Implementar planes de seguridad urgentes para los comicios presidenciales, una alternativa que se pide al Consejo Nacional Electoral

El asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, y los sucesivos hechos de violencia en varias provincias y cárceles del país preocupan a actores de la sociedad civil por la incidencia que pueda tener en el desarrollo de la campaña electoral, en vísperas de las elecciones generales anticipadas de este 20 de agosto. La propuesta es que se implementen planes de seguridad urgentes.

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Restan 26 días para que se realicen las elecciones anticipadas presidenciales, legislativas y dos consultas populares en materia ambiental y desde este 8 de agosto se abrirá la campaña proselitista para los candidatos a asambleístas, mientras que la de los ocho binomios presidenciales empezó el 13 de julio.

Pero este ambiente electoral se desenvuelve en medio de hechos violentos como el del domingo último, en el que fue asesinado el alcalde de Manta, Agustín Intriago, al que se sumaron cuatro días de motines en la Penitenciaría del Litoral y atentados públicos en Esmeraldas.

Debido a esa conflictividad, el presidente de la República, Guillermo Lasso, decretó en las últimas horas dos estados de excepción: uno en Manabí, Los Ríos y Durán (Guayas); y otro en los centros de rehabilitación social que, en ambos casos, regirán por los siguientes 60 días. Es decir, hasta septiembre próximo.

En ese contexto, la organización de los comicios generales anticipados requeriría de planes de seguridad para proteger a los candidatos, funcionarios electorales, electores, recintos y también a quienes forman parte de las misiones de observación electoral tanto nacionales como internacionales.

Régis Dandoy, catedrático de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y que ha participado como observador electoral en 15 países, ve con preocupación la situación de inseguridad en el Ecuador, sobre todo porque no ha tenido una historia de violencia electoral.

“La violencia electoral no es algo común en el mundo. La gran mayoría de países no tienen evidencias de violencia electoral, que es algo que se puede observar en países como México. Pero comparar a Ecuador con México es preocupante. No sabemos si es un problema que va a crecer en el tiempo, quizás en el 2025, cuando habrá otras elecciones presidenciales”, opinó Dandoy.

Su temor es que los actos de violencia que alcanzan a alcaldes, que representan al Estado en una población local, puedan pasar a una siguiente etapa como en quienes son actores de un proceso eleccionario.

“No sabemos si estamos al final, al último paso de la violencia, o si estamos más allá de la violencia en contra de candidatos a las elecciones nacionales. Sería una etapa aún más preocupante, que sea en contra de la comunidad diplomática que observa las elecciones en Ecuador”, manifestó Dandoy.

Hasta el momento, el Consejo Nacional Electoral (CNE) acreditó a 174 personas naturales nacionales; una persona jurídica nacional y sus 65 delegados; y, tres personas extranjeras domiciliadas en Ecuador para que realicen observación electoral.

También está prevista la llegada de las misiones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE), que aceptaron la invitación del Consejo.

Otros invitaciones se extendieron a la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB), Transparencia Electoral, al Parlamento Andino, Parlamento del Mercosur (Parlasur), Centro Carter, la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA), a Capel.

En esencia, se estima que arribarán alrededor de 113 observadores internacionales, a los que se sumarían más de 1.300 actores nacionales, entre los que están los delegados de los Consejos Nacionales para la Igualdad, de la sociedad civil y de universidades.

Según Dandoy, “las misiones de observación son claves porque dan legitimidad a las elecciones, dan transparencia, dan información. Y garantizan que el proceso sea transparente, limpio. Si hay un país en donde no hay observadores, la población puede poner en duda los resultados, pero si hay 5.000 observadores y todos dicen que fue transparente, habrá menos quejas, menos llamados de fraude, da más legitimidad y más peso a los resultados”.

Así también, recordó que los informes que elaboran estas misiones son vistos en el exterior para analizar si un socio democrático es confiable.

“Toda la comunidad internacional está observando cuando un país tiene sus elecciones. Eso contribuye a la imagen del país y si, por ejemplo, Ecuador no logra demostrar que es seguro, estable, democrático, eso va a afectar los reportes de las embajadas que envían a sus ministerios de Relaciones Exteriores y ellos deciden si vamos a seguir con las colaboraciones comerciales, políticas de desarrollo. Pero si ven una imagen negativa, inestable, caótica, que no puede proteger a sus ciudadanos, a sus candidatos, podría afectar la imagen en la comunidad internacional y sus relaciones con otros países”, añadió el catedrático.

La directora de la organización no gubernamental Corporación Participación Ciudadana (PC), Ruth Hidalgo, hizo un llamado al Consejo Nacional Electoral a elaborar un plan emergente de seguridad para estos comicios nacionales.

“Sugerimos, proponemos y pedimos al CNE que elabore o haga un plan emergente de seguridad en conjunto con la fuerza pública y logre blindar a los espacios de acceso a los recintos electorales y dar mayor protección a los candidatos, que podrían estar en estado de indefensión”, manifestó el lunes último en declaraciones de prensa.

PC tendrá presencia con 700 voluntarios a nivel nacional para recabar información y uno de los temas será cómo se garantizó la seguridad el día de las votaciones.

Para Hidalgo el asesinato del alcalde de Manta en medio de una campaña electoral “no es cosa menor”, al contrario, cree que este suceso tendría como objetivo mandar un mensaje desde el crimen organizado.

“Es urgente que haya un plan de seguridad efectivo, un plan nacional de seguridad global, que es lo que permitirá que estos hechos no se den”, dijo Hidalgo. Ella cree que esto debe construirse con los representantes de los gobiernos locales para que no sea aislado y dé resultados.

“Ahí podremos hablar de una lucha en contra de la inseguridad. Es un llamado de atención a las autoridades. No podemos permitir que el hacer política se convierta en un riesgo para la vida, porque eso hace un daño irreparable a la democracia”, reflexionó.

El director de la Fundación Ciudadana y Desarrollo (FCD), Mauricio Alarcón, consideró que estos hechos de violencia se registraron también en las elecciones seccionales de febrero pasado, por lo que están “recrudeciéndose”.

“Simplemente se están recrudeciendo estas prácticas que son recurrentes y ocurren porque no hay sanción para los responsables, tampoco hay la debida protección a quienes están, en este caso, jugándose la vida en la política. No hay programas de protección y a la gente no le importa, ni a las autoridades. Lo que hay es impunidad”, protestó Alarcón.

El directivo recordó que el asunto de la seguridad en tiempos de política electoral será “notado y resaltado por las misiones de observación que verán que no hay las garantías necesarias para que una campaña se realice de manera segura, y eso es algo negativo, es un mal precedente para los procesos electorales en el Ecuador. Esto opaca las cosas que, de una u otra forma, estén haciéndose bien”. (I)