¿La CC tiene como obligación y misión privativa controlar la vida constitucional del país? Lamentablemente, deja interrogantes, por ejemplo, cuando permitió el sainete del juicio político contra el presidente Lasso, que motivó la muerte cruzada, ocasionando lo único bueno: terminar con una Asamblea incapaz. Y, por la vigencia de esta muerte, se arroga facultades y se convierte en una especie de organismo alterno de la Asamblea.

Y qué diremos de la autorización dada para la consulta sobre el Yasuní, plagada de errores de fondo y de forma. Primero, porque debería ser consultada únicamente la ciudadanía de la jurisdicción donde se cuestiona la extracción petrolera, es decir, aquellos que ‘sufren’ las consecuencias ambientales. Segundo, porque el texto de la pregunta es inentendible; parece una confusa letanía sin lógica (“¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Sí – No”), lo que ocasionará una respuesta ajena a la intención del consultado. Lo aceptable habría sido una pregunta clara, más o menos así: “¿Desearía usted que continúe la exploración y explotación del bloque petrolero 43 del Yasuní? Sí o No”. Los ‘yasunidos’ se desesperan por sepultar un valioso ingreso presupuestario, el que honestamente administrado mitiga las necesidades que padece un pueblo sufrido; para ellos es un simple cambio de petróleo por turismo. Nadie duda de la potencia de la biodiversidad de nuestra Amazonía, que es la base para una gran industria turística; pero hasta que funcione necesitaremos años de millonarias inversiones para dotarla de una elemental infraestructura sanitaria con agua potable y fuentes de energía, hospitales, carreteras, educación, escuelas y colegios técnicos, etc. Hasta cuando haya producción, podrá el Gobierno de turno dotar de servicios básicos a tribus y colonos que gracias al petróleo se incorporaron a la civilización, ya viven en casas, no solo comen raíces, etc. ¿Quién pagará las indemnizaciones laborales y contractuales, las asignaciones a Gobiernos descentralizados y los 16.000 millones de dólares que perderá el país? Estos problemas no los solucionan ni los pajaritos ni las mariposas ni los tigres ni los monitos... El daño emergente y lucro cesante, las secuelas mediatas e inmediatas serían el resultado de la ‘salomónica’ autorización de la CC. (O)

Galo Vayas Salazar, doctor en Jurisprudencia, Guayaquil