En textos aprobados la madrugada del sábado, la Constituyente reitera la exclusividad del Ejecutivo en el control de la identidad y el manejo de puertos y aeropuertos del país.
Como competencias exclusivas del Gobierno, no delegables a los gobiernos seccionales (municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales), constan en la propuesta de Constitución aprobada en Ciudad Alfaro el manejo del registro de personas (Registro Civil) y el régimen de puertos y aeropuertos.
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Fue aprobado la madrugada del sábado, en medio de la maratónica sesión del pleno que se prolongó hasta las 08:30 de ese día. Pero Tatiana Hidrovo (PAIS), presidenta de la mesa 4 de Ordenamiento Territorial, afirmó que el tema nunca se debatió en la comisión.
Diana Acosta (independiente) sostuvo que esa modificación está claramente dirigida a afectar al Municipio de Guayaquil, que bajo la actual Constitución y la Ley de Régimen Municipal vigente asumió la administración del aeropuerto y Registro Civil.
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El alcalde Jaime Nebot expresó su malestar: “Se quieren llevar los aeropuertos, puertos, el Registro Civil... El aeropuerto será la pocilga que era. El Registro Civil, esa inmundicia que queda cerca (del sur), donde asaltan, estafan a la gente, no hay ni papel, aparte de que se les roba la identidad a las personas”.
El proyecto de Constitución impide delegar a municipios el manejo de estos servicios.
En los incisos 3 y 9 del artículo 261 del proyecto de Constitución que se redactó en Ciudad Alfaro, Manabí, que se refiere a las competencias del Gobierno, constan como exclusivas, no delegables a los gobiernos seccionales (municipios, consejos provinciales y juntas parroquiales), el manejo del registro de personas (que lo efectúa el Registro Civil) y el régimen de puertos y aeropuertos.
Tal reforma se aprobó en la madrugada del sábado pasado, con medio plenario dormido, entre las reconsideraciones (revisiones) extraordinarias, según denunció Tatiana Hidrovo (PAIS), presidenta de la mesa 4 de Ordenamiento Territorial, quien afirmó que ese tema nunca se debatió en las sesiones de la comisión.
Con ella coincide Anabella Azín, asambleísta por el Prian, quien detalló las cuatro competencias que planteó la mesa para el gobierno central: política de endeudamiento y tributaria, seguridad nacional, relaciones internacionales y políticas sobre el registro civil.
Azín indicó que probablemente la Comisión de Redacción Final agrupó en los artículos antes mencionados atribuciones exclusivas del Estado que le confirieron otras mesas, como el manejo de recursos naturales (la de Recursos Naturales) y las empresas estatales (la de Régimen de Desarrollo).
Diana Acosta (independiente) sostuvo que esa modificación está claramente dirigida a afectar al Municipio de Guayaquil, que bajo la actual Constitución y la Ley de Régimen Municipal vigente, asumió la administración del aeropuerto y Registro Civil.
El Cabildo local creó la Fundación Aeroportuaria de Guayaquil que a su vez, delegó el manejo del servicio a la empresa Tagsa; y además, tiene la Corporación Registro Civil que administra la entidad del mismo nombre.
Auditoría a concesionarias
Las empresas privadas que han recibido en concesión la prestación de un servicio público también serán examinadas por el Gobierno así como sus contratos suscritos con el Estado.
La disposición transitoria vigésima sexta del texto señala que en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, las delegaciones de servicios públicos en agua y saneamiento realizadas a empresas privadas serán auditadas financiera, jurídica, ambiental y socialmente.
También establece que el Estado definirá la vigencia, renegociación y, en su caso, la terminación de los contratos de delegación, de acuerdo con lo establecido en la futura Constitución.
DETALLES: Texto
Nuevas instalaciones
El Presidente de la República informó ayer que las oficinas del Registro Civil del Guayas se trasladarán al antiguo edificio de Filanbanco en Pichincha y Nueve de octubre.
Condonación de deudas
La transitoria sobre la concesión de servicios públicos también establece que se condonarán las deudas de agua contraídas por los usuarios en extrema pobreza.