La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap) emitió ayer una providencia dirigida al Registro de la Propiedad de Naranjal, por cuanto la dependencia inscribió supuestamente una resolución judicial de embargo, la cual comprometía la mitad del área urbana de la jurisdicción.

“Esta acción tiene por objetivo velar por el interés de la ciudadanía, garantizando con esto la seguridad jurídica de los habitantes”, señaló el organismo en un comunicado.

Dentro de un juicio por deuda entre dos actores particulares, la Unidad Multicompetente Penal de El Empalme emitió un fallo que establecía el embargo y remate de 1.246 hectáreas. Ello abarca 496 hectáreas del área urbana, algo más de la mitad de ese perímetro.

Publicidad

La Dinardap dispuso también que una comisión realice una inspección al Registro de la Propiedad y remita un informe en 48 horas.

En esas 496 hectáreas hay 6.063 predios urbanos, incluidas 42 instituciones del Estado, entre ellas centros educativos, un hospital y una unidad de Policía. La fecha del remate es el 21 de septiembre de 2016.

El Municipio busca frenar el acto. El procurador síndico Felipe Dau sostuvo que el Registro de la Propiedad debía enmendar lo que llamó un error, refiriéndose a la inscripción en el 2004 de una Posesión de Acción Efectiva, con base en un título de propiedad de 1895.

Publicidad

Ese documento, explicó Dau, permitió meses después suscribir un acto de compraventa de aquellas 1.246 hectáreas, identificado en escrituras como predio rústico.

El supuesto vendedor recibió cinco letras de cambio de parte del presunto comprador. Este no pagó y ello derivó en un juicio por $ 2’500.000 de deuda. La cifra hoy es superior por intereses y otros recargos.

Publicidad

El Cabildo prevé que el Registro de la Propiedad dé marcha atrás con la inscripción del 2004 porque, según el procurador síndico, la Ley de Registro permite enmendar errores. Supuestamente fue un juez el que ordenó aquella inscripción.

El embargo fue inscrito también en el Registro de la Propiedad, según Carlos Salazar Palacios, abogado de Héctor Malta Morán, quien en representación de los herederos enjuició a Ramón Mendoza Pereira.

El juez que resolvió el embargo y remate, Ángel Cojitambo, fue suspendido por el Consejo de la Judicatura. El juicio sigue su curso. (I)