Gobierno de Daniel Noboa paga $ 3 millones de deuda al Consejo Nacional Electoral ante plebiscito y referéndum que costaría $ 60 millones

Ante la preparación de la consulta popular y referéndum de once preguntas, el gobierno de Daniel Noboa Azín aportó $ 3 millones a una deuda de $ 10 millones que se sostiene con el Consejo Nacional Electoral (CNE) de procesos electorales anteriores.

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El pleno del Consejo Nacional Electoral sesionó este 15 de febrero de forma virtual para, entre otros puntos, resolver sobre una actualización del calendario electoral para este plebiscito y referendo que se efectuará el 21 de abril del año en curso.

La presidenta, Diana Atamaint suspendió la reunión porque el Plan Operativo Electoral (POE) y la planificación presupuestaria había llegado a los despachos apenas horas atrás y requerían revisarlo.

De las declaraciones públicas de los consejeros José Cabrera y Enrique Pita, se necesitará unos $ 60 millones para llevar a cabo el sufragio al que se convocará a más de 13′654.291 electores.

Antes de que se suspenda la sesión, José Cabrera solicitó que un funcionario del área administrativa exponga la situación económica del organismo.

La información dada al pleno fue que el Ministerio de Economía y Finanzas mantenía una deuda con el CNE que ascendía a los $ 10′ 399.349.

Pero, la mañana de este jueves bajó a $ 7′ 310.722, pues se hizo un abono a las partidas de promoción electoral y proveedores de servicios.

Es decir, se hizo un desembolso por $ 3′ 088.627 de los que $ 2′362.750 fueron a valores impagos por promoción electoral que se difunde en los medios de comunicación durante las campañas políticas; y, a algunos proveedores de servicios al CNE sobre los $ 725.877.

Con este diagnóstico preliminar, el Consejo resolverá en las próximas horas sobre el presupuesto que necesita y el POE.

En tanto, sobre la actualización al calendario electoral, Atamaint aseguró que no hay variaciones en las principales fechas, como la jornada de votación del 21 de abril.

Fue el consejero, José Cabrera que observó errores en la determinación de plazos para que los sujetos políticos presenten recursos de objeción e impugnación a las decisiones de las autoridades.

Pidió que en la etapa de escrutinio se incluya la «instalación de la audiencia pública de escrutinio», ya que se habían incorporado otras fases administrativas erróneamente.

Así también se ajustaron las fechas fijadas para la presentación de recursos administrativos y jurisdiccionales, ante el CNE y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), respectivamente.

Estos cambios se aprobaron con los votos de Esthela Acero, José Cabrera, Enrique Pita y Diana Atamaint.

La consejera Elena Nájera se abstuvo, tras increpar que estos errores habrían sido responsabilidad del personal a cargo, que «no cuenta» con la experiencia en materia electoral.

Las preguntas de consulta popular y referéndum planteadas por Daniel Noboa son:

1. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social?
2. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de: (i) terrorismo y su financiación, (ii) producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, (iii) delincuencia organizada, (iv) asesinato, (v) sicariato, (vi) trata de personas, (vii) secuestro extorsivo, (viii) tráfico de armas, (ix) lavado de activos y (x) actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?
3. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del centro de rehabilitación social en los delitos detallados en el Anexo de la pregunta, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido Anexo?
4. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?
5. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos u objeto material de un delito, puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el Anexo de la pregunta?
6. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, conforme el Anexo de la pregunta?

De enmienda:

1. ¿Está usted de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos, con las condiciones, requisitos, restricciones e impedimentos establecidos en la Constitución, los instrumentos internacionales y en la Ley, enmendando la Constitución y reformando las leyes, conforme el Anexo 1?
2. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, de acuerdo con el Anexo 2?
3. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?
4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?

La pregunta de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución que impulsó el expresidente, Guillermo Lasso propone:

¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, reformando parcialmente la Constitución de conformidad con lo previsto en el Anexo 1? (I)