La gestión ambiental del gobierno de Guillermo Lasso ha estado marcada por varias temáticas: el desarrollo de un Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) que ha sufrido varios cambios de estructura desde el 2018, cuando el expresidente Lenín Moreno lo fusionó con la Secretaría Nacional del Agua, y luego en 2021, cuando se incorporó el concepto de transición ecológica a su accionar. Este concepto incluye transición energética y estrategias de desarrollo sostenible.

Estas fusiones llevaron, por ejemplo, a que muchos guardaparques de las áreas protegidas del país se les cambien sus nombramientos a contratos ocasionales, afectando su seguridad laboral.

En entrevista con Diario EL UNIVERSO, el titular saliente de esta cartera, José Antonio Dávalos, habló sobre la transición a la nueva administración del presidente electo Daniel Noboa, quien eligió a Sade Fritschi como futura responsable del ente, además del proceso de cierre y abandono del bloque petrolero 43 del Parque Nacional Yasuní y la situación laboral de los guardaparques.

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También se refirió a la situación de las licencias ambientales, cuya emisión está detenida desde el 2021 por la Corte Constitucional (CC). Hay 189 procesos a la espera de la resolución de la CC para continuar con la consulta ambiental y así obtengan la licencia respectiva.

¿Qué tan avanzado está el proceso de transición al nuevo Gobierno?

Estamos preparando la información ahora mismo, todo lo que son temas administrativos, de talento humano, contrataciones, convenios, cooperación internacional, y también temas de licencias, de nuestras áreas protegidas, de nuestras áreas de protección hídrica. Estamos solamente a la espera de que desde la Presidencia de la República se nos informe quién será el nuevo ministro o ministra para ya empezar a reunirnos con esa persona y ya hacer una transición lo más ordenada posible.

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Ya se conoce el nombre de la futura ministra (Sade Fritschi), ¿eso significa que no han hablado con ella todavía?

Oficialmente no, oficialmente no se nos ha informado. También vimos las noticias, pero las instrucciones que se nos han dado es esperar a que el presidente electo lo comunique al presidente Lasso y ya con eso podemos empezar oficialmente. Igual la información está ya casi lista, como para poder entregarle en cuanto se nos indique.

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¿Cómo ha avanzado el tema de las licencias ambientales?

Yo empecé en esta institución el 25 de mayo del 2021 tramitando estas licencias. Hasta la fecha hemos podido emitir 61 licencias ambientales. En el mismo periodo en el gobierno anterior se habían emitido 30 licencias. En la mitad de tiempo duplicamos esa producción, pero tuvimos esta situación de la Corte Constitucional con su sentencia del 2023 que declaró inconstitucional este proceso de participación que nosotros llevábamos a cabo y tuvimos que reemplazarlo con la consulta ambiental.

Hay una demanda de inconstitucionalidad contra este Decreto Ejecuto 754. Ahorita estamos esperando que la Corte pueda resolver. Tuvimos la audiencia hace más o menos un mes, pudimos exponer todos nuestros puntos, básicamente que la misma Corte le dispuso al presidente que adecuara la norma reglamentaria a las disposiciones de la Corte, y eso fue, en efecto, lo que el señor presidente hizo: sacar un decreto ejecutivo que reformaba el Código Orgánico del Ambiente.

Hasta la última revisión que hice, que fue la semana pasada, 189 procesos están esperando esta resolución de la Corte para poder continuar con la consulta ambiental y obtener su licencia.

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Diario EL UNIVERSO entrevistó a varios guardaparques, quienes acusaron precariedad laboral por sus situaciones contractuales, horarios, salarios bajos e inseguridad por motivo delincuencial. El Maate prometió contestar a este medio con información sobre el tema, pero no hay respuesta hasta la fecha...

Voy a revisar qué pasó con esa información que no se envió. Todos nuestros guardaparques tienen la situación laboral que tiene cualquier otro servidor público. Hay unos que pueden ser contratos ocasionales, otros nombramientos provisionales y otros nombramientos definitivos. En esta administración nosotros logramos abrir concurso y poder otorgarle nombramiento a cerca de 90 de estos guardaparques, que era una lucha que había existido desde hace años, porque cuando hubo estas fusiones y demás, por alguna razón a ellos se les cambió de sus nombramientos a contratos ocasionales. Eso era una deuda que estaba pendiente. Logramos hacerlo con 90 guardaparques, pero depende de mucho más que solo nuestra voluntad de darles una seguridad laboral.

En cuanto a los salarios, son los salarios que están ranqueados igual que cualquier otro servidor público (de acuerdo con las escalas de remuneración del sector público) y ganan lo mismo que cualquier otra persona SP1 o SPA4 (niveles de los servidores públicos de servicio y apoyo). Claro que hay un sueño que hemos tenido, pero que lamentablemente no nos va a alcanzar, que es crear este servicio de áreas protegidas para que nuestros guardaparques puedan tener un régimen particular, como particulares son las condiciones de su trabajo, y que este efectivamente sea reconocido. Es una de las tantas cosas que pasaremos a la siguiente administración.

Los guardaparques hablaron mucho sobre la inseguridad de su trabajo de campo, donde muchas veces tienen que lidiar con delincuencia, operaciones de minería ilegal e incluso narcotraficantes...

Nuestros guardaparques son una fuerza civil. No son una fuerza armada, no portan ningún tipo de armas. Nuestra instrucción a todos ha sido en ningún caso enfrentarse a la delincuencia. Lo que deben hacer ellos ante la presencia de un ilícito es llamar a la policía. Siempre hemos tenido el apoyo de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en nuestras áreas protegidas marino-costeras. En este periodo no hemos tenido mayores percances con nuestros guardaparques por la delincuencia tanto común como organizada. Sí están expuestos a amenazas como cualquier persona honesta que hace su trabajo, ha ocurrido, pero hemos podido manejarlas.

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¿Cómo avanza el cierre y abandono del bloque petrolero 43 en el Yasuní?

Lo que el ministerio debe hacer es aprobar la actualización del plan de cierre y abandono de ese bloque. Toda actividad, cuando presenta la licencia, dentro de su estudio de impacto ambiental, tiene un acápite, que es el plan de cierre y abandono, es decir, antes de empezar una actividad tú ya tienes que tener firme cómo vas a hacer cuando tengas que cerrar y abandonar. Ese plan es de hace muchos años y requiere una revisión, la propia ley te exige que se actualice.

Hemos estado teniendo mesas técnicas constantes con Petroecuador y el Ministerio de Energía y Minas para que esa actualización pueda realizarse. Esta mañana (del 9 de noviembre último) escuchaba al gerente de Petroecuador decir públicamente que el plan para cumplir con la disposición constitucional es que ese cierre y abandono se dé hasta el 31 de agosto del 2024, que es más o menos lo que se había calculado para obtener la actualización de ese plan de cierre y abandono, y que en esa fecha se paren las actividades e inicie el plan, que conlleva el retiro de taladros, de plataformas, de maquinarias, campos base donde están sus oficinas y todo lo demás. Es largo y costoso. Tenemos el reto de que nunca se ha hecho. Ningún país del mundo ha abandonado un campo productivo, que es muy diferente a abandonar algo que ya simplemente no puede dar más hidrocarburo. Ese tipo de abandono se ha dado con plataformas offshore, se han abandonado pozos, pero nunca un campo entero productivo. Es un desafío, pero estamos trabajando para que se dé de la mejor manera y con el menor impacto ambiental posible.

¿Es posible hacerlo en un año?

En un año es el cese de las actividades. Luego, el retiro de todas las máquinas y plataformas, pues... eso todavía no estamos muy seguros de cuánto tiempo pueda tomar, pero requerirá bastante tiempo. La forma de ingreso y salida de esa zona es en su gran mayoría por vía fluvial. Petroecuador tendrá que proponer el ingreso de gabarras constantemente para sacar los equipos. Eso va a tomar su tiempo.

¿Qué daños ambientales podría tener este proceso?

Siempre hay riesgos cuando llevas una gabarra por un río con tanques o taladros. Es un riesgo inminente, el plan de cierre y abandono deberá considerar esos riesgos y la manera de mitigarlos. A nosotros nos preocupan mucho más los impactos ambientales indirectos. Hay una vía abierta ahí de 6 metros de ancho que no sabemos todavía cómo se va a manejar. Hoy por hoy es una vía en la cual Petroecuador tiene su propia seguridad y guardianía. Si esa vía queda abandonada, corremos este riesgo indirecto muy grave de que pueda permitir el ingreso a gente que quiera hacer tala ilegal, cacería de fauna silvestre, o gente que quiera invadir la zona para construir viviendas. El remedio podría terminar siendo peor que la enfermedad y eso es una particular preocupación nuestra que estamos intentando mitigar.

‘Nunca se ha hecho el cierre y abandono de un bloque petrolero de esta magnitud’, José Dávalos, ministro del Ambiente, sobre el bloque 43 del Yasuní ITT

¿Cómo han aplicado el concepto de ‘transición ecológica’ en las acciones del Ministerio, considerando el cambio de nombre del mismo al comienzo de la administración?

Lo que se ha logrado es trabajar de la mano con muchos otros ministerios, por ejemplo el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que ahora tiene serias consideraciones respecto a cómo mitigar el cambio climático, la emisión de gases de efecto invernadero en construcciones. Hemos podido trabajar con el Ministerio de Educación para incluir la educación ambiental dentro del pénsum. La próxima semana lanzaremos las escuelas del cambio climático con una universidad.

También hemos trabajado con el Ministerio de Energía y Minas pensando en la descarbonización de las industrias, hemos logrado empezar en el plan de descarbonización del Ecuador. Es lo que nos gusta llamar el Ecuador pos petrolero, empezar a pensar qué va a pasar con el país cuando ya no haya hidrocarburos. El hidrocarburo se va a acabar en algún momento, necesitamos empezar en eso ahora. Hemos trabajado fuertemente la bioeconomía, recursos genéticos y emprendimientos, además de licenciamientos a generación de energía solar y eólica.

¿Qué quedó pendiente durante la gestión ambiental de este Gobierno?

Más que problemáticas, hay muchísimos proyectos que necesitan continuar. Si te tuviera que decir uno, por la amenaza que representa a la biodiversidad, serían en realidad tres en uno: la minería ilegal, la tala indiscriminada y el tráfico de vida silvestre. Son los delitos ambientales más amenazantes. Considero que es ahí donde debe trabajarse. (I)