Organizaciones sociales, como el Comité Popular por Nuestros Territorios, están reunidas en Quito, como parte del Foro de Resistencia a Hábitat III.

Se trata de una agrupación coordinadora contraria a la conferencia de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre vivienda y desarrollo, Hábitat III, porque se asegura que “muchas de las graves violaciones a los derechos humanos (desalojos) son producto del modelo de desarrollo de la ‘Nueva Agenda Urbana de Hábitat III’”.

Ayer, el Tribunal Internacional de Desalojos (TIE) presentó, en Quito, su veredicto provisional sobre acciones gubernamentales para retirar asentamientos humanos en Muisne, Esmeraldas, y otros casos registrados en varios países.

“Podemos concluir que en la totalidad de los casos presentados se han constatado desalojos forzosos, prohibidos por el derecho internacional de los derechos humanos, los cuales han afectado agravadamente a niños, mujeres, migrantes, adultos mayores y otros colectivos y minorías”, indica un documento.

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El Gobierno impulsa un proceso de “desalojo” en la isla de Muisne, luego de que se declararon en emergencia varias zonas de Esmeraldas y Manabí, tras el terremoto del 16 abril.

Las autoridades han argumentado, en el caso de Muisne, que existe un alto riesgo de afectaciones de producirse un tsunami a causa de un sismo.

“El respeto de las obligaciones de derechos humanos contraídas por los estados de respeto, protección y promoción del derecho a la vivienda, a la tierra, al hábitat de las personas y comunidades (...)”, recomienda la organización además de “profundizar la democracia en la toma de decisiones” sobre la gestión del hábitat.

La noche del lunes pasado, se realizó una marcha en contra de la cita. Los grupos afirman que Hábitat III no tomó en cuenta dentro de su agenda algunas temáticas. (I)