Son positivos los cambios impulsados por el presidente en los medios de comunicación que se hallan en manos estatales, pero son insuficientes si el objetivo es convertirlos en verdaderos medios públicos. La sustitución, en la gerencia del holding y en la dirección de El Telégrafo, de militantes por profesionales sin afiliación y alejados del fanatismo puede significar la apertura de un nuevo rumbo. Pero no apunta a las raíces del problema y deja el futuro al criterio de cada uno de los próximos presidentes. Así como el actual ha decidido poner una distancia entre esos medios y el partido de Gobierno, nada impedirá que quien venga después ponga marcha atrás y los vuelva a convertir en órganos partidistas (del partido o movimiento que sea, ya que la tentación por manipular la opinión pública no tiene color político).

Esta podría ser la oportunidad para establecer medios públicos, claramente diferenciados no solamente de los privados y de los comunitarios, sino sobre todo de los oficiales. La contradicción que se planteó en todo este tiempo entre los públicos y los privados se asentaba sobre una falsa premisa, que consistía en identificar lo público con lo gubernamental. Como ocurrió en todos los ámbitos de la vida nacional, se estableció una dicotomía, una visión en la que solamente existían dos polos. En este caso, lo estatal o lo privado. Nunca se llegó a reconocer que lo público no equivale a lo gubernamental ni a lo estatal. La visión imperante determinaba que todo lo que no es estatal es privado. Sumada a esto la concepción de partido-Estado llevó a convertirlos en voceros de una corriente política y no de la pluralidad ciudadana.

Nunca se quiso aceptar que entre esos dos ámbitos, entre lo público y lo estatal, hay una separación muy clara, porque hacerlo así habría ido en contra de la idea revolucionaria del control total. El núcleo de la cuestión está en comprender claramente esa diferencia y en encontrar los procedimientos adecuados para garantizar la sobrevivencia y la viabilidad de los medios públicos. En gran medida, eso se logra con la conformación de directorios pluralistas surgidos de la sociedad, pero además de ello es necesario dotarles de fuertes escudos que impidan la intervención de los gobiernos y de los intereses privados. Cuando se violan esos principios y esos procedimientos, como ocurrió acá en todo este tiempo, son claramente voceros partidistas aunque se autocalifiquen de públicos.

Un problema de esta magnitud no se soluciona con el cambio de personas en la cúpula de los organismos directivos. Si el presidente tiene la voluntad política de introducir cambios en un tema de tanta trascendencia como este, tiene que saber que la tarea es muy dura. No se trata solamente de expedir una ley que modifique o derogue las existentes, sino de impulsar un debate nacional. No es asunto de tratarlo solamente con los representantes de los medios o con los gremios de periodistas, sino con la ciudadanía en general. Al fin y al cabo, ella es la que constituye lo público. (O)