Son cinco los legisladores de Pachakutik a los que el presidente de la República, Guillermo Lasso, acusó el pasado 26 de marzo de haber pedido “beneficios económicos para sí a cambio de consignar su voto a favor del proyecto de Ley de Inversiones”, que envió a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente.

En una carta dirigida a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, Lasso solicitó que se investigue a los legisladores tomando como referencia el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que se refiere al delito de concusión, el cual se configura cuando algunos ciudadanos, en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, exigen “la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas”.

Los asambleístas señalados son:

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Rosa Elizabeth Cerda Cerda fue electa por la provincia de Napo. Es parte de la Comisión del Derecho a la Salud y Deporte. Ha presentado un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior.

En agosto pasado, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) suspendió por ocho días y sin remuneración a Cerda, luego de tramitar una queja en su contra por las declaraciones que dio en una asamblea de PK: “Si roben, roben bien, justifiquen bien, pero no se dejen ver las cosas, compañeros”.

Esta denuncia la puso Eitel Zambrano (BAN), quien consideró que ella hacía una apología al robo lo cual afectaba a la imagen de la Asamblea Nacional. Ella pidió que la Asamblea Nacional archive la queja.

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Gissella Cecibel Molina Álvarez es represente de Cotopaxi. Es parte de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Ha presentado un proyecto de Ley interpretativa al artículo 33 de la Ley de la Contraloría General del Estado.

Edgar Patricio Quezada Patiño fue electo por Sucumbíos. Es parte de la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad. La página web de la Asamblea Nacional no registra proyectos de ley presentados por el asambleísta.

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El asambleísta Edgar Quezada, delegado de Pachakutik en la Comisión de Garantías Constitucionales, asegura que se alteró el informe de los papeles de Pandora. Cortesía Foto: ANDRES ESTRELLA M.

Quezada fue el asambleísta que denunció, en noviembre pasado, una alteración en el informe de investigación de los llamados Pandora papers, que se trabajó en su comisión. Los Pandora papers revelaron la existencia de cuentas en paraísos fiscales de políticos de todo el mundo, incluyendo al presidente Lasso.

En ese momento dijo que en ningún momento se acordó incluir como recomendación el supuesto incumplimiento por parte del presidente a lo dispuesto en el artículo 130.2 de la Constitución de la República, donde se señala que la Asamblea Nacional puede destituir al presidente de la República por “grave crisis política y conmoción interna”.

José Celestino Chumpi Jua es legislador por Morona Santiago; preside la Comisión de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio. No ha presentado ningún proyecto de ley.

Chumpi apoyó en algunos temas a los legisladores autodenominados “rebeldes” de PK, pero finalmente se quedó en la bancada que coordina Rafael Lucero.

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Cristian Omar Yucailla Yucailla, de Tungurahua, es parte de la Comisión del Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa. Tampoco ha presentado ninguna ley.

Lasso denunció también al asesor legislativo de este último, Marcelo Rosero.

Desde la directiva nacional de PK se emitió este 27 de marzo un comunicado en el que pide a la Fiscalía General que investigue con objetividad y transparencia y en el marco de la ley “todo acto que no esté pegado a la ética de cualquier funcionario y que de comprobarse actos dolosos, que se aplique el máximo rigor de la ley a quien corresponda”. (I)