Luego del trabajo realizado en el 2004, la Defensoría del Pueblo del Guayas anuncia para este año una gestión centrada en ayudar a las mujeres embarazadas, niños, estudiantes, ancianos y personas con discapacidad, indicó en un comunicado Franklin Moreno, jefe de esa dependencia.

Sobre el último tema, la institución hará un seguimiento para que se cumpla la disposición de retirar los torniquetes instalados en los autobuses de la ciudad hasta el 15 de enero próximo.

El gobernador del Guayas, Efrén Roca, en representación del presidente de la República, Lucio Gutiérrez, asumió la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, basándose en el artículo 19 de la Ley del Discapacitado, que prohíbe los obstáculos en el acceso al transporte público.

Publicidad

Moreno señaló que de mantenerse los torniquetes, pedirá a Claudio Mueckay, defensor del Pueblo del Ecuador, que solicite ante la Comisión Interamericana de la OEA (Organización de Estados Americanos) medidas cautelares que aseguren los derechos y privilegios de grupos vulnerables.

Balance del 2004
La Defensoría del Pueblo hizo un balance de sus actividades durante el año 2004, en cuanto a las peticiones formuladas y acciones ejecutadas para resolver los problemas de la comunidad. Según el informe de la entidad, se dio solución a 1.949 denunciantes.

Uno de ellas, calificada como logro por el Defensor del Pueblo, fue impedir que los transportistas públicos “se beneficien con el incremento del pasaje en 2 centavos, para implantar el segurito para el pasajero, violando la Ley de Tránsito que establece que el seguro debe contratarlo el transportista”.

Publicidad

También mencionó la resolución del Tribunal Supremo Electoral para brindar una atención diferente a las personas con discapacidad en los recintos electorales.

Moreno dijo que se obligó a la Corporación Eléctrica a rectificar que los medidores deben ser utilizados no solo para los dueños de casa, sino también para los inquilinos. A esta misma entidad se le ha dictado más de cien sentencias con multas que ascienden a 80.000 dólares, por facturaciones presuntivas.

Publicidad

A Pacifictel y otras empresas telefónicas se les impidió aumentar las tarifas por servicios, “pues no existió justificación en el cumplimiento de sus metas de crecimiento”.

Sostuvo que se obligó a las instituciones hospitalarias a que atiendan a los infectados con VIH y se trabajó para evitar su discriminación.