Las estimaciones del crecimiento de las economías de América Latina (AL), realizadas por el Banco Mundial (BM) en un estudio de enero del 2016, plantean una baja tasa promedio para la región, resultado de varios factores externos: (i) Reducción del crecimiento de China. (ii) Paulatina subida de las tasas de interés en EE. UU. que ya han restringido y encarecido los flujos financieros a AL. (iii) Disminución del precio de las materias primas. Y, factores internos que varían para cada país.

En el citado estudio del BM, se señala que en Ecuador el producto interno bruto (PIB) en el 2016 crecerá al -2,0 a niveles inferiores a las predicciones del Banco Central del Ecuador (BCE), cuestión preocupante si entendemos que el PIB constituye el incremento del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país durante un año, para lo cual se requiere, entre otros factores, de mano de obra. Conforme a los recientes datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) a diciembre del 2015, el subempleo (personas con empleo que durante la semana de referencia percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales), entre diciembre del 2014 y diciembre de l2015 se incrementó en 124.872 ecuatorianos, alcanzando 1’050.646 subempleados al final de dicho período.

Este círculo no virtuoso entre el comportamiento de la economía ecuatoriana, incremento del subempleo y desempleo, preocupa aún más en el escenario de baja productividad, debido al efecto negativo sobre el bienestar de los trabajadores, ya que mientras no se desactive el mencionado círculo, se tendrán empleos de baja calidad, esto es, reducción de ingresos, probabilidad de que los trabajadores no entren rápidamente al mercado laboral, de que el seguro de desempleo (SD) no se active correctamente (pues la mayoría de SD son financiados con recursos de las empresas, trabajadores y contribuciones públicas) y potencial pérdida de los beneficios de salud y pensiones durante el período que se encuentren desempleados (si el trabajador era formal).

Una política laboral que beneficie el empleo implica el desarrollo de al menos dos agendas: (i) mejora de la productividad mediante un conjunto de instrumentos que incentiven la formación de los trabajadores, un marco normativo que establezca un costo de despido (armonizando trabajadores-empresarios), un aumento de la eficiencia de los programas de capacitación y tecnificación; y, (ii) el logro de mayor bienestar para los trabajadores, mediante políticas y programas que incentiven empleo joven, reinserción de los que han perdido empleo, servicios de empleo público gestionados por indicadores de resultados, y normativas laborales revisadas mediante procesos de fiscalización. Adicionalmente, la política laboral debe ser integrada con la política de desarrollo productivo y educación, capacitando a los trabajadores para las necesidades específicas de los micros, pequeños, medianos y grandes empresarios, y promocionar procesos asociativos, cadenas productivas, clústers e incentivos a la innovación de productos y servicios que requieran nuestros socios comerciales. Recuperando así el sendero de la competitividad y del crecimiento. (O)