Operaciones militares combinadas entre Ecuador y Estados Unidos: Daniel Noboa debe ratificar acuerdos para que empiecen a aplicarse

Para la implementación de las operaciones combinadas militares contra el crimen organizado entre las Fuerzas Armadas ecuatorianas y sus pares de Estados Unidos solo haría falta que el presidente de la República, Daniel Noboa Azín, firme el decreto ejecutivo en el que ratifica la vigencia de dos acuerdos internacionales que superaron el control de la Corte Constitucional (CC).

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La Corte Constitucional, en dos dictámenes de mayoría, concluyó que el Acuerdo entre el Gobierno de Ecuador y el Gobierno de los Estados Unidos Relativo al Estatuto de las Fuerzas y el Acuerdo entre Ecuador y los Estados Unidos Relativo a Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas no requieren de aprobación de la Asamblea Nacional.

Por ello, los devolvió a la Presidencia de la República para que continúe con el procedimiento de ratificación “si así lo decide” el jefe de Estado, puntualizó la CC en un comunicado divulgado este 25 de enero de 2024.

Esta cooperación internacional se gestionó en la presidencia de Guillermo Lasso, y los acuerdos se formalizaron entre septiembre y octubre del 2023 por el excanciller Gustavo Manrique y el embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael J. Fitzpatrick.

El objetivo general de esta asistencia es llevar a cabo operaciones marítimas combinadas para prevenir, identificar, combatir, impedir e interceptar las actividades transnacionales ilícitas, detallan los documentos oficiales.

Los controles se harían “solamente contra buques sospechosos, incluidos los buques sin nacionalidad y los buques considerados buques sin nacionalidad”.

Estos dos instrumentos no establecen un plazo definido para ejecutarse, pero sí límites para proceder con su terminación.

Según lo acordado en la administración de Lasso, los tratados entrarán en vigor (se iniciarán) “en la fecha de la última nota del canje de notas entre las dos partes que se realice por vías diplomáticas”. En ellas, se indicará que cada parte —Ecuador y Estados Unidos— ha completado los procesos internos legales de sus países.

En el caso de Ecuador, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, dichos acuerdos constan todavía como “no vigentes”, pues no se ha completado el procedimiento legal.

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En cambio, las reglas para terminar lo acordado tiene cláusulas distintas: por ejemplo, el Acuerdo Relativo al Estatuto de las Fuerzas, que regula la presencia del personal militar, administrativo y de los contratistas norteamericanos en territorio ecuatoriano, permite “modificaciones o dar por terminado el acuerdo”.

Pero cualquiera de las partes lo hará ”con un aviso previo de un año y por escrito a la otra parte a través de los canales diplomáticos”.

Respecto del tratado sobre control marítimo contra actividades ilícitas, podrá concluir por pedido de cualquiera de las partes y en cualquier momento, mediante una notificación por escrito por vía diplomática.

Sin embargo, su terminación tendrá efecto “un año después de la fecha de notificación de la intención de no continuar”.

Esto involucra que el acuerdo seguirá aplicándose después de su terminación “respecto de cualquier proceso administrativo o judicial que se derive de las medidas tomadas conforme al acuerdo, durante el periodo en el que estuvo en vigencia”.

Esto estaría articulado a que dentro del documento se contempló un apartado sobre “reclamaciones, solución de controversias y consultas” que incluye temas como la reclamación por daños, lesiones, muertes o pérdidas de bienes, entre otros.

El artículo 418 de la Constitución determina que al presidente de la República le corresponde suscribir o ratificar los tratados o instrumentos internacionales y lo informará a la Asamblea Nacional.

Aunque el tratado “solo podrá ser ratificado para su posterior canje o depósito diez días después de que la Asamblea Nacional haya sido notificado sobre el mismo”.

La Corte Constitucional notificó de sus dictámenes el 23 de enero del 2024 a diferentes instituciones del Estado, entre ellas la Presidencia de la República.

En la víspera, Daniel Noboa se encuentra en un viaje oficial a España y, hasta el momento, no ha suscrito el decreto ejecutivo en el que ratifica los dos instrumentos de cooperación.

Cuando lo haga, lo informará a la Función Legislativa y en los siguientes diez días empezaría la asistencia norteamericana, en medio del conflicto armado interno declarado por el primer mandatario por actos considerados “terroristas” inculpados a 22 grupos de delincuencia organizada (GDO).

El exembajador de Ecuador en los Estados Unidos y México Francisco Carrión explicó que, tras el pronunciamiento de la CC, el Ejecutivo solo debe seguir lo que señala la Constitución.

“Una vez que la Corte ha resuelto que no requiere de la aprobación de la Asamblea, se devuelve al Ejecutivo para que proceda a implementarlo. Es así de simple, ya que por el lado ecuatoriano hay luz verde y no se necesita de más trámites”, precisó.

Reveló que este tipo de cooperación la supervisa el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que le da las atribuciones al Comando Sur (Southcom, por su acrónimo en inglés) para que actúe.

“Por esa razón, no se vio a un funcionario del Pentágono en Ecuador, sino a la generala Laura Richardson, comandante del Comando Sur, que es la institución encargada de ejecutar las políticas para las Américas”, detalló.

El diplomático expuso su preocupación de que la presencia de tropas o equipamiento militar en Ecuador pueda ser interpretado como una estación extranjera, por lo que, “en la ejecución de estos acuerdos, el Gobierno ecuatoriano tendrá que cuidar que esto no se interprete como que es una base militar de Estados Unidos”. (I)