El legislador Vicente Taiano es el coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC) y cuenta que la agenda legislativa de esta nueva Asamblea se hará a base de todos los proyectos de ley que están en trámite. Asegura que los diálogos entre su partido, Revolución Ciudadana y el oficialismo demostraron madurez, que se establecieron líneas rojas, se respetarán las diferencias y pide no escandalizarse porque una bancada ejerza su derecho a fiscalizar.

¿Cuál es la agenda con la que llega la bancada socialcristiana a la Asamblea para este periodo tan corto?

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La Asamblea tiene un promedio de 550 leyes que se encuentran en trámite y a partir de eso tenemos que construir nuestra agenda legislativa. En materia de seguridad social tenemos un proyecto que se encuentra en discusión en segundo debate, que busca blindar al IESS para darle sostenibilidad en cuanto a sus fondos y no sea concebido como caja chica de cualquier gobierno de turno. Para los gobiernos autónomos descentralizados, un proyecto de ley que busca que no vivan el viacrucis en cuanto a sus rentas y de manera directa regresen los fondos sin tener que esperar al Gobierno.

¿En seguridad cuál es su propuesta?

Definitivamente hay que limitar el abuso de ciertas garantías jurisdiccionales, hay un proyecto que ni siquiera ha sido conocido por la Unidad Técnica Legislativa, que vino como un consenso de algunas funciones del Estado. En cuanto al Código Orgánico Integral Penal nuestra propuesta es que la persona que está sentenciada por sicariato, por secuestro, por extorsión, por violación, por femicidio, no pueda acogerse a un régimen semiabierto.

¿Hay una agenda en común entre estas tres fuerzas que vimos que se unieron para ser mayoría, Revolución Ciudadana, ADN y ustedes?

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Sí, definitivamente, el país primero. Y la primera conclusión de estos diálogos es que la gobernabilidad debe permitir varios escenarios. Primero el que ya se dio, poder designar autoridades en la Asamblea Nacional, integrar comisiones, luego una agenda país sobre las temáticas que al ciudadano le interesan: seguridad, empleo, ley de gestión de riesgo, salud y educación. No podemos hablar de gobernabilidad si no entendemos a los actores de esta discusión.

¿Pero hay temas en los que no coincidieron y se quedaron fuera?

Hay líneas rojas fundamentalmente en materia de fiscalización, que son evidentes, como el tema de las amnistías, como el juicio político de la fiscal Diana Salazar y bajo ningún concepto esto implicaría el romper los diálogos. Hay que saber procesar los acuerdos, pero también hay que saber procesar estas diferencias y el gran objetivo es que el trabajo legislativo se vaya generando.

El acuerdo que alcanzaron estas tres fuerzas tenía seis puntos, ya se cumplió el de las autoridades, el de integrar las comisiones, ¿qué falta?

La agenda de trabajo que se encuentra en un proceso de construcción y cuando hablamos de una agenda de trabajo no solo pasa por construirla desde el CAL, sino también desde las comisiones legislativas permanente. En este momento en todas las comisiones y sobre todo en la de Justicia, de la cual soy parte, se está haciendo la presentación del inventario legislativo y aprobar una agenda de trabajo vinculada.

El PSC ha expresado que no apoyará el juicio a la fiscal Diana Salazar, ¿qué pasará si sí avanza y cuando llegue el momento de votar no tiene su respaldo, veremos la primera fractura con el correísmo?

Los diálogos demostraron madurez y que tenemos que ir hacia una agenda de trabajo sobre los temas prioritarios para el país y dialogar permanentemente con el Ejecutivo. Las diferencias existen y van a existir y deben ser tratadas como líneas rojas y en este caso, desde la bancada somos muy respetuosos de las posiciones y las diferencias que podamos tener... no hay que escandalizarse porque una bancada legislativa haga ejercicio de su derecho a fiscalizar.

Ustedes están impulsando un juicio político contra el exministro Juan Zapata, ¿cuál es la expectativa y no cree que en un periodo tan corto no hay tiempo que perder?

La facultad de fiscalizar la vamos a seguir ejerciendo paralelamente y dentro de los tiempos establecidos. Sobre el juicio que presentó nuestro asambleísta Carlos Vera Mora está absolutamente claro, la seguridad es la principal preocupación y problemática del país, que tiene daños colaterales, la vacuna, la extorsión, están golpeando el sector comercial... tenemos que entender que los funcionarios responsables que no hicieron su trabajo como Zapata, deben recibir una sanción política.

¿Cuando se dieron las conversaciones entre bancadas se discutieron qué juicios políticos iban a impulsar cada uno?

La agenda de fiscalización no fue prioridad y hablamos de que existan varios acuerdos, no solo un acuerdo. Uno fue el acuerdo puntual para generar gobernabilidad... y el segundo se va a ir generando en temas coyunturales, como puede ser la labor de fiscalización, como puede ser la aprobación de leyes e inclusive la aprobación de los económicos urgentes.

¿Entonces existe total apertura para tratar los proyectos económicos urgentes que enviará el Ejecutivo?

Definitivamente la responsabilidad y la madurez política deben de primar en este sentido y existe predisposición. Los económicos urgentes no solo son una obligatoriedad legal, sino también son una responsabilidad de la Asamblea y estos no se pueden detener y tienen que ser tratados, discutidos y aprobados en función de los consensos que estoy seguro van a existir.

¿Existirá la misma apertura para la consulta popular que está en agenda del mandatario, hablaron de eso en los diálogos?

No. Eso es un tema que hay que discutirlo y lo importante es que no solo se lo haga de manera responsable, sino de manera inclusiva y que los temas que vayan a ser parte de esa consulta popular sean un camino para solucionar en el menor tiempo posible problemáticas y que, mientras se discute, a la par debe el país empezar a tratar de resolver sus problemas de fondo en materia económica, en materia de generación de condiciones para empleo, en materia tributaria y sobre todo, en materia de seguridad. (I)