Conflictos internos y acusaciones de vinculación al narcotráfico debilitan imagen de la Policía Nacional

Con el lema “Servir y proteger”, la Policía Nacional, institución encargada de dar seguridad a la ciudadanía, pero también de combatir a las mafias del crimen organizado transnacional al interior del país, atraviesa por una crisis institucional debido a los conflictos internos que han llevado a la división del alto mando en dos grupos y a acusaciones de vinculaciones al narcotráfico por parte de entes externos.

En este momento, el mando institucional de la Policía está compuesto por 23 generales: 19 generales que están en funciones y pidieron a los organismos de control la investigación de sus cuentas, y 4 generales que fueron cesados en sus funciones por parte del presidente Guillermo Lasso el 3 de agosto y luego, por una decisión judicial, fueron restituidos a sus cargos esta semana.

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En el grupo de 19 generales están la comandante general, Tannya Varela Coronel; el general inspector, Carlos Cabrera Ron; y los generales de distrito Marco Villegas Ubillús, Nelson Ortega Curipallo, Fabián Salas Duarte, Fausto Salinas Samaniego, Manuel Íñiguez Sotomayor, Mauro Vargas Villacís, Giovanni Ponce Parra, Fausto Olivo Cerda, Alaín Luna Villavicencio, César Zapata Correa, Fausto Buenaño Castillo, Víctor Zárate Pérez, Edwin Noguera Cózar, Pablo Ramírez Erazo, Freddy Sarzosa Guerra, Freddy Goyes Silva y Marcelo Sáenz Saltos.

Todos ellos cuentan con el respaldo y la confianza del presidente Guillermo Lasso, quien dijo que son “elementos serios, respetables y han pasado por una debida diligencia antes de su ascenso” y de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien ha reiterado que sobre ninguno de ellos existe un llamado de la Embajada de Estados Unidos (EE. UU.) para cancelación de visa, pero que están poniendo a disposición del presidente sus cargos para que él decida si los remueve o no.

En el otro grupo de 4 generales están los generales de distrito Pablo Miguel Rodríguez Torres, Edgar Fernando Correa Gordillo, Paulo Vinicio Terán Vásconez y Víctor Manuel Araus Macías, quien también ha denunciado a Varela por falsificación de documentos en su proceso de ascenso, proceso que está pendiente de resolución, y a quien la Embajada de Estados Unidos canceló su visa y la de su familia.

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Los cuatro fueron cesados “por no haber cumplido con los requisitos exigidos en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público”, a través del Decreto Ejecutivo 146; pero ellos apelaron la decisión y la jueza Verónica Medina emitió una sentencia a su favor, restituyéndolos en el cargo.

Sin embargo, aunque los cuatro ahora están en funciones, esto no está en firme, pues la Presidencia de la República, el Ministerio de Gobierno y la Presidencia del Consejo de Generales de la Policía Nacional apelaron la decisión ante la Corte Provincial, que deberá resolver próximamente si ratifica o no la sentencia de la jueza Medina.

Aunque los cuatro son parte del mando institucional y están en direcciones nacionales de salud, bienestar social y financiera, ellos no han sido convocados al Consejo de Generales, cuya potestad es solamente de la comandante general Varela.

En medio de esta pugna interna y con el antecedente de mandos medios militares involucrados en narcotráfico como es el caso del excapitán Telmo Castro, quien fue sentenciado por narcotráfico en el 2014, vinculado al cartel de Sinaloa y asesinado en la cárcel el 2019, surgen las declaraciones de Michael Fitzpatrick, embajador de EE. UU. en Ecuador desde 2018, sobre la existencia de “narcogenerales” a quienes se les ha retirado la visa para evitar que ingresen a su país.

Las declaraciones de Fitzpatrick salen a la luz casi simultáneamente a la sentencia favorable de la jueza Medina para restituir en funciones a los generales cesados por Lasso, vía Decreto Ejecutivo.

A propósito de la crisis carcelaria, el discurso del gobierno de Guillermo Lasso sobre que el narcotráfico es la raíz de muchos de los males en el país se acentuó y sirvió de plataforma para contextualizar el anuncio de la política pública de lucha contra la corrupción que será presentada en abril del 2022, con la constitución de una “Unidad Administrativa Anticorrupción” adscrita a la Presidencia y una “Comisión Nacional Anticorrupción”, compuesta por las funciones del Estado y otros organismos de control.

Pero que el 2021 sea el año con el mayor decomiso de drogas en la historia del Ecuador, alrededor de 196.4 toneladas con corte a diciembre, no ha frenado ni los asesinatos en la cárceles entre las bandas vinculadas al narcotráfico internacional ni las denuncias de corrupción, como es la penetración del narcotráfico en las más altas esferas de las fuerzas del orden en un Estado democrático, es decir, en el interior de instituciones como la Policía Nacional.

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El exministro de Gobierno Francisco Huerta, que tras investigar el ataque en Angostura en el que murió el líder de las FARC, Raúl Reyes, a través de la Comisión de Transparencia y Verdad, en el 2009, fue uno de los primeros en hablar de los riesgos de que Ecuador se convierta en una “narcodemocracia”, sostiene que lo que ahora se está viviendo en el país es la culminación de un proceso que ya se estaba dando, que la Policía es una institución no solo con denuncias de vinculación al narcotráfico sino también la enorme corrupción y como ejemplo está el caso de las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol) y que la circulación de la droga requiere de “complicidades de alto nivel”.

“Deberíamos aprovechar para pegarnos un baño de verdad en cuanto a qué está pasando con nuestra institucionalidad porque en la administración de justicia encontramos problemas semejantes (...) Tuvimos un gobierno que favoreció el narcotráfico (...) que sacó la Base de Manta (...) Seguimos descubriendo pistas aéreas, hacemos capturas (de droga) por cientos de toneladas (...) estamos hablando de una cantidad monstruosa de droga que sale por aquí y eso requiere complicidades de alto nivel. Yo no sé si sean solo narcogenerales, pero la sospecha es que también algunas cúpulas políticas están contaminadas y el financiamiento de las campañas debería controlarse muy estrictamente”, agregó Huerta.

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En tanto, el general de Policía en servicio activo hasta el 2002 y experto en temas de seguridad Abraham Correa sostiene que debe darse una profunda investigación dentro de la Policía sobre las acusaciones, que la denuncia del embajador es grave, “lesiona” la seguridad del país y la credibilidad de la institución policial, que la lucha interna por el poder, así como los nexos con el narcotráfico no son nuevos en la institución, vienen de mucho antes, y que el embajador también menciona jueces, funcionarios y otros que también se deben investigar.

“Todo el tiempo ha habido estas denuncias (de vinculación al narcotráfico), el Gobierno americano siempre ha apoyado al Ecuador y a la Policía Nacional, creó unidades especiales que fueron generando acciones positivas, que se eliminó al terrorismo y la subversión. Cuando vino el gobierno de Rafael Correa se fulminaron las unidades especiales, lo mismo pasó con Fuerzas Armadas, las fronteras quedaron desmanteladas, los subversivos pasaban en romería...”, agregó Correa. (I)