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Los procesos por retiro voluntario están estancados en el sector público, según la ministra del Trabajo.
El desahucio es el aviso por escrito que el empleado le da a su empleador para dar a conocer que da por terminado el contrato de trabajo.
En abril pasado, el Ministerio del Trabajo presentó la demanda ante la CC.
Resolución declaró improcedente pagar bonificación por desahucio cuando el trabajador decide terminar relación laboral por separación o retiro voluntario.
La ministra Ivonne Núñez argumenta que la resolución perjudica a los trabajadores y se contrapone a principios legales y constitucionales.
Sindicatos como FUT y CUT analizan demandas y hasta movilizaciones contra resolución de no pago de bonificación por desahucio en caso de retiro voluntario.
Ivonne Núñez considera que la CNJ se equivocó en su decisión y ha hecho una reforma al Código del Trabajo. Jueza ha indicado que solo aplica al sector público.
Corte declaró improcedente pago de esa bonificación cuando el trabajador renuncia para acogerse a la jubilación. Jueza asegura que solo aplica en sector público
Decisión de Corte Nacional de Justicia solo aplica para funcionarios que se acojan a jubilación, no cuando renuncian voluntariamente por cualquier otra razón.
Al terminar una relación laboral, los ciudadanos pueden recibir un dinero adicional a la liquidación.
Los trabajadores pueden llegar a acuerdos con empleadores para alargar los plazos y forma de pago.
El pleno aprobó una resolución en la que, además, se solicita incluir al consulado de Bilbao en el Plan Piloto de funcionamiento de Consulados Honorarios.
En todo el país número total de desahucios en los primeros seis meses del año se eleva a 31.253, la mayoría de ellos correspondientes a impagos de alquiler.
La nueva alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, estrenó su nuevo cargo, a mediados de junio, y detuvo un desahucio en uno de los distritos más deprimidos de la Ciudad Condal.
En una entrevista radial el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño aseguró que la exigencia del salvoconducto era “injusta e inapropiada” en vista de que el flujo de migrantes se ha invertido.
Un total de 7.474 consultas se han realizado entre enero y julio del 2014 frente a las casi 3.000 que hubo en el 2013, en ese mismo periodo, según datos de la embajada de Ecuador en España.
La medida es para dar respuesta a la problemática de desahucios que afecta al colectivo de inmigrantes que adquirieron viviendas durante el boom inmobiliario y que por la crisis económica y falta de empleo no pueden pagar sus préstamos.
Se creó una asociación para impulsar a través de ella una demanda colectiva contra las entidades financieras y solicitar un resarcimiento por los perjuicios ocasionados.
La quiteña A. Anabel (nombre supuesto) recibió en noviembre una carta donde se le advertía del desahucio, pero no se indicaba fecha ni hora. Hace un par de semanas llegó un agente judicial, que le pidió dejar el inmueble. Ella no puso resistencia.
Entre abril y junio de 2013 se registraron 20.323 ejecuciones hipotecarias. Es decir, 41.595 menos que en el mismo período en 2012.