianos por la ventaja de mercado libre que han obtenido competidores directos como Colombia, Perú, México y otros, y la incertidumbre de contar de forma permanente con apoyos desde el Estado para compensar condiciones desventajosas de competencia en el futuro”.
En términos agregados se ha determinado que la pérdida acumulada de exportaciones no petroleras durante los cinco años posteriores al fin del Atpdea podría llegar a 1.400 millones de dólares, si consideramos una reducción anual de un 12% de las exportaciones que se benefician de este sistema y lo comparamos con lo que estas podrían ser de mantenerse el sistema arancelario preferencial. Obviamente esto podría contrarrestarse si en forma efectiva se abren nuevos mercados, si mejora nuestra capacidad competitiva y se establece un sistema de apoyos efectivos, tributarios y logísticos a los exportadores. Estas políticas que hacen parte del Plan B del Gobierno, sin embargo tomará tiempo ponerlas en marcha, así que creo que, al menos en el primer quinquenio, ese volumen de pérdidas puede ser un escenario no descabellado.
