Una CTG sin miembros del Gobierno ratificó estudio de puente

En medio de una amenaza de bomba en el edificio de la Comisión de Tránsito del Guayas (CTG), en las calles Chile y Brasil, cuatro integrantes de su directorio decidieron aprobar de forma unánime el informe de la consultora Vera y Asociados sobre el impacto vehicular en la av. Benjamín Rosales y en los puentes Rafael Mendoza Avilés y Carlos Pérez Perasso.

Según esa resolución, los buses interprovinciales no podrán ingresar a Guayaquil por la av. Benjamín Rosales, sino que continuarán  por la autopista Terminal Terrestre-Pascuales.

Solo las cooperativas que vienen de las provincias de El Oro, Azuay y Loja (parte sur del país) entrarán por ese circuito vial desde las 22:00 hasta las 05:00, por recomendación de dicho estudio.

A las 11:30 los empleados de la CTG fueron desalojados y permanecían afuera del edificio esperando que el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la Policía Nacional encontrara la supuesta bomba. El delegado del Municipio, Vicente Arroba, fue el primero que llegó e ingresó para esperar a su alterno, Andrés Roche, que arribó en una camioneta del Cabildo con  ruido de las sirenas; a Carlos Estrada y Jaime Cucalón (alterno), de la Junta Cívica, que llegaron en taxi junto con Xavier Viteri, representante de las Cámaras, y Rafael Estrada, delegado del Consejo Provincial y vicepresidente del directorio. 

Su ingreso se dio en medio de los golpes de los gendarmes que resguardaban el edificio, pues por la emergencia nadie podía entrar, la puerta principal estaba cerrada por dentro. 

Viteri y Estrada asistieron a la sesión, convocada el martes pasado con el carácter de extraordinaria, amparados en el art. 6 de la Ley de Creación de la CTG, porque la resolución del Tribunal Constitucional que los excluye del directorio aún no se publica en el Registro Oficial. Los representantes del Gobierno como Euclides Mantilla, de la Policía Nacional, y Johnny Estupiñán, de las Fuerzas Armadas, no asistieron, mientras que el gobernador del Guayas y presidente del directorio, Camilo Samán, estuvo unos minutos antes de que se iniciara la emergencia y se retiró.

El director ejecutivo de la CTG, Ricardo Antón, permaneció 30 minutos frente a la CTG y se fue sin presentar el informe de la defensa implementada por el abogado Galo García Feraud. Según Arroba lo hizo después de dar aviso a la Policía de un conato de incendio y luego de la amenaza de bomba.

Mientras 30 uniformados y un perro del GOE de la Policía rastreaban el artefacto, Rafael Estrada dirigía la sesión que duró 32 minutos (de 12:25 a 12:57), donde se firmó un proyecto de resolución que llevó previamente elaborado Arroba. Roche leyó el orden del día ayudado por las luces de las cámaras de televisión, pues no tenían energía eléctrica.

En la sesión también se acordó abrir un expediente administrativo (investigación) contra Antón por los hechos registrados y por su ausencia. “Esto es un intento de boicot”, señaló Carlos Estrada.

En los bajos de la CTG, partidarios del Cabildo liderados por Alejandro Varas, coordinador de la Dirección de Justicia y Vigilancia, les hacían barra y resguardaron su salida al final de la sesión, pero no evitaron que simpatizantes de Alianza PAIS les gritaran “afuera, pelucones” al salir del edificio.