EFE
México.- La presión del Gobierno ecuatoriano sobre los medios de comunicación aumentó tras la sublevación armada que retuvo al Presidente en septiembre, denunció ayer la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en su informe anual sobre el país.

"Las amenazas contra la libertad de expresión, que continuaron durante los últimos meses, se redoblaron a partir del 30 de septiembre, día en que la Policía Nacional y parte de la Fuerza Aérea se sublevaron contra el presidente Rafael Correa", se apunta.

La SIP criticó el hecho de que ese día se obligó a todos los medios audiovisuales a suspender transmisiones y retransmitir la cadena oficial de manera "ininterrumpida e indefinida" bajo el argumento del estado de excepción vigente.

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El informe añade que dicha obligación, no obstante, se hizo firme antes de que se declarara la excepción y, una vez instalado este, sin que se precisaran las libertades restringidas.

Derivado de esta situación, "los ciudadanos solo pudieron conocer la versión del régimen" sobre lo que sucedía ese día, agregó la SIP.

"Desde entonces, varios ciudadanos han sido detenidos de manera ilegal por el único delito de expresar su desacuerdo con la tesis oficial del intento de golpe de Estado o por haber dicho que apoyaban el reclamo de los policías", añade el informe.

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El reporte de Ecuador fue preparado por César Pérez y leído por el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, Jaime Mantilla.

Se menciona el caso de César Carrión, ex director del Hospital de la Policía, donde estaba recluido el Presidente. Correa lo acusó de tomar parte en el "intento de asesinato" en su contra un mes después de los hechos "y solo horas después de que el médico le dijese a CNN que nunca vio que nadie amenazase a Correa con un arma", refiere el documento.

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Se hace mención de unas declaraciones del canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, sobre como "desgraciadamente" el Gobierno no controla todos los medios de comunicación.

Con base a ello, la SIP supone que podría "acelerarse la aprobación del proyecto de Ley de Comunicación".

La relatoría para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado preocupación por su contenido, al igual que la ONG internacional Human Rights Watch.

El informe, que se hizo público durante la 66ª Asamblea General de la SIP en Mérida, relata una serie de hechos en contra de la libertad de expresión, como la agresión policial a un periodista y la prohibición del Gobierno de colocar publicidad oficial en el diario Hoy.

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En publicidad, la Presidencia quintuplicó su gasto tras el 30 de septiembre. Un informe de la Corporación Participación Ciudadana indica que en octubre llegó a $ 2'109.979,40.

Postura: Vicepresidente de SIP
Gonzalo Marroquín
"Queremos que la gente entienda que los regímenes autoritarios, el narcotráfico y los políticos que quieren perpetuarse en el poder actúan igual que las dictaduras militares y nos vamos a oponer".