La autogestión les sirve para pagar docentes, adecuar laboratorios o comprar equipos. 

La carrera de Ingeniería Eléctrica y Computación de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol) le ha costado a Max Valverde $ 430. Con esa cantidad, que pidió prestada a unos amigos, pagó la matrícula y las seis materias que escogió para este décimo semestre.

Él es de clase media, su madre es ama de casa y su padre trabaja en un hospital público. El único dinero que recibe proviene de las clases particulares de matemáticas que dicta y que le sirven para comprar los costosos equipos electrónicos con los que hace los proyectos en su carrera y que a veces no los completa por falta de dinero.

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Lo que paga en su facultad, dice Valverde, es lo que en las universidades se conoce como autofinanciamiento.

Este es un sistema que rige  hace unos 20 años en las universidades públicas, cofinanciadas y politécnicas del país y que ha permitido, según sus autoridades, pagar los sueldos a los docentes y las planillas de servicios básicos, además de mejorar la infraestructura, implementar laboratorios y dar becas.

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Con la nueva Constitución, que entró en vigencia desde el pasado lunes, este aporte económico fue eliminado, pues el artículo 356 garantiza la gratuidad en la educación superior pública hasta el tercer nivel.

En las universidades de Guayaquil, Católica y la Espol hay al menos unas cien carreras en 28 facultades, escuelas e institutos que sobreviven con el autofinanciamiento.

Carlos Cedeño, rector de la Universidad de Guayaquil, expresa que todas las nuevas carreras debieron ser autofinanciadas porque los fondos que daba el Gobierno no alcanzaron ni siquiera para cubrir los gastos de las profesiones tradicionales. “Se hacían préstamos de una facultad autofinanciada para pagar sueldos de otra tradicional y cubrir los costos”.

Por ejemplo, en la de Ingeniería Química los estudiantes de las carreras de Gastronomía y de Ingeniería en Sistemas de Calidad representan al año un presupuesto de $ 1’250.000 en autofinanciamiento.

Este dinero, según Sonia Sánchez, directora de Gastronomía, les ha permitido pagar a los 60 docentes de ambas especializaciones, así como las planillas de agua, energía, teléfono, adecuar los talleres de cocina y a los proveedores de los víveres para las prácticas.

Armando Altamirano, vicerrector de la Espol, dice que el dinero de autogestión se revierte en el mismo estudiante con la construcción de infraestructura, laboratorios, otorgamiento de becas y de otros servicios como el  alquiler de computadoras portátiles sin costo inaugurado el miércoles pasado.

Destaca que el 65% de alumnos (unos 15.000) estudia en carreras autofinanciadas, pero aclara que los aportes no solo provienen de universitarios sino de otros servicios como la elaboración de proyectos o asesoría a empresas.

Según la nueva Constitución, el Estado deberá cubrir los rubros y montos que las universidades dejen de cobrar a sus estudiantes. Sin embargo, los rectores están preocupados porque el Gobierno no ha definido los recursos que entregarán a las instituciones. Mientras la comisión encargada de establecer las asignaciones aún no se pronuncia, algunas universidades  resolvieron aplicar la gratuidad constitucional.

La de Guayaquil, por ejemplo, dejó de recaudar desde el pasado martes los valores por matrículas, tasas y derechos, mientras que la Espol resolvió que devolverá lo cobrado a los alumnos de la primera cuota de registro una vez que el Gobierno asigne el monto recaudado.

Si el Estado compensa a las universidades la aplicación de la gratuidad sería positiva. John Ramírez, coordinador de ingeniería en estadística informática de la Espol, cree que así ya no se cerrarían carreras autofinanciadas por la falta de estudiantes y los docentes no dependerían del pago de los alumnos para recibir su remuneración.

Pero mientras esto ocurre hay preocupación en estudiantes como los de la Facultad de Gastronomía, que temen que si se incumple la entrega de recursos su carrera correría el riesgo de cerrar.

“Si no llega el pago para los profesores, ¿qué va a pasar con nosotros?, no podremos seguir”, se pregunta Juan Carlos González, de 38 años, alumno de esa especialidad. Él dice que está satisfecho de cancelar por cada semestre $ 660 porque cuenta con talleres de cocinas adecuados, utensilios, personal del servicio y maestros con alto nivel académico.

Pero hay otros estudiantes como Bolívar Tinoco, de Mecánica de la Espol, que se quejan y exigen la rendición de cuentas a las autoridades. El jueves pasado con un grupo de compañeros pidieron que se aplique ya la gratuidad.

Armando Altamirano
vicerrector de la Espol

“La Espol presentó al Gobierno para este trimestre un presupuesto de 3 millones de dólares, y para el 2009 cerca de 11 millones de dólares”.

José Apolo
Vicerrector de U. Guayaquil

“Se está aplicando lo establecido en la nueva Constitución, y el Consejo Universitario ya resolvió no cobrar ningún rubro a los estudiantes”.