‘Control temporal en las cárceles redujo la violencia en las calles de Guayaquil’: ¿qué más hacer después del estado de excepción?

En dos meses de vigencia del estado de excepción y conflicto armado interno en Ecuador, la Zona 8, integrada por Guayaquil, Durán y Samborondón, tuvo una reducción del 17,29 % de muertes violentas, según cifras policiales. Especialistas en seguridad consideran que esta disminución refleja una “eficacia” del control temporal que el Estado ha impuesto principalmente en las cárceles del país, pero también hay quienes creen que el índice de reducción es mínimo considerando el despliegue realizado.

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Desde el 8 de enero, un día después de conocerse la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de Los Choneros, de la cárcel Regional, en Guayaquil, el Gobierno de Daniel Noboa decretó el estado de excepción, régimen que abarca al sistema carcelario del país e implica que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ejecuten operativos conjuntos en los reclusorios y en las calles, en general.

Asesinatos y robos bajaron por el estado de excepción, pero extorsiones y secuestros se dispararon pese a presencia militar en las calles

Al día siguiente, el 9 de enero, la incursión armada de antisociales a TC Televisión, en Guayaquil, mientras la programación habitual se transmitía en vivo, derivó en la declaratoria del conflicto armado interno a través del Decreto 111, en el que se reconoce como grupos terroristas a 22 bandas del crimen organizado transnacional.

Entre esas bandas figura Los Tiguerones, grupo delictivo al cual se le atribuyó el ataque a TC que no provocó muertes, pero sí causó un rechazo generalizado a la violencia que en ese momento se vivía en el país.

La Zona 8, conformada por doce distritos, entre el 1 de enero y el 7 de marzo de este 2024 registró 330 muertes violentas frente a las 399 que hubo en el mismo periodo del 2023. Esta cifra equivale a una reducción del 17,29 %, en el marco del estado de excepción.

“El manejo del 17 % (de reducción) sí demuestra una eficacia del control temporal que el Estado ha estado manejando, sobre todo con las cárceles, a nivel país. Podemos ver que el frenar el manejo de las cárceles por parte de los delincuentes, de los narcotraficantes, ese 17 % es una lectura que al frenar ese manejo también disminuyen las muertes violentas”, expresa Carlos Sevillano, experto en seguridad nacional y ciencias políticas.

Sin embargo, dice él, que otros delitos como las extorsiones, conocidas como ‘vacunas’, y secuestros se hayan disparado en el país demuestra que las bandas delictivas han dejado de lado la pelea o lucha por el territorio, pero se siguen solventando de actividades delincuenciales como estas.

La cifra de denuncias por extorsiones en la Zona 8 pasó de 566 casos en 2023 a 1.532 en 2024, y los secuestros, de 15 a 209.

“En el manejo de la seguridad el Estado sí ha tenido un proceso, gracias a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ha logrado tener un control temporal del manejo de la violencia que estaba cada día al alza, pero ahora viene el trabajo más duro que es el plan a largo plazo”, refiere Sevillano.

Y para esto, según él, se requiere presencia del Estado en territorio, lo que significa trabajo con la comunidad, y la implementación de inteligencia a nivel de seguridad ciudadana y el control de las fronteras.

Con él coincide Fernando Carrión, especialista en seguridad, quien cree que la reducción de crímenes en la Zona 8 es “alentadora”. “Lo que hay que ver es que cuando termine el estado de excepción qué es lo que va a pasar con las tasas de homicidios”.

En cuanto a las acciones favorables en estos dos meses de estado de excepción, él destaca la intervención en las cárceles con lo que se ha logrado cortar el contacto desde dentro de los reclusorios hacia el exterior y por eso la violencia en las calles se ha reducido, aparentemente.

“La segunda cosa es que dentro de las cárceles había un mercado ilegal fuerte, se compraba y se vendía todo. La impresión que yo tengo ahora es que eso también se ha cortado, porque hoy las PPL (personas privadas de libertad) no tienen que pagar por la comida, sino que El estado les entrega esa comida. Eso ha conducido a que ese mercado no genere ingresos para las estructuras criminales y no tengan los recursos suficientes para la corrupción. Yo creo que el tema carcelario es muy interesante”, expresa Carrión.

Él es partidario de que el Gobierno cierre el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), entidad que maneja las cárceles, y cree una nueva estructura institucional que asuma el manejo de los reclusorios. “Si no, vamos a tener problemas”, sentencia el especialista.

Otro aspecto que resalta Carrión es el reconocimiento de las bandas delictivas como grupos terroristas. Esto, a su criterio, ha permitido que el trabajo de inteligencia policial esté dedicado principalmente a golpear a esos grupos. “Y creo que por eso ha habido un reflujo de parte de ellos, un reflujo de las acciones violentas por parte del crimen organizado y también un golpe bastante importante a estas estructuras criminales por parte de las Fuerzas Armadas”.

Daniel Pontón, docente de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), en cambio, considera que la disminución del 17,29 % en las muertes violentas es pequeña si se toma en cuenta la respuesta contundente del Gobierno, que implicó la declaratoria de conflicto armado interno, las acciones desplegadas a lo largo del territorio, la intervención de las cárceles y el apoyo político que ha recibido el presidente Daniel Noboa frente al tema.

“Lo que me preocupa es que las medidas de un estado de excepción, tanto en el despliegue como en el efecto psicosocial que implica esto, son una especie de suerte de analgésico o anestesia a corto plazo. Los estados de excepción tienen la virtud de intervenir y cortar las acciones que se han salido de las manos, pero que si los primeros dos meses supuestamente de mayor impacto se reduce el 17 %, quiere decir que los próximos dos meses va ir retomando al nivel normal, es decir, la violencia va a seguir alta y quizá creciente”, reflexiona él.

¿Sigue el toque de queda con la ampliación del estado de excepción por 30 días?

Pontón estima que después de los 30 días a los que se extendió el estado de excepción el 7 de marzo, la violencia seguirá en las calles. “La operación de las bandas criminales tal vez se modifique, se oculte un poco más, pero la violencia va seguir”, remarca.

Por eso para él, combatir al crimen organizado requiere de acciones más integrales y estructurales, políticas públicas de corte nacional y local que lleven, por ejemplo, a sanear la administración de justicia. En esta línea, dice, es vital que el Gobierno trabaje sobre los factores de riesgo, como la impunidad.

“Porque crece como bola de nieve, porque gente siente que si comete delitos no tiene ningún tipo de respuesta. El Estado es el que procesa, la violencia tiene que ver con conflictos sociales a veces que se expresan a través de violencia y si usted no tiene un Estado que procesa esos conflictos -que es la justicia-, la gente lo hace por cuenta propia y el problema es que entramos a una especie de espiral de violencia”, manifiesta Pontón. (I)