Patricio Maldonado, presidente de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), reveló que de los 221 alcaldes que son en el país solo 17 tienen protección policial personal. Hasta el lunes 24 de julio varios alcaldes han presentado 29 solicitudes para obtener resguardo, algunos de ellos han hecho el pedido hasta en dos ocasiones, señaló.

Maldonado se refirió la mañana del martes a los atentados y amenazas que sufren alcaldes, especialmente de la Costa. El funcionario habló desde Guayaquil minutos antes de reunirse con el presidente de la República, Guillermo Lasso, y más autoridades, para analizar los riesgos que enfrentan las autoridades locales, a raíz del asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago, ocurrido el domingo.

“Esta es la muestra de que definitivamente hemos tocado fondo. Esta es la muestra de que el país anda mal desde hace algún tiempo. Nosotros no es que hoy estamos levantando la voz. Todo el tiempo hemos estado buscando soluciones y alternativas”, reclamó Maldonado.

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El titular de la AME informó que en lo que va del año han contabilizado al menos diez atentados contra las máximas autoridades de Portoviejo, Durán, Playas, Antonio Ante, Naranjal, el exalcalde de Camilo Ponce, El Triunfo, El Carmen, Atacames (vicealcalde).

Además, el último sábado el alcalde de Cumandá, Oswaldo Bonifaz, recibió una carta con una amenaza de muerte contra él y su familia.

Maldonado dio a conocer que el viernes el comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, respondió a un pedido de la AME e informó que hasta ese momento 12 alcaldes habían requerido resguardo y que se les asignaría protección; uno de ellos fue el alcalde de Manta.

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“Conocemos y sabemos que definitivamente tuvo seguridad (Agustín Intriago), pero ahí nos queda un espacio vacío que pensar... ¿realmente las personas que están brindando seguridad a autoridades están capacitadas para brindar la seguridad necesaria?”, cuestionó el presidente de la Asociación de Municipalidades, ya que reclamó que el personal de la policía debe estar capacitado para brindar la protección necesaria.

Comentó que “el crimen organizado avanza a pasos agigantados y cada día es mucho más difícil vivir”. Y mencionó que no solo los funcionarios municipales son amenazados, sino también sus familias.

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Por otro lado, reconoció que no todos los alcaldes tienen un perfil de riesgo, por lo que muchos no han pedido protección. También hay casos de autoridades que por su cuenta han contratado seguridad privada.

Los alcaldes solicitan al Gobierno que se les permita participar de forma activa en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), con el fin de plantear propuestas para estructurar un plan de seguridad nacional que contemple las necesidades y realidades particulares de cada localidad.

El artículo 6 de la Ley de Seguridad Pública le permite al presidente invitar a los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) a ser parte activa del Cosepe y aportar con soluciones, apuntó Patricio Maldonado.

Señaló que 150 municipios tienen consejos de seguridad cantonales, pero la realidad es que varios alcaldes ni siquiera saben para qué sirven esas herramientas. Además, reclamó que los cantones cuentan con recursos económicos limitados. (I)

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