La política laboral de los ciudadanos revolucionarios es una mezcla entre hipótesis de laboratorio y desconocimiento de realidades productivas en un marco estratégico de programadas y programáticas incertidumbres de desarrollo. Provocar que la redistribución económica dependa solamente del gasto público antes que de una política social, que asuma las múltiples dimensiones de una sensata intervención estatal contra la pobreza, y de una política económica de diversificación, que dé sustento a la redistribución, fue una forma de ensayo/error sumamente costosa. Surgida de la economía elemental y del populismo descabellado.

Heroicos discursivos, arremetieron contra la precarización de un mercado laboral descontrolado. Lo hicieron, por un lado, prohibiendo a formas de contratación lesivas a la estabilidad y los beneficios, que se habían generalizado, amparadas en la movilidad laboral necesaria, pero que escondía formas de explotación extremas. También incorporando formas de trabajo precarias, como el empleo doméstico, regulando su contratación estable y temporal. De otro lado, correspondiente al auge económico se estableció un “salario digno” bajo una forma de cálculo y ajustes salariales anuales superiores a la inflación, pero que dejaban insatisfechas a las partes.

En la formalización se ejerció el rol regulador del Estado, pero no su contraparte económica. No bastaba con la formalización, acompañada de salud y educación pública, sino de la correspondiente contrapartida en la economía, en que el proceso productivo se expandiera correspondientemente. Es decir, desprecarización pero sustentada en una realidad productiva de sustento de la formalización laboral: salarización que devenga en formalización laboral. Y formalización laboral sustentada en una estrategia de política de salud y educación públicas paralelas, complementarias a la seguridad social redistributiva.

Pero no. El régimen pronto descubrió la panacea. Su autocalificada creatividad. La expansión del gasto público social que no venía de la renta, vendría de los trabajadores. ¡Qué felicidad! Socialismo por redistribución del salario de los trabajadores formalizados que paga la incorporación de los no formalizados. El mejor de los mundos posibles. El Estado que debía tomar a su cargo la fracción indirecta del salario de los trabajadores –que finalmente es la educación, salud y otras formas de reproducción, así como la contribución a la seguridad social– encontró que el Instituto de Seguridad Social, IESS, era una fuente de recursos de corto plazo. Y fue a por ella.

La seguridad social en Ecuador tiene dos fuentes, dos pilares. De un lado, la cuenta individual de los trabajadores, que les permite acumular fondos de vejez, pagar gastos médicos, cubrir contingencias como el desempleo y otros servicios como créditos y mortuoria. Estos frentes de la reproducción de los trabajadores, parte complementaria de su salario, se asientan en pagos indirectos de su salario en el IESS, un aporte patronal y un aporte estatal. Son fracciones del salario de los trabajadores que tienen diferentes orígenes, los empresarios y el Estado. Pero son parte del salario de los trabajadores.

De otro lado, como parte de un pacto tripartito, los trabajadores contribuyen con una parte de su salario a una redistribución que tiene como destino tanto a los diversos estamentos de ingreso que concurren en el IESS, la prioridad para el sostenimiento institucional especialmente en pensiones, y otros segmentos que puedan incorporarse progresivamente a los servicios mediante un sano equilibrio entre necesidades sociales y necesidades institucionales. Es el caso del seguro campesino.

El gobierno apostador en la economía y en la política tardó poco en descubrir a este proveedor de nuevos ingresos políticos. Esto es, abrir el IESS –que crecía con la formalización de nuevos aportantes antes mencionada– a una convocatoria discursiva de fundamento clientelar. ¿Quién puede oponerse a la incorporación a la seguridad social de los familiares y las mujeres? Es una extensión históricamente reivindicada. La oposición es abstracta. Viene de la racionalidad necesaria de la política pública, contraria al populismo. Por ello difícil de argumentar contra el sentido común del Estado y su locutor sabatino.

El tema no es oponerse a la extensión de servicios. Sino evitar el deterioro de los existentes. En la historia de la sociología laboral existen mínimos biológicos de reproducción del trabajo, que se sostienen en acumulaciones progresivas de bienes y servicios que se incorporan a su reproducción. No en su deterioro. Los trabajadores acceden a nuevos servicios públicos, incluso de tecnología, y tienen salarios que les permiten, por ejemplo, tomar una cerveza el fin de semana. De estos mínimos históricos no habría cómo retroceder. Pero se lo está haciendo.

Desde la existencia del IESS, este ha sido una fuente innegable para que los sectores medios y los estratos con mejores ingresos de los trabajadores puedan acumular varios bienes, fundamentalmente vivienda. Durante este gobierno se exacerbó esta capacidad encandilados por la posibilidad de crear empleo en la construcción. Pero también los diferentes gobiernos manipularon al IESS para que adquiriera obligaciones a tasas convenientes. Mantuvieron las obligaciones para con el IESS de modo nominal, forma contable que sin embargo permitía, aunque de modo tenue, sostener contablemente a la participación estatal.

Este gobierno, aupado en la aplanadora parlamentaria, se sacudió de la obligación legal y la nominalizó por entero. Dijo, pagaré mis obligaciones cuando sea necesario para el IESS. No dijo que no pagará sus obligaciones cuando no disponga de recursos como ahora. Pero ese es un tema para más adelante. Pero a quién le interesa el futuro si el tema es ahora. Sin plata para hacer clientelismo político, el régimen sabe provocar como lo paguen los trabajadores.

Creativos –la creatividad puede ser una forma malsana extrema– primero convirtieron la formalización laboral en una enorme puerta giratoria. Mientras por una puerta entraban a la formalización nuevos segmentos laborales y se desprecarizaban ciertas prácticas, en el sentido contrario se introdujeron nuevas formas de precarización y obligaciones al seguro social, que deterioran los mínimos históricos de reproducción de los trabajadores.

Sin más y prevalidos del poder gubernamental contra la sociedad, ahora aprobaron un seguro de desempleo financiado por los mismos trabajadores. La apariencia es solidaridad de los pobres para con los pobres. Solo un 1% del salario de los trabajadores para financiar un seguro de desempleo, que se sobrepone y anula al que existía (populistas hasta en la cama). Pero el financiamiento del desempleo no puede originarse en los trabajadores, sino en quienes disponen del excedente porque lo apropian –los empresarios– o porque lo disponen –las políticas públicas–.

Los fondos de la seguridad social son de los trabajadores, puesto que aportan por diferentes vías con un día de la semana que trabajan. Y es bastante en nuestro medio. Los trabajadores deben retomar el manejo de la seguridad social con extrema responsabilidad social, ya que allí se localiza una masa de excedentes que requiere el país para su desarrollo. Enmarcados en la ley para asegurarla e institucionalizarla. Y, por ahora, lejos de Carondelet, que parece está rodeado de sacapintas.(O)

Desde la existencia del IESS, este ha sido una fuente innegable para que los sectores medios y los estratos con mejores ingresos de los trabajadores puedan acumular varios bienes, fundamentalmente vivienda. Durante este gobierno se exacerbó esta capacidad encandilados por la posibilidad de crear empleo en la construcción. Pero también los diferentes gobiernos manipularon al IESS para que adquiera obligaciones a tasas convenientes.