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La fiscal general, Diana Salazar, al no existir vulneración de derechos, pidió al conjuez Édison Cantos que declare la validez procesal en el caso Pantalla.
Según Fiscalía, hubo un perjuicio para el Estado de alrededor de $ 160.000.
El CJ también tiene confirmada la disponibilidad de $ 196.500 para el concurso público con el que se seleccionará a los 50 nuevos juzgadores constitucionales.
Con este reglamento se busca seleccionar 50 jueces constitucionales, como parte de lo aprobado en la consulta popular y referéndum del 21 de abril de 2024.
El presidente del CJ, Mario Godoy, respalda la petición hecha por los jueces en torno al mantenimiento y reforzamiento de su estructura de protección policial.
Al exvocal de la Judicatura Xavier Muñoz se le ordenó el pago de una compensación económica para la víctima indirecta fijada en $ 11.040.
El expresidente del Consejo de la Judicatura y exjuez de la Corte Nacional, Wilman Terán, mantiene dos sentencias de nueve años y cuatro meses de cárcel.
Los ubicados como colaboradores de la delincuencia organizada analizada en Plaga se exponen a penas que van de cinco a siete años de cárcel.
Por el momento, la Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura operan con autoridades prorrogadas en sus cargos.
Entre las falencias identificadas en el análisis de los 202 expedientes habría irregularidades en el debido proceso, como falta de notificaciones oportunas.
De 480 expedientes revisados se identificaron novedades en al menos 202 procesos archivados “sin cumplir” procedimientos administrativos-disciplinarios.
Dentro del referéndum y consulta popular de febrero de 2024 se aprobó la creación de unidades judiciales y jueces especializados en materia constitucional.
Los seis casos de connotación con procesos de extradición de 2024 y 2025 tienen relación con los delitos de cohecho y delincuencia organizada.
Por el delito de delincuencia organizada, mediante un juicio, fueron condenadas 20 personas, entre ellas Wilman Terán, exjuez de la CNJ y expresidente del CJ.
La Corte Nacional de Justicia identificó problemas para los agentes citadores al entregar una boleta. Quienes se nieguen podrían ser procesados por desacato.
Para la creación de judicaturas especializadas en materia constitucional se estableció el plazo de un año, el cual empezó a correr el 8 de mayo de 2024.
El Ministerio de Educación mencionó que se ha priorizado la protección de las víctimas y garantizado la atención inmediata.
El conjuez Édison Cantos llamó a juicio en el caso Plaga a dos procesados como líderes y a once como colaboradores del delito de delincuencia organizada.
La funcionaria anunció esta noche que permanecerá prorrogada en sus funciones hasta que el Consejo de Participación elija un reemplazo.
La instrucción fiscal del caso Plaga arrancó el 3 de abril de 2024 y en 120 días se investigó a 31 personas por el delito de delincuencia organizada.