1. Violación del derecho a la vivienda y propiedad
Rosa N., una mujer pauteña que emigró a Estados Unidos a los pocos años de estar en ese país, sus hijos (todos menores) fueron despojados y expulsados de su casa por una supuesta deuda que mantenía su mamá, que ya había sido cancelada, pero no tenía los recibos de pago.
La situación de Rosa es igual a la de varias mujeres del austro que emigran en busca de mejores condiciones de vida para su familia, pero para hacer el viaje caen en redes de “chulqueros y coyotes” (según los documentos del Centro de Derechos Económicos y Sociales), que despojan de bienes a familiares que se quedan en el Ecuador.
Según los documentos, la administración de justicia debilita los derechos de las mujeres migrantes y sus familias, pues en la práctica, a través de “mecanismos corruptos” avalan con procedimientos ilegales a los coyoteros y prestamistas para despojar a las víctimas de sus casas y demás bienes.
Ellos señalan como responsable al Estado.		 2. Trabajadoras en florícolas y bananeras
La situación de las mujeres que trabajan en la agroindustria, especialmente en las florícolas y bananeras es precaria, según la documentación que presenta la organización Oxfam (Oxford Committee for Famine Relief), la mayoría de las mujeres que labora en este campo no tiene contratos de trabajo, reciben salarios inferiores que los hombres, no obtienen pago por horas extras, no están afiliadas a la seguridad social, están sometidas a acoso sexual, son objeto de despido intempestivo, discriminación por embarazo, no reciben utilidades y no les está permitido agremiarse.
Según Oxfam, el Estado no cuenta con la legislación adecuada para el trabajo de la mujer en el sector agroindustrial.		 3. Acoso sexual
en el área educativa
Paola Guzmán, de 16 años de edad, estudiaba el tercer curso en el colegio Manuel Martínez Serrano y, según denuncia, fue objeto de acoso sexual por parte del vicerrector del colegio, Bolívar Espín, y quedó embarazada.
Paola no resistió las presiones que vivía, ingirió once diablillos (fósforo blanco) y falleció el 13 de diciembre del 2002.
Este caso fue denunciado ante la Fiscalía y la Dirección Provincial de Educación del Guayas.
Después de dos años y cuatro meses, el juicio sigue en trámite y el responsable está prófugo.
Dentro de la figura legal, Bolívar Espín fue destituido por abandono del cargo por más de tres días y no por la gravedad de la falta que cometió.
Según indican las agrupaciones de mujeres, el acoso sexual en la educación disminuye el derecho constitucional a la educación y el de una vida libre de violencia y en este caso, según dicen, el derecho a la vida de una adolescente.
 
4. Madres diferentes por la condición de sus hijos
Las madres encargadas del cuidado de sus hijos discapacitados se denominan madres diferentes.
Ellas deben adquirir conocimientos para realizar trabajos con un alto nivel de especialización, pues son quienes asumen la rehabilitación, medicación y soporte psicológico de sus niños.
Dado el tiempo que invierten en este cuidado, las madres se ven obligadas a dejar de trabajar para dedicar todo el tiempo a sus hijos.
Según Soledad Torres, quien documenta el caso, estas mujeres sustituyen al Estado en sus responsabilidades. La propuesta es que esta labor debe ser reconocida y remunerada.		 5. Discriminación contra las mujeres lesbianas
“Ser lesbiana en este país es motivo de exclusión y confinamiento”, según expone la agrupación Colectivo de Lesbianas.
Este denuncia que existen centros de rehabilitación donde supuestos médicos y psiquiatras pretenden “curar” el lesbianismo a través del maltrato y tortura que impiden el desarrollo de sus derechos humanos.
Ana Lucía Herrera, de la Corporación Promoción Mujer, explicó que las lesbianas son llevadas a los centros por sus familiares ante una falta de aceptación de su sexualidad.
Los grupos feministas coinciden en señalar que mostrar las vivencias es lo mejor que se puede hacer por estas familias.
En la documentación que presenta la Fundación Causana señala que el derecho a la educación de las lesbianas se viola en los centros educativos en donde, tras un discurso de buena conducta se prohíben las expresiones y manifestaciones afectivas entre lesbianas.		 6. Violación al derecho de acceder a créditos
En marzo del 2001, el Ministerio de Bienestar Social creó el Programa Crédito Productivo Solidario al que podían acceder los beneficiarios del Bono Solidario.
Las mujeres representaban más del 80% de potenciales beneficiarias en el programa que ofrecía acceso a créditos y capacitación.
El Gobierno asignó un monto anual de diez millones de dólares del presupuesto nacional.
Según la agrupación Yerbabuena, en la provincia de El Oro se organizaron más de tres mil mujeres para promover la calificación de una cooperativa que canalizará la entrega de los créditos, pero solo accedieron a diez mil dólares del monto total del programa y otorgó cincuenta créditos.