Que no hubo dolo ni perjuicio económico en la compra de los siete helicópteros Dhruv por $ 45 millones, que se realizó en el gobierno de Rafael Correa, y de los que cuatro se accidentaron y tres quedaron paralizados, argumentó el juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Luis Rivera Velasco, para dictar un auto de sobreseimiento a 18 procesados en la investigación de un delito de presunto peculado.

Tras once meses de espera de un pronunciamiento, este 19 de junio de 2023, el juez Luis Rivera, de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la CNJ, instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en la que decidió no llamar a juicio a 18 personas, porque a su criterio, no se “subsumió la conducta penal” de peculado.

Embodegados y sin opción a venderlos, así están los tres helicópteros Dhruv. Lunes 22 de noviembre del 2021. Tres helicópteros Dhruv permanecen embodegados en uno de los hangares del Ala de Combate n.° 22 de la FAE, en la Base Aérea Simón Bolívar de Guayaquil. Foto: Archivo

Al contrario, en su fallo de primera instancia, resaltó que el Estado ecuatoriano recibió «más o menos» $ 53 millones por pago de seguros tras la accidentabilidad de cuatro helicópteros, a lo que sumó que los otros tres «siguen operativos».

Publicidad

Esto pese a que estos tres aparatos están embodegados en un hangar del Ala de Combate n.º 22 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) en Guayaquil, cuando esta institución resolvió su «paralización indefinida» en el 2015 al registrarse el cuarto accidente.

Este proceso penal surgió por una investigación impulsada por la Fiscalía General del Estado, presidida por Diana Salazar, que sostiene que hubo irregularidades y disposiciones arbitrarias en la compra de estos siete helicópteros Dhruv que se hizo en agosto del 2008 a la empresa hindú Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

La investigación abarcó el proceso preparatorio, precontractual, contractual y de ejecución de esta compra que se hizo en la gestión de Rafael Correa, en la que participaron el Ministerio de Defensa, la Fuerza Aérea Ecuatoriana y la HAL, con su representante en Ecuador, Sumil S. A.

Publicidad

La hipótesis de la Fiscalía señala la sospecha de peculado que habría causado un perjuicio al Estado por $ 66,4 millones.

Luis Rivera cuestionó a la Fiscalía de «confundir» las diferentes fases del proceso de contratación, así como leyes y reglamentos que aplicaron las instituciones militares en su momento para proceder. Siendo así, «no se evidencian conductas penalmente relevantes; sino acciones que corresponden a las esferas administrativas y/o precisamente de las funciones y cargos de los servidores públicos», reflexionó.

Publicidad

Para ello, acogió una de las pruebas de descargo expuestas por una de las defensas técnicas que argumentaba que la Contraloría General del Estado realizó tres exámenes a las etapas contractuales, contractual y de ejecución y que, en esencia, el examen DA3-0047-2012 «establece en sus conclusiones meras recomendaciones a las diversas entidades públicas que participaron en el proceso de contratación».

QUITO. Durante una ceremonia de ascensos de la FAE, en octubre del 2009, se produjo el primer accidente. No hubo fallecidos.

Por lo tanto, «de los hechos planteados no se evidencian a su vez que los elementos del tipo penal de peculado se encuentren. Por ejemplo, aquel del verbo rector “abusar” (…); en tanto se insiste las actuaciones -o si se quiere llamar conductas- no caen en la esfera penal; por tanto, no hay dolo; a lo cual se suma el siguiente elemento decidor del tipo que es el perjuicio económico”, cita el fallo.

Para Rivera, hay que «resaltar» aspectos que se dieron en esta compra, como que la partida presupuestaria disponible era de $ 67 millones, pero se la hizo por $ 45 millones.

Además, que los equipos estaban asegurados y, aunque cuatro de ellos se accidentaron, la compañía Seguros Sucre S. A. canceló al Estado «más menos» $ 53 millones por concepto de pago de seguros.

Publicidad

Agregó que «tres aeronaves siguen operativas; cuyo valor -a partir del contrato- cada una oscila en los $ 6 millones; es decir, que si el valor del contrato fue por $ 45 millones, se pagó por el seguro de las aeronaves accidentadas $ 53 millones; resultando por tanto una diferencia a favor del Estado ecuatoriano no solo por el pago del seguro de las aeronaves accidentadas más el valor de los tres helicópteros. Ergo, no se ha evidenciado perjuicio, tanto más que la pericia que ha sido anunciada realizada por el perito Marcelo Guzmán Chiriboga se trata de un informe de inversiones, mas no de un cálculo de perjuicio, que no hay», concluyó el magistrado.

Asimismo, consideró que se «recuperó más del 100 % del dinero invertido en las siete aeronaves únicamente con los seguros cobrados por los cuatro helicópteros accidentados, quedando una diferencia a favor inclusive del Estado; per se, no hay el perjuicio económico que ha señalado la Fiscalía General del Estado que hace mención a $ 66 millones».

Su sentencia se da en un contexto en el que de estos siete helicópteros Dhruv, cuatro se accidentaron y como consecuencia de ello hubo tres militares muertos.

El 27 de octubre del 2009 se produjo el primer accidente cuando uno de estos aparatos se estrelló durante una exhibición que se hizo en la Base Aérea Mariscal Sucre, en Quito, por los 89 años de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. No dejó heridos ni fallecidos.

El segundo siniestro se produjo el 20 de febrero de 2014, era el helicóptero presidencial que se cayó en San Roque (Chimborazo) y murieron tres militares que se dirigían a Quito desde Guayaquil.

Un año más tarde, el 13 de enero de 2015, un Dhruv se accidentó en una misión de entrenamiento en Chongón, población cercana a Guayaquil, y no dejó víctimas.

Apenas dos semanas después, el 27 de enero de 2015, se accidentó el cuarto Dhruv en el helipuerto de Tena (Napo) sin dejar fallecidos, pero sí varios heridos.

TENA. Un cuarto helicóptero comprado a la India cayó el martes pasado. Los otros tres accidentes fueron en el 2009, 2014 y 2015.

Fue así que en abril del 2021, en el gobierno de Lenín Moreno, se dispuso la venta de estos tres aparatos, pero la Fiscalía reactivó la investigación por presunto peculado -que se archivó en el 2009- y solicitó la prohibición de su venta.

Por este caso, la institución investigó a 18 personas a las que en una audiencia de formulación de cargos del 6 de octubre del 2021 acusó de presunto peculado.

Pero con la resolución del juez Luis Rivera quedaron sobreseídas y se levantaron las medidas cautelares dictadas. Entre estos actores están exministros y oficiales de la FAE que intervinieron en esa contratación.

Como los exministros de Defensa Javier Ponce y Wellington Sandoval; Carlos Morales San Martín, exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional; el excomandante de la FAE Rodrigo Bohórquez Flores; el exjefe de Estado Mayor de la FAE Leonardo Barreiro; Eduardo Esparza, brigadier general (sp) de la FAE; Wilson Alemán y Vicente Illescas, coroneles (sp) de la FAE.

También, Marco Flores y Jaime Encalada, tenientes coroneles (sp) de la FAE; el capitán de Fragata de la Armada Nacional (sp) Gonzalo Estévez; el suboficial (sp) de la Fuerza Terrestre Francisco Torres; Jorge Mejía, brigadier de la FAE; Luis Valverde y Merwin Villagrán.

También a los ciudadanos Jaime Puga Dávila, Alonso Espinoza Romero y Juan Cortez Tamayo, este último funcionario de Sumil S. A.

Según Rivera, la Fiscalía no reunió los «cuatro elementos constitutivos de la existencia de un delito», como el acto (sustento material de la conducta humana); típico (descrito en la ley penal); antijurídico (contrario al derecho y que genere una lesión al bien jurídico protegido); y culpable (acto imputado y reprochado al autor), que «deben ser consecuentes y sistemáticos entre sí y, en caso de inexistencia de alguno de estos elementos, la consecuencia clara es la inexistencia del delito», reza su razonamiento.

A esta decisión, la fiscal general, Diana Salazar, apeló de manera oral y un nuevo tribunal de jueces de la Corte Nacional de Justicia deberá resolver su apelación. (I)