El de la vivienda es uno de los ofrecimientos centrales del gobierno que se inicia, pese a que su antecesor, en una década larga, gastó miles de millones en ella, desbarató las políticas públicas que el país construyó al respecto, devastó la institucionalidad del sector y quebró a los pocos promotores de vivienda de interés social que todavía se esforzaban por generar una oferta de vivienda digna para familias de menores ingresos. Pero el país ha de continuar, lo que ofrece una oportunidad para que repensemos el tema.

Se hace necesario recordar una obviedad: la de vivienda es una necesidad básica; por lo tanto, se ha de satisfacer de alguna manera. Esta premisa esencial, que frecuentemente se olvida, es el punto de inicio para pensar el rol del Estado y la sociedad a la este representa, respecto de cómo abordar este tema crucial: o dejamos que la gente resuelva como pueda su necesidad, dejándola a merced de traficantes e invasores que crean ciudad a costos elevadísimos para las familias y las ciudades, o montamos sistemas que de forma sostenida abran posibilidades para que estas familias accedan a una vivienda digna.

Ya siete de diez ecuatorianos viven en ciudades; la historia muestra como fútiles los intentos de retener población en el campo. Esta evidencia apunta a la necesidad de dar un tratamiento prioritario a la vivienda urbana, en los centros hacia donde la población se desplaza. La vivienda rural debería pasar a ser parte de programas de desarrollo rural integrado, de los cuales debe ser un necesario componente y debe salir de las competencias del Miduvi.

En cuanto a la vivienda urbana, esta es parte de la construcción de la ciudad y, por lo tanto, los gobiernos municipales deben jugar un rol protagónico en su manejo, en el marco de políticas públicas de Estado. Es que la vivienda es más que paredes y techo; es el desarrollo de tejido social que se manifiesta en la ciudad viva, que va más allá de los espacios físicos; es la construcción de comunidades con toda la complejidad de su dinámica. Por ello, los gobiernos locales deben dirigir este proceso como parte de su competencia para organizar y administrar el territorio y de asegurar la convivencia entre grupos diversos.

Si el tema de la vivienda es mucho más que edificación de inmuebles y de su financiamiento y es un elemento central en la construcción de las ciudades, hay que salir de los planteamientos de proyecto de vivienda individuales o de conjuntos, para pasar a proyectos de construcción de ciudad. Esto implica que los municipios dentro de su planificación deben incluir la designación de áreas para el desarrollo de vivienda, en especial para las familias de menores ingresos, bajo planes de actuación especiales que definan reglas claras para los actores públicos y privados, pero sobre todo que intervengan sobre el suelo urbano para evitar su especulación. El Código respectivo da las herramientas para poder hacerlo, pero hasta la fecha no ha habido quién haga uso de ellas.

La dotación de servicios básicos de saneamiento, energía, movilidad, conectividad, equipamientos sociales y espacio público son elementos que deben, conjuntamente con las viviendas, construir ciudad; todo esto es de competencia municipal. Pero, sobre todo, necesitamos hacer que lo de la vivienda sea un tema que nos competa a todos; que lo saquemos de las campañas políticas como moneda de cambio para obtener votos y se construya una política concertada de vivienda y desarrollo de ciudades que se la sostenga en el tiempo, como una política de Estado. (O)