Salida de jueces titulares de la Corte Nacional genera dudas respecto a quiénes tomarán sus causas

La salida de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de los jueces titulares Luis Rivera, Byron Guillén, Walter Macías, de la Sala de lo Penal, y Fabián Racines, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, el próximo 3 de febrero, no solo significa una reorganización en el pleno del organismo, pues solo se quedarían con once jueces titulares de los 21 que deberían existir, sino que también genera un cambio de miembros en las salas, tribunales y juzgados que revisaban causas de relevancia pública y política.

El 12 de enero pasado, el pleno del Consejo de la Judicatura, integrado por el presidente temporal, Álvaro Román, y los vocales Yolanda Yupangui y Fausto Murillo, decidió revocar la resolución que extendía hasta el año 2030 las funciones de seis jueces de la CNJ, entre ellos, Rivera, Guillén, Macías y Racines. La extensión a nueve años de los jueces fue adoptada en septiembre de 2023 con solo los votos del entonces presidente de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal Xavier Muñoz, ambos hoy detenidos y procesados por actos de corrupción.

Álvaro Román: Me interesa que el Consejo de la Judicatura sea una institución administrativa, técnica, jurídica. No podemos distraernos en política

Para Román, la decisión tomada de forma unánime debe ser entendida como legal y constitucional, pues la resolución anterior, anotó, fue completamente ilegal. “Los jueces concursaron bajo unas reglas claras y precisas. Era un proceso de transición y por lo tanto, el artículo de la Constitución que establece que los jueces tienen que durar nueve años se ve afectado por esta transición. Esa transición hace que sean jueces de tres, seis y nueve años. Cuando concursaron, ellos sabían que tenían que quedarse tres y seis años, pero cuando se les amplía el plazo, eso era ilegal. Por ese motivo es que se hace la derogatoria, se vuelve al estado anterior y por eso los jueces tienen que salir”.

El presidente de la Judicatura ha confirmado además que no existirá una prórroga en el cargo de jueces titulares de la Corte Nacional y eso abre la puerta a dos situaciones: que conjueces titulares se ubiquen en los despachos que dejan los jueces salientes y, segundo, que el CJ debe pensar en empezar a buscar a los mejores perfiles dentro de jueces provinciales para que ocupen el cargo de jueces temporales.

El constitucionalista José Chalco explica que no existe prórroga para jueces de la CNJ, pues de conformidad con el artículo 173, punto uno del Código Orgánico de la Función Judicial, estos funcionarios cesan en sus cargos de forma inmediata una vez que se han cumplido los periodos para los que fueron designados. “No existe prórroga para jueces de la Corte Nacional porque son de periodo fijo y terminan inmediatamente al cumplir el periodo”, refirió el profesional.

En ambos casos los conjueces estarán en sus cargos hasta que se realice un concurso y se designe a los nuevos jueces titulares. Román asegura que quiénes irán a qué salas son cuestiones que deberán ser resueltas internamente por la Corte Nacional.

Mientras se resuelven esos procesos de tipo administrativo tanto en la Judicatura como en la CNJ, los juicios no pueden parar. Si bien todo proceso judicial que llega a esta corte es importante, los casos penales terminan siendo de mayor prioridad por las situaciones que se ventilan.

En esa línea de ideas, la inminente salida de Rivera, Macías y Guillén obliga a una nueva confirmación de los tribunales y de jueces unipersonales que llevaban casos como Sobornos 2012-2016, Reconstrucción de Manabí, Independencia Judicial, González y otros.

Por ejemplo, dentro del caso Sobornos, hace poco el Tribunal de Revisión, integrado por los jueces de la Corte Nacional Byron Guillén, Luis Rivera y Felipe Córdova, inadmitió los recursos de revisión presentados por los empresarios y sentenciados Ramiro Galarza y José Hidalgo, de la constructora Hidalgo & Hidalgo. Los recursos buscaban echar abajo la condena de ocho y dos años y ocho meses, respectivamente, que se les impuso por el delito de cohecho pasivo agravado.

Una vez que se cumpla la salida del cargo, la Corte Nacional deberá proceder con el mecanismo para llenar las vacantes que dejan Guillén y Rivera en este Tribunal, que deberá conocer cualquier otro recurso de revisión que planteen los diez exfuncionarios públicos y diez empresarios a quienes se les condenó por participar en una “red de corrupción” que operó desde la Presidencia de la República con el fin de financiar las actividades del desaparecido movimiento político Alianza PAIS, mediante el cobro de cuotas ilegales a contratistas, a quienes a cambio se les entregaban obras públicas del Estado.

De la lista de condenados, asimismo, son parte el expresidente y el exvicepresidente de la República Rafael Correa y Jorge Glas. Ambos, además de tener que pagar al Estado ecuatoriano una reparación integral de $ 778.000, también recibieron una condena de ocho años de cárcel al ser identificados en la estructura delictiva como autores mediatos por instigación.

El Tribunal de Ejecución de este mismo caso también sufrirá cambios, pues Macías es el ponente de una sala que se completaba con los jueces nacionales Mercedes Caicedo (quien reemplazará al presidente Iván Saquicela) y Marco Rodríguez.

El denominado caso Reconstrucción de Manabí también se quedará sin juez dentro de la instrucción fiscal por el delito de peculado contra Jorge Glas como expresidente del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo; Carlos Bernal, exsecretario del Comité para la Reconstrucción de Manabí, y Pablo Ortiz, exgerente de la empresa estatal Ecuador Estratégico. Esta causa se inició con el juez Luis Rivera y deberá un conjuez temporal tomar las riendas del procesamiento penal.

Judicatura declaró la nulidad total del concurso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia

En esta causa existe orden de prisión preventiva contra Glas y Bernal, dos de los tres investigados por supuestas irregularidades en la contratación del proyecto vial Manta-Colisa. La teoría de Fiscalía habla de que pese a que el proyecto no cumplía con los ejes propuestos por la Ley de Solidaridad (emergencia, reconstrucción y reactivación), fue adjudicado el 30 de marzo de 2017 y establecido como prioritario, sin tomar en cuenta que existían más de 580 proyectos para reconstrucción de infraestructura pública, vivienda, salud y educación que requerían de atención inmediata después del terremoto ocurrido en Ecuador, en abril de 2016.

A Gustavo García, abogado de Pablo Ortiz, le preocupa que lo que se está tratando de hacer es solventar una situación con jueces provinciales que asuman temporalmente la calidad de jueces nacionales. Él piensa que eso es peligroso porque no está reglado de forma expresa y en derecho público solo se puede hacer lo que está permitido. “Nosotros tendremos que evaluar el tema, en caso de que sea pertinente, pero esta situación podría ocasionar una nulidad”, sostuvo.

La salida de Luis Rivera también obligará a un cambio de juez en el caso Independencia Judicial. En este proceso penal se abrió una instrucción fiscal a finales de diciembre pasado por obstrucción de la justicia y Rivera ordenó prisión preventiva para Wilman Terán y el vocal Xavier Muñoz, mientras que a la exvocal de la Judicatura Maribel Barreno y otros cuatro exfuncionarios de ese organismo se les dispuso presentación periódica y prohibición de salida del país.

Aún no se ha definido el tribunal que tratará la apelación a la prisión preventiva planteada por Terán y Muñoz. Entre los procesados están funcionarios judiciales que se supone colaboraron para conseguir acciones administrativas judiciales que convenían a la impunidad de alguien.

Pese a la urgencia que existe por contar con jueces titulares para conformar la CNJ, el presidente de la Judicatura ha anunciado que, una vez que se declaró la nulidad insanable del concurso para designar jueces de la Corte Nacional, el cual estuvo liderado por Wilman Terán, entre seis y siete meses podría demorar el nuevo proceso de selección. Reconoce que es imperante llenar las vacantes de jueces en la más alta corte de justicia del país, pero cree que se debe también pensar en hacer un concurso transparente, que no tenga tachas y así garantizar de origen la probidad, legalidad y legitimidad de los próximos magistrados.

Ya en lo que tiene que ver con el tiempo que tomará colocar jueces temporales, Román señaló que ese es un proceso que deben hacerlo inmediatamente y cree que la selección de jueces de las cortes provinciales que ocuparán estos cargos deberá tomar en exageración una semana. “Nosotros lo único que entregamos es el insumo de los nombres. Quien organiza todo esto es el propio pleno de la Corte Nacional. En eso nosotros no nos metemos, no decimos que este juez tiene que ir a esta sala”, apuntó.

El Tribunal de Juicio a cargo del juzgamiento de Aurelio Chila, Rodrigo Cevallos y Orlando Villacrés, tres de los once expolicías acusados dentro de lo que se ha conocido judicialmente como el caso González y otros, también se quedará sin dos jueces. Para esta semana estaba definida la audiencia de juicio, pero abogados del caso creen que no se dará pues les restan pocos días en el cargo a Walter Macías y Luis Rivera, quedando solo en la sala Felipe Córdova, el juez ponente.

El juzgamiento en este caso se da por la detención y desaparición forzada de César Mata, Erwin Vivar y Jhonny Gómez Balda, durante un operativo policial que se dio dentro de una farmacia en el norte de Guayaquil, en noviembre de 2003.

“Esta figura de jueces o conjueces temporales no existe dentro de nuestra legislación. No existe, porque lo que hay es jueces y conjueces. No existe temporalidad en la administración de justicia. (...) Lo más óptimo era que les alarguen el periodo (de los jueces que deberían dejar el cargo). Yo creo que eso tendría más lógica y más sentido. Pero como hay intereses de toda naturaleza, indudablemente que ya está tomada la decisión”, indicó el penalista García. (I)