Son dos edificios multifamiliares de cuatro pisos, de construcción mixta, ubicados en el cuadrante de las calles Gómez Rendón, Calicuchima, av. del Ejército y José Mascote. Cada bloque tiene cuatro puertas hacia los departamentos y un patio común. Hay ‘tallarines’ de cables colgando en los rincones; en los pasillos, puertas de madera o metálicas separando las piezas; en el piso hay mangueras; en lo alto, tuberías de agua y de luz que dan a cada casa.

Ese es el ambiente en el que viven unas 354 familias del condominio de 384 piezas, según un censo realizado en el 2014, el cual pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), entidad que asegura que en 1954 compró el bien al Municipio de Guayaquil.

La vetustez del edificio es evidente. Algunos pisos han sido pintados por autogestión de moradores. Ahí, familias, incluidos adultos mayores residentes desde hace 60 años, temen ser desalojados o reubicados si aceptan pagar cuentas por arriendo y servicios básicos de por al menos diez años.

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Fue la condición del gobernador Julio César Quiñónez, el 28 de marzo, luego de anunciar que el Gobierno analiza la construcción de un centro médico del IESS. Una semana antes, el 21, había recorrido los condominios junto a Juliet Erazo, directora provincial del Instituto, más representantes ministeriales. Allí habló del problema de inseguridad y microtráfico.

Los habitantes buscan continuar en las que llaman sus casas. Están dispuestos a pagar lo adeudado, pero alegan que dejaron de cancelar porque supuestamente el IESS en un momento no les quiso cobrar.

Hay deudas, además, por agua y electricidad, y un historial de conexión y desconexión de servicios, con retiros y reintegros de medidores, inclusive. Una residente que dice tener 30 años en el bloque 2 afirma que el 2012 le retiraron el aparato. “Hemos querido poner de nuevo; pero no nos dan”, lamenta.

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Sobre sus esfuerzos de cobro, el IESS señala que envió comunicaciones solicitando pagar la deuda a quienes tenía registrados como habitantes. “Hasta el 2010 diez personas cancelaron y en el 2013 solo una canceló por el juzgado del inquilinato”, menciona en un comunicado.

En las casas colectivas, Perla Aragundi, de 85 años, posee un comprobante del 11 de enero de 2010 en el que consignó el pago de $ 69,36 por arriendo de marzo a agosto de ese año. “Ya después dijeron que no me iban a coger porque nadie pagaba”, cita y asegura que por 60 años ha vivido en los bloques.

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Ricardo Espinoza dice que su papá, Samuel, de 82 años, pagó al IESS hasta 1995 y que desde ese año hasta 1998 consignó los rubros a un juzgado de inquilinato porque entonces el IESS supuestamente se negaba a recibir los valores.

En el arriendo que ocupantes de piezas debían al Instituto se incluía el agua y electricidad.

Ilfn Florsheim, vocera de Interagua, señala que la deuda del IESS es de $ 115.709, pero con la condonación de los intereses se redujo a $ 99.447. Ese valor corresponde a enero de 2014, un consumo fue de 4.700 m³, según los medidores centrales.

Reseña que el IESS canceló hasta el 2008, luego solicitó el cierre del suministro. Después se detectó el robo de agua, por lo que en enero de 2014 se habilitaron tres cuentas en acuerdo con el IESS. Pasó un mes y otra vez Interagua cortó el servicio, supuestamente porque el IESS indicó que no iba a pagar el consumo de esos bloques.

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Los inquilinos se sirven de conexiones clandestinas. En cada edificio hay seis cisternas, pero como no a todos les llegaba el agua por el deterioro de las tuberías, hay redes nuevas.

El 28 de marzo, Quiñónez dijo que el consumo de energía en las casas es de $ 5.000 al mes. Si hay valores impagos desde el 2005, la deuda con la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) sería de $ 615.000.

Este Diario solicitó a CNEL información sobre la deuda y las acciones que hizo para cobrar, pero la entidad indicó que la vocería del tema está a cargo de la Gobernación.

En tanto, alumnos de la U. de Guayaquil y técnicos de los ministerios de Salud, Educación e Inclusión Económica prevén cumplir con un censo en las casas, lo que clarificaría lo que pasará con la estructura. (I)

Yo vivo aquí hace más de 50 años, aquí tuve a mis hijos y dos viven conmigo y mis nietos, son madres solteras. Solo una trabaja. No tenemos para pagar deuda, ni dónde ir”.Josefina Cortés, Moradora